El tribunal de la Sala 1 de la Cámara de Apelaciones confirmó el procesamiento con prisión preventiva de los siete detenidos por el crimen de Mariano. El pedido de sobreseimiento de los patoteros fue denegado y deberán aguardar su juicio en la cárcel.

Los defensores de la patota basaron su apelación presentando a la emboscada criminal como una “convocatoria espontánea de empleados” para evitar el corte, lo que concluyó en un “enfrentamiento”. El tribunal llegó a la conclusión de que las circunstancias acreditadas “echan por tierra con la base del descargo general de los imputados” y que se “ha identificado tanto a las víctimas como a los victimarios”.

El fallo sostiene que “los distintos eventos se desarrollaron de acuerdo a un plan determinado”. O sea, ni “convocatoria espontánea” ni riña: un ataque planificado y perpetrado con alevosía. La Ugofe y la policía fueron parte de ese “plan determinado”: la primera habilitó permisos para que casi un centenar de empleados de los talleres de Escalada engrosaran la patota; la segunda apoyó a los patoteros con balazos de goma contra los tercerizados y luego liberó la zona de Barracas para que perpetraran su ataque. La investigación deberá avanzar en sus responsabilidades.

Pablo Díaz, responsable de la “Comisión de Reclamos” de la UF en el Roca, está señalado como instigador del grupo. El fallo señala que Díaz no sólo reclutó “a todos los manifestantes a través de los delegados”, sino que también “seleccionó personalmente a quienes pudiesen efectuar los disparos (…) y “a quienes pudiesen ocultar las evidencias” (retirar las armas utilizadas); que su presencia en el lugar “no se debió solamente en razón del cargo que ostenta dentro de la dirigencia sindical” sino para “dar una lección al grupo de manifestantes”, es decir, supervisar en forma directa toda la operación.

En la causa, está sobradamente acreditado que Díaz mantenía comunicación permanente con Juan Carlos Fernández. José Pedraza admitió, a su vez, que se mantenía informado de “la evolución de los acontecimientos” a través de Fernández. Allí están los jefes del plan criminal. Pedraza y Fernández deben ser detenidos e imputados. El fallo de la Cámara de Apelaciones allana esta medida, que no debe demorarse más.

Coautoría

El fallo de la Cámara establece una diferencia con el procesamiento dictado por la jueza Wilma López.
López imputó a los siete detenidos como “coautores” por los delitos de homicidio calificado, tentativa de homicidio y coacción agravada. El fallo de la Cámara, en cambio, aclara que “Favale y Sánchez deberán responder en calidad de coautores” por el homicidio y las tentativas de homicidio; Pérez y Uño (encargados de “hacer desaparecer los fierros”), como partícipes necesarios; Díaz, como instigador. A los cinco podría caberles la pena máxima. González y Pipitó, en cambio, están señalados como “partícipes secundarios” por los aprietes contra el equipo de periodistas de C5N y, por lo tanto, podría caberles una pena menor. Debemos señalar que el canal no se ha presentado como querellante en la causa por coacción agravada contra sus trabajadores.

En la mañana de aquel 20 de octubre, Pedraza compartió un acto con el secretario de Transporte, el ex macrista Juan Pablo Schiavi. El vértice de la cadena de responsabilidades se encuentra en la tríada que integran el Estado, los empresarios asociados en la Ugofe y la burocracia sindical. El Partido Obrero concentra sus energías y su movilización para llegar hasta el último de los responsables políticos y materiales de este crimen contra la clase obrera.