Javier Smaldone, un programador y experto informático residente en Río Cuarto que se define a sí mismo como un activista contra el voto electrónico -incluso expuso en el plenario de comisiones convocado por el Senado para debatir el asunto-, fue denunciado con la figura de “ejercicio ilegal de la profesión” por el Consejo Profesional de Ciencias Informáticas de la Provincia de Córdoba (CPCIPC).

Se trata de una persecución política. Smaldone es reconocido por la comunidad de programadores y cuenta en su haber con numerosos desarrollos de software (principalmente con herramientas conocidas como “libres”). Los directivos del CPCIPC, que aducen la falta de matriculación del programador como única razón para establecer la denuncia, son activos lobistas del sistema electrónico de votación, al punto que las elecciones que determinaron la actual plana mayor del organismo se hicieron con este método a fin de demostrar la estabilidad y la “total normalidad” (sic) del proceso electoral. La denuncia contra Smaldone, publicada en la página de Facebook del Consejo, recibió una andanada de comentarios reprobatorios por parte de especialistas informáticos que cuestionaron tanto la posición política del organismo como el método de prueba y validación utilizado del sistema electoral.

La denuncia contra Smaldone constituye un grave precedente contra la posibilidad de que expertos independientes puedan emitir opiniones y juicios propios fruto de su experiencia, sus metodologías de investigación y desarrollo de entornos de prueba. Implica un intento de condicionar la capacidad de auditar, investigar y desarrollar al pago de una cuota social y dentro de los límites decididos por los intereses políticos y comerciales del Consejo en cuestión. No hay que olvidar que el sistema de voto electrónico es desarrollado por una empresa privada (Magic Software Argentina). La tecnificación del voto ya no solamente impediría la fiscalización por parte de ciudadanos comunes y corrientes que no cuenten con el conocimiento técnico necesario, sino que además tampoco sería posible por parte de quienes no paguen la cuota social y pertenezcan a la corporación profesional.

A lo largo de la historia, los más importantes desarrollos informáticos se lograron mediante el trabajo libre de especialistas y entusiastas de la disciplina. La injerencia de una organización corporativa que delinea políticas en función de intereses ajenos a la comunidad de desarrolladores, investigadores y usuarios no tiene nada de beneficioso para aportar a la creación científica y técnica de recursos informáticos, sistemas de información y tratamiento de datos.

Nos sumamos al repudio a la denuncia del CPCIPC y defendemos la más absoluta libertad para el ejercicio de la profesión informática y sus múltiples aplicaciones para que sus resultados sean aplicados al beneficio de la mayoría trabajadora del país y no al desarrollo de convenio con empresas privadas y el Estado por parte de una corporación profesional.

 

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