El viernes 29 de agosto se realizó una audiencia pública en el Congreso de la Nación, convocada por la diputada Victoria Donda, para debatir acerca de los desmontes en la provincia de Salta. De la misma, participaron organizaciones ambientalistas como Greenpeace, Fundación Vida Silvestre, Banco de Bosques, Fundación Ambiente y Recursos Naturales, y Catalina Buliubasich, ex secretaria de Ambiente de Salta. También lo hicieron representantes de la Defensoría del pueblo y de la Auditoría General de la Nación. Esta última emitió un informe sobre el incumplimiento de la ley de Bosques por parte de los gobiernos de Salta y Santiago del Estero, que recategorizan áreas para bajarle los niveles de protección y así habilitar desmontes, violando también la Ley general del ambiente.Para la mayoría de los ambientalistas presentes en la audiencia, la ley de Bosques es vanguardia en Latinoamérica y denuncian que el gobierno de Salta no la cumple.

En mi intervención, expliqué los límites de La ley de Bosques, que había advertido ya como diputado provincial (http://prensa.po.org.ar/blog/2007/12/13/ley-bonasso-que-el-arbol-no-nos-tape-el-bosque/) Uno de ellos es el fondo de compensación otorgado a aquellos que presenten proyectos de "conservación". El fondo de compensación fue a parar mayoritariamente a los grupos desmontadores, a su vez grandes empresas. Además, hubo un escandaloso caso de gente vinculada al gobierno que cobró esos fondos con documentos ajenos. La casi totalidad de esos proyectos son relevamientos y no planes de conservación o manejo sustentable, según indicó la AGN en su informe (http://prensa.po.org.ar/blog/2011/04/28/salta-ordenamiento-territorial-una-gran-fuente-de-negocios/).

La ley de ordenamiento territorial se presentó en el Senado salteño. En aquel momento, el senador Olmedo, junto a una fundación integrada por los principales grupos agroexportadores, acomodó la ley a su antojo, dejando de lado todas las propuestas de comunidades campesinas y originarias. En Diputados, la ley se debatió bajo la extorsión de que había que aprobarla como venía, pues una demora haría perder los fondos provenientes de la Ley. Nosotros votamos en contra y anticipamos las consecuencias de su aplicación.

Mencioné también dos graves antecedentes en la provincia. El gobierno de Romero desafectó una reserva natural, en los lotes fiscales 32 y 33 en Pizarro para vendérsela a los sojeros y con lo recaudado arreglar las rutas 5 y 30 por donde salen los camiones cargados de soja. Por su parte, el gobierno de Urtubey reconoció en 2010 que existían un millón de hectáreas en producción que no estaban declaradas y que por lo menos la mitad de ellas habían sido desmontadas sin autorización, aun con la ley de bosques y la de ordenamiento territorial en vigencia.

Las recategorizaciones que hace el gobierno salteño para habilitar nuevos desmontes obedecen al interés de grandes empresas agropecuarias. El acuerdo de Argentina con China, que planea mayor exportación de soja, con reactivación del Belgrano Cargas incluido, agravará la situación.

Los desmontes están produciendo un enorme impacto ambiental y social. Miles de campesinos criollos y comunidades originarias son expulsados de sus tierras. Se han detectado desmontes realizados con explotación de mano de obra esclava y explotación de trabajo infantil. Parar esta situación, no depende de un mayor control o mejorando la reglamentación de las leyes, sino principalmente de la movilización popular.

Pablo López, diputado nacional PO-Frente de Izquierda (Salta)