Se ha desarrollado una polémica pública a partir de las críticas de referentes de la oposición de derecha a una folletería de la Municipalidad de Morón sobre consumos problemáticos de drogas y alcohol distribuida el domingo en la Feria de La Minga que se realizó en el distrito. El gobierno local de Lucas Ghi, del Frente de Todos, había intentado reposicionarse entre los jóvenes que asistieron posando de progre, con toda la demagogia que caracteriza a la corriente sabatellista de la que provienen los excomunistas devenidos aliados de los barones del conurbano y el PJ.

El folleto que se ha viralizado es una pieza grotesca. Sobreactúa una onda “comprensiva” con los consumidores de droga: “si vas a fumar, mejor que sean flores”, “si vas a consumir cocaína o pastillas, mejor que sea poquito”. Esto no pasa de ser una coartada para encubrir una política de represión a los consumidores, convivencia con el narcotráfico y de ausencia de políticas de salud para los adictos. Nada en el folleto da información que sea útil, ni pista alguna de otra política de Estado al respecto. Es solo un intento de los funcionarios del caso de mostrarse en onda.

La persecución de la Bonaerense a los consumidores sigue en pie. Mientras siga esa persecución, nadie puede acercarse a un centro de salud sin garantías de no ser encarcelado o procesado, sea por un problema que surja del consumo de drogas, por adicción o por intoxicaciones, sustancias adulteradas, etcétera. A poco de asumir desde el gobierno de Alberto Fernández se hablaba de una ley de legalización de la marihuana, que no genera ninguna de estas situaciones graves de salud. Esa ley no ha avanzado y la de cannabis medicinal se ha reglamentado de manera que habilita la continuidad de detenciones y encarcelaciones por autocultivo, pero allanando el negocio a un puñado de empresas farmacéuticas.

Mientras tanto no existe desarrollo en el sistema de salud público provincial ni en las obras sociales para atender a los miles de adictos a la cocaína y sus derivados, o siquiera al alcohol. Su atención se deriva a ONGs o organizaciones religiosas, que sí reciben financiamiento estatal para estas tareas cuando funcionan fuera de control y el rigor científico o profesional.

A unos pocos kilómetros del parque Gorki Grana, donde se hizo el festival, está ubicada la villa de Puerta 8, donde se vendió la cocaína adulterada que dio lugar a 24 muertes y más de 80 internaciones graves a principios de año. La droga la vendía una banda integrada en su mayoría por policías en actividad. Esta noticia no ha dado lugar a grandes cambios en el manejo de la Policía Bonaerense, que sigue regenteando el narcotráfico y persiguiendo a los consumidores. El escándalo en su momento mostró que la Justicia y los mandos de la policía que responden al ministro Sergio Berni (que negocia su pase entre el Frente de Todos y Juntos por el Cambio) conocían perfectamente la existencia de la banda, sus integrantes y sus lugares de funcionamiento, y tienen tabulado cómo y cuánta cocaína se vende cada día en la región metropolitana.

No se han tomado medidas que modifiquen ninguna de las condiciones que dieron lugar al desastre. Las redes narco siguen actuando, y no hay acceso a la salud pública. En ese contexto proponer a la juventud que acceda a drogas de mayor calidad o que se cuide en su consumo no pasa de un acto de cinismo. Las drogas de peor calidad, con más riesgo de adulteración, circulan en sectores de menores recursos económicos, y no hay consejos “piolas” que modifiquen esto mientras sigue creciendo la pobreza. Por otra parte pedirle a un adicto que tome “poquito” no sirve de nada. Basta recordar con que hubo un adicto que volvió a tomar de la misma cocaína adulterada de Puerta 8 luego de salir de una primera internación.

Las críticas de Jorge Macri y Diego Santilli, que disputan la candidatura de Juntos por el Cambio en la provincia, son puro oportunismo. Toman un ángulo moralista, refritando la línea prohibicionista que ha servido para perseguir a la juventud mientras el narcotráfico crece a sus anchas. Pretenden hacer de las drogas un problema “bonaerense” por razones electorales, como si las villas de la Capital no fueran puntos nodales de distribución de la droga en el país bajo el amparo de los gobiernos de Mauricio Macri y Horacio Rodríguez Larreta. Fingen espantarse del consumo de drogas cuando es la consecuencia de una orientación de Estado que comparten y promueven. Recordemos a su vez lo sucedido años atrás con las intoxicaciones mortales en Time Warp. Los responsables finales siempre siguen impunes y el circuito operando.

Una verdadera política de reducción de daños a los adictos debe partir del desmantelamiento de las redes narcos, el pleno acceso al tratamiento para adictos en la salud pública y las obras sociales, y la legalización del consumo para impedir la criminalización del consumidor, que es una barrera a cualquier asistencia.

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