09/01/2003 | 787

Confiscación a los trabajadores y vecinos de la Ciudad

Para pagarle a los Roggio y a las AFJP

«Esta es una noche de confiscaciones». En una de sus intervenciones, Altamira caracterizó de este modo a la larga sesión que aprobó el presupuesto de la Ciudad para el año 2003. El presupuesto establece un aumento de gastos y recursos del 18%, pero con una inflación del 45% en el 2002 y una previsión del 25% para el 2003, lo que conduce a una reducción que, en términos reales, es de casi un 50%. Las primeras víctimas de esta confiscación son los trabajadores de la Ciudad, cuyos salarios quedan congelados durante el 2003. A renglón siguiente, se reducirán los recursos para Educación y Salud, que caerán un 17% en términos reales. El panorama se agrava en materia de Vivienda y «Desarrollo Social»: para los casos de «emergencia habitacional» contempla recursos como para asistir a 400 familias, cuando existen más de 5.000 inscriptos que hoy viven en hoteles o casas ocupadas y, de un modo general, un déficit de 150.000 viviendas. En materia de ayuda alimentaria, el presupuesto prevé 70 centavos diarios por familia para los desempleados de la ciudad. Para los sin techo, ni siquiera alcanzan los recursos para sostener a los «actuales» desalojados en los hoteles que paga el gobierno. Se han dejado de lado todos los reclamos de efectivización de médicos o enfermeros; la penuria de medicamentos e insumos hospitalarios será más grave que nunca.


El presupuesto sólo tuvo «generosidad» para el rubro de Obras Públicas, que tendrá un incremento real del 40%, pero sólo para asegurar la continuidad de los contratos ya existentes, para pagar las indexaciones por mayores costos que Ibarra le viene reconociendo a Techint, Macri, Roggio y compañía. También consiguieron jugosas indexaciones los concesionarios privados de la basura.


 


El FMI y los banqueros


Aunque la Legislatura fue formalmente convocada a «discutir la ley de presupuesto», sólo comenzó con este debate luego de que se sancionaran previamente dos normas que condicionan por completo a los presupuestos porteños de la próxima década. En primer lugar, se aprobó un acuerdo de «financiamiento ordenado» entre la Ciudad y el Estado Nacional, que le reconoce a la Ciudad el 1,4 por ciento de los impuestos coparticipables y eleva las transferencias nacionales a la Capital de unos 160 a 230 millones de pesos. Pero, simultáneamente, la Ciudad se compromete a cancelar con este dinero deudas por «anticipos» recibidos en el 2002. Además, el «acuerdo» le impide a la Ciudad contraer préstamos mientras dure su vigencia. Se trata, en definitiva, de un «plan de ajuste», en el marco de los acuerdos de Duhalde y los gobernadores para firmar un acuerdo con el FMI. Altamira denunció este pacto como «un proceso confiscatorio y de una extraordinaria centralización; un proceso de unitarismo fiscal y financiero como nunca se ha visto y, precisamente, bajo la égida de un gobierno peronista que se inscribe en la trayectoria histórica del federalismo».


A renglón siguiente, se sometió a votación la «reprogramación» de la deuda externa de la Ciudad, un operativo que genera un negocio de comisiones por más de 11 millones de dólares, y donde el Estado porteño terminó reconociendo el 100% del capital de esa deuda, con tasas de interés de entre el 6 y 7 por ciento, que triplican las referencias internacionales en la materia. Adicionalmente, la Ciudad le reconoce a los acreedores de la deuda en pesos –encabezados por las principales Afjp del mercado argentino– una indexación según la recaudación impositiva. Para este negociado –y naturalmente también para el acuerdo Nación-provincias– Ibarra contó con los votos de la mayoría de los diputados del PJ, y en especial, de los más directamente ligados a Kirchner. Ambito (17/12) lo definía como un «acuerdo Ibarra-Duhalde». No en vano los duhaldistas acaban de colocar a un ex empleado de J.P. Morgan –uno de los principales negociadores de estas «reprogramaciones»- al frente del Banco Central.


 


Impuestazo


La refinanciación de la deuda externa que votó la Legislatura establece una hipoteca insoportable para el futuro más o menos cercano: en el 2006 y 2007, el 12% del presupuesto porteño debe destinarse a cumplir con esa deuda usuraria. El presupuesto constituye una confiscación inflacionaria del pueblo de la ciudad, pues el incremento previsto en los ingresos tributarios –un 23%- coincide exactamente con la «hipótesis de inflación» prevista. Teniendo en cuenta que casi la totalidad de la recaudación de la Ciudad reposa sobre impuestos que se trasladan al consumidor, el fisco aumentará sus ingresos a costa de los mayores precios que pagará la población trabajadora por los productos y servicios que consume. Además, se ha gravado a las mercaderías producidas fuera de la ciudad –que son la gran mayoría de los bienes consumidos en ella– con un aumento del 1,5% al 3% en el impuesto a los ingresos brutos. Pero dentro de esta confiscación general, redujeron la tasa que, por ese impuesto, pagaban los grandes hipermercados, beneficiando a éstos en su competencia respecto del pequeño comercio. Las «revaluaciones» sobre propiedades y vehículos –también basadas en la inflación- servirán también para el pago de la deuda ususaria.


El «ajuste» pretende disimular que los grandes monopolios exportadores y, en general, todos los grupos beneficiados por la devaluación y la pesificación de sus deudas, tienen sus sedes en la ciudad. Altamira denunció que sólo 130 grandes contribuyentes –entre ellos, las Afjp, los pulpos petroleros, siderúrgicos y bancarios, y las privatizadas– concentran el 50% de la recaudación de ingresos brutos. El presupuesto de Ibarra no contempla siquiera medidas impositivas de emergencia que apunten a capturar los sobre-beneficios obtenidos por estos pulpos a partir de las medidas de Duhalde/Lavagna.


Atenazado por la deuda externa, por el acuerdo fondomonetarista con la Nación; por los compromisos con los contratistas, el presupuesto 2003 es la declaración de quiebra de un gobierno también fundido. También hay vaciamiento, porque el Estado de la Ciudad ha facultado a su sociedad autónoma Ausa (Autopistas Urbanas) a retener sus ingresos por peajes para subcontratar obras públicas, tomar préstamos y otras operaciones que, naturalmente, podrán realizarse sin someterlas a la auditoría del Estado. Es decir que mientras el «presupuesto oficial» irá a parar a los usureros, la clique «progresista» ha montado un presupuesto paralelo.


Pasada la noche de confiscaciones, los legisladores se retiraron satisfechos, en medio de la indiferencia popular. Horas más tarde, los municipales porteños iniciaban una huelga contra el congelamiento salarial dispuesto por la administración «progresista». La respuesta del pueblo de la ciudad a la declaración de guerra votada por los partidos del régimen apenas ha comenzado

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