En Olavarría, un intendente reconocido por su inevitable inclinación al autoritarismo ha llamado a una consulta popular. La oposición (justicialista), justificadora de cuanto decreto presidencial amaneciera en las tapas de los diarios y de cada remate patrimonial (Aerolíneas, YPF, ENTel, etc.), ha salido a defender la “legalidad constitucional” y a criticar la posible venta de un terreno y edificio públicos. Tales los actores de una comedia de enredos que comienza hace algún tiempo, cuando Casa Tía manifiesta su interés por radicarse en Olavarría y adquirir para tal efecto un céntrico predio municipal, donde funcionan el Juzgado de Faltas, los Talleres Protegidos (discapacitados) y las Escuelas y Talleres municipales de Plástica, Música y Teatro.

El escenario donde se desarrolla esta comedia no puede ser más desalentador: la “ciudad del trabajo” presenta un 10% de desocupación, permanentes suspensiones, retiros “voluntarios”, trabajo “en negro” y flexibilidad laboral en todo el espectro productivo: las cementeras, las mineras, las ceramistas, UOM, construcción; también en el comercio y municipio. El Ejecutivo abre el fuego: “si no vendemos la ex-escuela Normal, Casa Tía se va de Olavarría. Perdemos una inversión de tres o cuatro millones de pesos y 140 puestos de trabajo”, dijo el intendente Eseverri, quien lanza la idea de una Consulta Popular con el objeto de ejercer presión sobre el Deliberante. El antecedente más cercano respecto de “puestos de trabajo” prometidos lo constituye Aragone, que sobre los 80 prometidos —elemento decisivo a la hora de votar en favor de su radicación—, al día de hoy ha cubierto sólo 18…

Respecto a la necesidad “excluyente” del predio ex-escuela Normal para el emplazamiento de Casa Tía, la apocalíptica afirmación del intendente quedó desmentida días después por el gerente de Operaciones Inmobiliarias de la firma, quien señaló la existencia de varias ofertas de terrenos, además del municipal. La verdadera razón, entonces, de la urgencia por vender, en una licitación “armada” para un único oferente firme, con una base de alrededor de 950 mil pesos, es la de intentar paliar parte del déficit municipal, calculado en más de 5.500.000 pesos. Desde la oposición justicialista se armó rápidamente la impugnación, basada en la supuesta ilegalidad del decreto que llama a la Consulta, y presentó un escrito que es aceptado por la Suprema Corte de Justicia de la provincia.

La UCR y el PJ no pueden disimular con sus discursos constitucionalistas sus verdaderos intereses de clase. Ambos no hicieron nada cuando Molinos Río de la Plata cerró su planta y dejó a decenas de trabajadores en la calle; nada hacen ante la constante desocupación; ambos tienen en sus bloques de concejales a representantes legales de empresas que han echado a trabajadores, pretendiendo además robarles las  indemnizaciones. La UCR y el PJ no abren la boca para que las patronales paguen lo que corresponde en virtud del Impuesto a la Piedra, ingreso fundamental del municipio. Ambos se callaron la boca con la privatización del ferrocarril, que dejó a cientos de despedidos en Olavarría. Juntos privatizan el municipio a manos de empresas que “tres por dos” nos sorprenden con escándalos económicos o denuncias de superexplotación laboral e inseguridad (Clear-Datafox).

Por todo esto, el PARTIDO OBRERO de Olavarría se manifiesta por:

– No a la venta de la ex-escuela Normal.

– Basta de privatizaciones que liquidan el patrimonio público local.

– Cobro del Impuesto a la Piedra controlado por comisiones de trabajadores y no según la declaración trucha de las patronales. No al Pacto Fiscal.

– Con una correcta recaudación del mencionado Impuesto a la Piedra y otro a las grandes riquezas, plan de obras públicas (asfalto-vivienda).

– No más despidos. Que el municipio bloquee la hemorragia de despidos, suspensiones y “retiros voluntarios”.

– Que el fervor democrático propagandizado por el Ejecutivo se materialice en consultas sobre temas como Presupuesto o reducción de tasas.