Los alquimistas no pudieron transformar lo que tocaban en oro, pero la prensa argentina ya ha logrado convertir lo que fue en un principio un “acuerdo secreto” y más tarde un “acuerdo reservado”, en un “pacto democrático”.

¿Pero, por qué “democrático”, si no fue consultado con nadie; si no contempla las aspiraciones más que de un reducidísimo número de personas; si prevé establecer las características que debe tener la reforma de la Constitución antes de que ella sea discutida por el pueblo; y si concibe una Constituyente completamente regimentada, que no podrá apartarse en lo más mínimo de lo decidido por estos autoerigidos mandamás?

¡Pues precisamente por eso! Porque el pacto “salva” a la democracia del “curso de colisión” al que supuestamente la llevaban los mismos que ahora la salvan; porque la “protege” de una deliberación popular que podría “desbordarla”; porque les da “seguridad jurídica” a los que se robaron el patrimonio nacional; en definitiva, porque es un pacto podrido pero entre “demócratas”.

El primer fruto del pacto está a la vista: volvió Dromi, el ministro de la entrega de ENTel y de Aerolíneas, el amigo de los “privatizadores”, para elaborar las leyes de regulación de “los servicios privatizados”.

Otro fruto que se espera es la renuncia de tres o cuatro jueces de la Corte, para redistribuir puestos igualmente digitados.

La reforma constitucional, sin embargo, no está a la vista. Los autores del pacto podrido no tienen ninguna propuesta para reformar la Constitución, aunque insisten en auto-calificarse de reformistas. Sólo pretenden maquillarla con algo más (y peor) de lo mismo, en un vano intento de disimular el exclusivo propósito de introducir la reelección presidencial que reclaman los privatizadores.

Pero la reelección es una violación de la actual Constitución, no su reforma, pues reformada sólo podría entrar en vigencia en el período presidencial siguiente. El “pacto democrático” se delata así como una violación concertada de los únicos derechos democráticos que aún siguen en pie. Se trata por eso de un pacto podrido.

A nadie se le escapa, sin embargo, que el pacto podrido no ha podido concretar ninguna clase de propuesta, a pesar de que pasaron tres semanas desde que fuera consumado. Aparte de la intención de que el acuerdo se produzca a último momento para evitar que pueda ser debatido, revela también el empantanamiento de los “demoócratas” que lo firmaron. Este empantanamiento tiene que ver con los fuertes intereses encontrados que oponen a los grupos capitalistas dominantes, y al temor de que un pacto “trucho”, carente de contenido y sin adecuada presentación, provoque la repulsa de la opinión pública.

El “pacto democrático”, es decir, podrido, pone de relieve la unidad de principios que une a los partidos llamados democráticos. Desnuda su contenido de clase común al servicio de los grandes capitalistas. Debiera eliminar cualquier confusión entre los explotados, sobre que puedan representar alternativas realmente diferentes o cobijar otro propósito que no sea el despojo del Tesoro público.

A este frente político de los explotadores debemos oponerle el frente de los explotados —un objetivo que sólo puede encarar un frente de izquierda. Los “críticos” del pacto podrido, del tipo Storani, Chacho Alvarez, etc., ya se han sumado al circo reformista, en lugar de denunciarlo y de movilizar al pueblo por sus reivindicaciones. Denunciamos que el pacto regimenta la reforma de la Constitución; que impide la deliberación popular; que responde al interés de un puñado de capitalistas privatizadores; y que en estas condiciones, constituye un ataque a los derechos políticos y a las conquistas sociales de la mayoría popular.

El gobierno que viola la Constitución presente y los partidos que pactan este violentamiento y los derechos democráticos, no tienen autoridad para convocar a una reforma de la Constitución, a la que necesariamente convierten en una operación de registro de sus acuerdos previos. Llamamos a un frente de izquierda que denuncie el pacto podrido; que denuncie su carácter al servicio de los explotadores; que socave la autoridad de sus firmantes para convocar a una reforma de la Constitución; y que ofrezca un programa de lucha que abra el camino a un gobierno de trabajadores y, a partir de él, a una verdadera transformación del país.