A días de conocerse los datos del Indec sobre la inflación de julio, que se espera que ronde el 8%, la Confederación Argentina de la Mediana Empresa aseguró en su informe que las ventas minoristas pymes descendieron 3,5% en julio frente al mismo mes del año pasado. Esta caída es liderada por el rubro de Alimentos y Bebidas, que presentó una caída del 6,2% en la comparación interanual y 9,3% en la intermensual, lo que demuestra la tendencia creciente del hambre en el país y que los trabajadores son las principales víctimas de la corrida inflacionaria, la cual tiene al gobierno como uno de sus principales responsables.

Según fuentes de la Came “fueron muy bajas las ventas a pesar de ser un rubro indispensable. La gente busca productos de menor calidad para abaratar su presupuesto” (Ámbito, 07/08). A la caída de ventas en los alimentos también se suman los rubros de Bazar, decoración, textiles para el hogar y muebles, con un declive del 4,6% en la comparación interanual y de 7,6% intermensual; Calzado y marroquinería, con una caída del 2,5% anual y del 6,2% mensual en julio y Textil e indumentaria, donde las ventas declinaron 12,7% anual en julio y 4,9% en la comparación mensual (Ídem). Queda claro que la escalada de los precios por encima de los salarios y de los ingresos populares está dando lugar a una contracción en el consumo de bienes de consumo masivo, lo que también se suma a la tendencia de la recesión económica.

El valor de la Canasta Básica Total es de $104.216,80, según los últimos datos del Indec, pero el salario mínimo y las jubilaciones no superan la línea de indigencia. La burocracia sindical, de los distintos gremios, que “celebraba” el cierre de paritarias entre el 55 y 65% en varias cuotas, quedó en off side frente a la realidad inmediata, porque la medición interanual de los aumentos ni siquiera supera la inflación para el mismo periodo. A su vez, solo en la primera semana de agosto los alimentos ya treparon un 2,1% y el Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) del mes de julio, publicado por el Banco Central (BCRA), proyectó una inflación anual para fines del 2022 cercana al 90%, lo que liquida los salarios a futuro.

El desembarco de Tombolini en la Secretaria de Comercio Interior reforzará la cortina de humo emprendida por sus antecesores en el programa Precios Cuidados, quienes recortaron la cantidad de productos y habilitaron un aumento en sus precios, mientras el gobierno habilita la suba de precios en los “precios regulados” (gas, electricidad, telefonía, internet, televisión por cable, agua, transporte público, y prepagas) y promete beneficios a los exportadores, lo cual va a reforzar la presión de los precios internacionales sobre los alimentos y los combustibles.

En este cuadro, Sergio Massa quiere imponer un aumento por suma fija por decreto en lugar de las paritarias, lo que conforma un achatamiento de las escalas salariales y un desconocimiento de los convenios colectivos de trabajo. Con ese objetivo anunció que convocará para el jueves de la próxima semana una reunión con la burocracia sindical y con cámaras empresarias, cuyo motivo será discutir la política salarial, la cual estará condicionada por el ajuste al servicio del FMI, para evitar una irrupción de los reclamos salariales. Esto deja claro que el gobierno busca avanzar con un mayor ajuste contra los trabajadores y que el aumento de la capacidad de consumo de la población y la recomposición salarial son contrapuestos a los que se estipulan en el pacto con el Fondo.

Las centrales obreras, por su parte, siguen deshojando la margarita sobre si marchar o no este 17 de agosto y, entre estas especulaciones de unos y otros, no hay ningún tipo de deliberación en los sindicatos al respecto. La antítesis de esta orientación se encuentra en las resoluciones del Plenario del Sindicalismo Combativo, el cual llamó a movilizar en esa misma fecha por aumento de salarios, de jubilaciones y de ayuda social; contra la entrega de la CGT y de las CTAs y por un paro general y un plan de lucha, porque la pulverización del poder adquisitivo solo puede ser revertida por una intervención de los trabajadores en la crisis.