27/12/2015 | 1395

Contra la censura y la impostura

Por la libertad de opinión


Víctor Hugo Morales entrevistó hace unos días a Sandra Russo para denunciar el posible levantamiento de “6,7,8” – lo que luego fue concretado por Cristóbal López, declinando un nuevo contrato.


El tema ya se había instalado en el programa televisivo, pero con remedos de argumentos que apenas disimulaban la defensa desesperada de su panel en el mundo. Pero, en esta ocasión, Sandra Russo incorporó un fundamento más sólido. Dijo que el programa representaba un «proyecto», una corriente de opinión que expresa a una parte de la sociedad y que por eso mismo era justo reclamar el espacio correspondiente en un canal público. Impecable. Y bolchevique.


Con independencia de que el levantamiento fue concretado por Cristóbal López, declinando un nuevo contrato en su calidad de productor, se imponen tres cuestiones en relación con el debate. La primera es que ni Russo ni VHM ni “6,7,8” levantaron jamás este argumento que sí fue planteado por la izquierda en ocasión del debate de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. Esto es, que la verdadera libertad debía ser la libertad de opinión, de las corrientes de opinión existentes, que, como tales, debían tener su lugar en los medios públicos según criterios de proporcionalidad. Ni Russo ni otro periodista oficialista usó jamás ese argumento ni exigió que, durante estos doce años, hubiera programas en los medios públicos que expresaran otras corrientes de opinión que no fueran las que monopolizaba el oficialismo. ¿Por qué lo que es justo hoy, no lo era ayer? La respuesta es medio obvia: porque sólo les interesaba que resonara la voz del gobierno. Una rara defensa de la libertad de expresión u opinión… propia.


La segunda cuestión es que el argumento -que en boca de Russo o VHM deviene en impostura- es válido para abrir los espacios de los medios públicos (televisión, radio, agencia noticiosa) a todas las corrientes de opinión. En una campaña con ese objetivo, la izquierda exigiría su alícuota parte de los medios públicos: nos apoya el 3 por ciento del electorado; representamos centenares de comisiones internas, sindicatos, organizaciones de desocupados, de derechos humanos, centros de estudiantes; contamos con diputados nacionales, legisladores y concejales en varias provincias; tenemos presencia territorial en todo el país…


Finalmente, apuntemos que los planteos de Russo, VHM o de la Presidenta en su alocución de despedida, presuponen que durante estos años hubo libertad de expresión. Falso. Y falso en la misma línea del planteo russoniano; es decir, en el sentido de que no hubo programas en los medios públicos que difundieran las opiniones de los trabajadores en huelga, las intervenciones de la izquierda, los conflictos contra las grandes corporaciones (los levantamientos en Famatina o los cortes en la Panamericana), las marchas y paros educativos en todo el país, las tomas de tierras o los desalojos de campesinos o pueblos originarios… Un solo ejemplo: los grandes paros en Radio Nacional no tuvieron la radio -¿no es pública?- para expresar sus reivindicaciones y repudiar las acciones persecutorias de la patronal.


Conclusión: abramos uno, dos, tres programas en todos los medios públicos que expresen las diferentes corrientes de opinión y las voces de la lucha de clases para que no sigan hablando las fracciones de la misma y única clase. Nosotros anotamos los nuestros. No resignamos el reclamo al marginal 33% de los sin fines de lucro. Exigimos la parte que nos corresponde de los llamados medios públicos.

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