A medida que se suceden en cascada las declaraciones de los más diversos jefes militares sobre el “pacto” que cerró la última sublevación militar, uno no puede dejar de llevarse la impresión de que los carapintadas encabezados por Seineldín, lejos de “levantarse” contra las autoridades “legales” y “leales”, armaron una sublevación en connivencia con ellas.

Porque si las “reivindicaciones” de unos y de otros son las mismas; si ambos bandos se reconocen mutuamente como auténticos portavoces del “sentir” de las fuerzas armadas; si, al final, los de Caridi y los de Seineldín protagonizaron a igual título el genocidio que hizo “desaparecer” a 30.000 argentinos; si todo esto es así, ¿por qué no admitir directamente que el “turco” fue traído de Panamá para producir un hecho perfectamente orquestado y controlado, con la finalidad, deseada por todos ellos, de que se les “reivindique la lucha antisubversiva”? De tal manera que el gobierno, en su afán de desmentirla existencia del supuesto “pacto” de Villa Martelli, ha terminado por lograr que se revele algo más que ese “pacto”, es decir que se revele una verdadera conspiración “cívico-militar” contra los derechos democráticos y hasta contra las leyes de la nación.

“No hubo necesidad de pacto”, dice el general Ferrucci, sino que Caridi y Seineldín  descubrieron que no podían ir a un enfrentamiento cuando ambos “pensaban lo mismo”. Pero esto significa, precisamente, que hubo algo más que un “pacto” posterior a los hechos, es decir que hubo un acuerdo para producirlos, y para colocar con ello al gobierno nacional ante un redondo “planteo” o “pronunciamiento” militar.

“Habrán pactado entre ellos, pero no con nosotros”, dice en un acto de estupidez política la oficialista UCR o la Junta Coordinadora. Pero esto es peor que un pacto explícito, porque significa reconocer que el ejército está orgánica y estructuralmente en estado de sublevación, y que el gobierno es absolutamente impotente frente a esto.

A medida que pasan los días, resulta entonces que la crisis militar se agrava. Después de la reunión de los altos mandos, la camarilla militar se unificó en un planteo conjunto al gobierno y a las instituciones del Estado. Poco tiempo después recibió el aval del clero, por la vía de Primatesta. Nos encontramos, políticamente, ante un virtual golpe de estado, donde los golpistas conceden al gobierno formal la continuación de sus funciones.

Los hechos demuestran la vigencia de este golpe de estado en permanencia. Apenas 72 horas después del “levantamiento”, Alfonsín reivindicó en un discurso en Coninagro a la “lucha antisubversiva”, a la cual señaló como un camino que “condujo a la democracia”. Inmediatamente se pararon los juicios en trámite a los militares que aún tienen procesos abiertos. Poco más tarde el gobierno anunció un aumento extraordinario a las fuerzas armadas, que le es negado, sin embargo, a los obreros o a las provincias.

Resulta entonces que, en términos de sus prerrogativas políticas, el gobierno de Alfonsín ha terminado. Se conserva en estado vegetativo, o con auxilio de un pulmotor. Se mantiene en pie hasta el 14 de mayo porque así lo quieren sus verdaderos mandantes, principalmente el imperialismo norteamericano. Goza del beneficio de que nadie quiere derribarlo, ni incluso “perturbarlo”. El peronismo, encabezado por Menem y Cafiero, se esfuerza por no dificultarle la existencia, para lo cual pone todo su empeño en estrangular las luchas populares y asumir la defensa del Estado contra ellas.

Es evidente, de todo esto, que existe un pacto mucho más profundo y sutil en sus alcances — un pacto entre Menem, Alfonsín, la camarilla militar y el imperialismo norteamericano, para aquietar las aguas hasta las elecciones y usar el período que va entre los comicios y la asunción del próximo presidente en diciembre, para darle alcance legal a las exigencias militares. Aquí todos coinciden: Alfonsín debe dejarle al futuro gobierno el camino “despejado”; la “co-gobernabilidad” radical-justicialista mostrará todos sus efectos durante la “transición”.

Pero la crisis militar es grave por otra razón fundamental: porque los altos mandos militares no han reconstruido para nada la famosa “cadena de mandos”. A los carapintadas díscolos, así como a otras fracciones militares, no se les escapa en absoluto que todas estas “concesiones” a la “lucha anti-subversiva” tienen por finalidad desplazarlos o relegarlos en el escalafón militar. El Pentágono norteamericano ha instruido a Caridi para manejarse de esta manera, con el propósito de desprenderse de los “malvineros”. Pero los procesos políticos en las fuerzas armadas tienen sus características particulares, de modo que el mando “leal” no conseguirá sus objetivos sin tentar al diablo con nuevas crisis. Por de pronto, el “pacto” Caridi-Seineldin establece el pase a retiro del primero, y esto ha abierto una lucha sucesoria que gira en tomo a si el general Cáceres, bautizado de “Onganía” por la prensa, pasa a jefe de Estado Mayor. En tal caso, deberían volar muchos de los que hicieron declaraciones sobre el “pacto” en la última semana, precisamente para ver si lograban salvar sus cabezas con ellas.

Todo esto nos está indicando que a la lucha electoral se le ha superpuesto la lucha político-militar. Menem se pronunció antes que nadie por la famosa “pacificación”, la cual es, según el clero, mucho más que una “amnistía”. Pero el riojano debe ir más lejos, y decidir si colabora con los recambios militares que se proponen desde el gobierno y el Pentágono, o si tiene planteos opuestos a éstos. Si este asunto se resuelve en un enfrentamiento en lugar de un acuerdo, la campaña electoral se puede poner muy caliente. Lo cierto, de todos modos, es que los latidos de una y otra convergen claramente.

La crisis militar no es más que una crisis política del Estado. Esta crisis ha servido para desenmascarar más claramente aún la impotencia de las instituciones constitucionales, o representativas, o civiles, que sin embargo son el “gancho” que usa la burguesía para que el pueblo crea en la viabilidad práctica de la democracia capitalista. Pero esta “democracia” no ha servido para solucionar ninguna de las aspiraciones populares y sí para albergar toda clase de conspiraciones contra el pueblo. En su seno operan los usureros internacionales, la “patria” patronal y la maquinaria de represión. Semejante organización política no puede ser superada por medio del voto. La lucha electoral es para el Partido Obrero un medio más para desenmascarar esta situación y para reforzar la conciencia de los explotados en su propia alternativa política: la organización independiente de la clase obrera contra el capital.

Recuadro Tapa PO N° 254

15.000 personas participaron el viernes 9 en la 8° Marcha de la Resistencia convocada por las Madres de Plaza de Mayo. Durante las 24 horas que duró la ronda de la resistencia, varios miles fueron los que se sumaron a la movilización. La Marcha se caracterizó por su gran espíritu combativo, denunciando el pacto del gobierno, “leales” y “sublevados”, rubricado en la represión a los trabajadores y pobladores de Villa Martelli.