Golpeado por el cerco de los trabajadores y la crisis política interna, el gobierno de Peralta salió del paso con un acta convenida con la Mesa de Unidad Sindical, en la que se compromete a no tratar el ajustazo hasta marzo. El acta, firmada del lado oficial por el diputado Alejandro Victoria, en nombre de Peralta pero no por Peralta, establece que los proyectos de leyes del ajuste "tomarán estado parlamentario en la primera sesión ordinaria del año 2012… a disposición de las comisiones permanentes, manifestando su voluntad y la del Bloque del FpV-PJ, de convocar a los sectores gremiales representados, para su debido consenso" El texto no deja de tener su cuota de perfidia, pues delata que su principal objetivo es 'recuperar' a La Cámpora a la defensa del ajuste que ella dice, mentirosamente, haber rechazado.

Con su firma, la Mesa de Unidad Sindical convierte el retroceso de Peralta en un aval a los proyectos de ajuste, incluso si éste está condicionado al "consenso" o precisamente por eso ¿Acaso los firmantes admiten la posibilidad de un 'consenso' con el ajustazo? La Mesa ni siquiera quiere demorar hasta marzo; es por eso que propone una mesa que se aplique de inmediato a alcanzar este propósito. Partir un ajuste entre dos no deja de ser un ajuste, todavía más si lo impulsa una dirección sindical, porque es necesario recordar que el objetivo de los sindicatos es la mejora material y moral de la clase obrera, no reducir su retroceso.

El acuerdo político que presta la Mesa de Unidad Sindical a la necesidad de un ajuste neutraliza el retroceso incuestionable de Peralta, que incluso planteó la necesidad de su renuncia. Todo indica que la Mesa Sindical no quiere que se vaya Peralta, porque considera, a nuestro juicio correctamente, que su reemplazo por los cristinistas de 'paladar negro' sería un 'guate- peor'. El acta le da un apoyo político a Peralta contra los intentos 'destituyentes' de La Cámpora, en especial porque el texto defiende el ajuste – con la 'salvedad', claro, del "consenso".

La alternativa que tenía la Mesa de Unidad Sindical -y que tiene aún- es oponer ai ajuste su propio programa. La 'sintonía fina' con las cuentas públicas de Santa Cruz se puede realizar de otra manera -en primer lugar mediante la revisión, por un comité obrero, de cada una de las obras públicas que contrató el Estado provincial con la camarilla kirchnerista desde 1990, sin mencionar el desti-no que esa camarilla dio a los ingresos recibidos por la privatización de YPF, y los intereses o negocios que realizó con ese dinero cuando lo fugó del país. No olvidemos tampoco que para favorecer el ingreso de Eskenazi en la sucursal argentina de Repsol, los K forzaron repartos de dividendos para que el capitalista amigo pudiera pagar el crédito que le dio Repsol para poder ingresar. Como Eskenazi no puso siquiera 'un duro', la expropiación parcial de YPF-Repsol sería un acto de pura justicia, que acreditaría al Estado al cobro de los dividendos. Naturalmente, las medidas que habría que tomar en minería y petróleo son más profundas, ¿pero para qué mencionarlas si todos las conocemos? Simplemente, con elevar la regalía minera al 50% (son extractivas no renovables) se superaría ¡a crisis fiscal. Por su parte, prestar acuerdo para un "consenso" sería perpetuar el sistema de gastos y de recursos actual, o sea preparar la próxima crisis.

Los dirigentes de la Mesa de Unidad Sindical deberían empeñarse durante el verano en promover entre las bases de los sindicatos, públicos y también privados (mineros y petroleros en especial), una salida alternativa – mediante asambleas, debates de programas, elección de delegados de base y, finalmente, un congreso obrero de toda la provincia, para marzo precisamente. Todos sabemos que con una política semejante, el ajustazo no pasa. El bonapartismo K no tiene los recursos políticos para derrotar una lucha obrera -para ganar una pulseada fuerte al movimiento obrero necesita la colaboración, hoy en duda, de la burocracia sindical.