El paro de los trabajadores del transporte público arrancó una disputa entre los gobernadores y el Área Metropolitana de la Ciudad de Buenos Aires (Amba) por la distribución de los subsidios que la Nación realiza a las Empresas Transportistas.

El gobernador sanjuanino, Sergio Uñac, se montó en el reclamo de los trabajadores del transporte para sacar rédito propio mirando al 2023, explotando a su favor el sentimiento de federalismo de las provincias.

“Un cambio en el esquema de subsidios es un planteo que viene haciendo la gestión uñaquista, el cual volvió a cobrar fuerza luego de que el gremio que nuclea a los choferes de colectivos realizara dos medidas de fuerza afectando al interior del país, pero sin repercusiones en el Área Metropolitana de Buenos Aires (Amba)” (Diario de Cuyo, 25/5).

En realidad, la disputa de fondo que hacen los gobernadores patronales no es un aumento del salario de los trabajadores ni la equidad en la distribución de fondos entre las provincias, sino cómo seguir distribuyendo el ingreso a favor de las grandes empresas garantizando las ganancias a los empresarios y saqueando a los trabajadores.

Las empresas no realizan inversiones, y en el caso particular de la implementación en San Juan de la Red de Transporte Tulum que el gobierno de Uñac propagandizó como una mejora de la red de transporte y un éxito de su gestión, para los dueños de las empresas solo significó pintar los colectivos, el gobierno desorganizó los recorridos; para los usuarios en su mayoría significó pagar dos boletos en lugar de uno, aumentando así su costo en transporte.

Es decir, como respuesta al reclamo de aumento salarial, los gobernadores despliegan una lucha mediática a efectos de recibir más fondos de la Nación para subsidiar las ganancias de las empresas, sin pagar el costo político del aumento del boleto.

Los recursos para que las empresas aumenten sus ganancias provendrían de los impuestos a los combustibles y del presupuesto nacional, actualizándose para que no pierda valor frente a la inflación, según el proyecto presentado en la Cámara de Senadores.

Desde el Partido Obrero cuestionamos el permanente y creciente subsidio a las empresas de transporte público de pasajeros que favorecen a los grupos patronales y funcionarios de turno.

Estos subsidios no se ven reflejados en mejoras de las unidades ni en el servicio que prestan las empresas, sino en aumento de los márgenes de rentabilidad de las empresas sin invertir un peso o haciendo inversiones insignificantes.

Por el contrario, los trabajadores, tanto choferes y mecánicos como pasajeros, son perjudicados con aumento de salarios superados por la inflación, falta de compra de nuevas unidades para cumplir con las frecuencias de recorrido y deterioro del parque automotor.

A modo de ejemplo los calingastinos solo cuentan con un servicio para viajar desde Calingasta a la ciudad Capital, siendo que antes de la pandemia contaban con tres y, para cubrir los horarios de mayor demanda, dentro del Departamento solo cuentan con una unidad (Diario Huarpe, 26/5).

El transporte público es un servicio esencial. Luchemos y organicémonos por:

Apertura de los libros de las empresas para conocer sus costos e inversiones.

Un transporte público gestionado y controlado por sus trabajadores a través de cargos elegibles y revocables.

Todos a un paro de trabajadores ocupados y desocupados contra el ajuste del gobierno y el FMI que destruye el poder adquisitivo de nuestros salarios y nos condena a un servicio de transporte obsoleto y achicado.

¡Vamos al paro con los dirigentes o sin ellos recuperando los sindicatos y la lucha en las calles!

https://prensaobrera.com/politicas/un-nuevo-salto-en-la-crisis-del-gobierno

https://prensaobrera.com/sindicales/reincorporacion-y-reconocimiento-como-delegado-de-carlos-zaragoza