El Partido Obrero de Salta ha presentado un recurso de “acción popular de inconstitucionalidad” contra el referéndum convocado por el gobierno de Romero para decidir el destino de los lotes fiscales 55 y 14. Las tierras en cuestión tienen una extensión de 650.000 hectáreas; en ellas habitan 12.000 personas, de las cuales 7.000 son aborígenes wichis, tobas, chorotas, churupíes y tapietes.

El referéndum es un intento de Romero de imponer por la fuerza una “salida” al conflicto planteado por esas tierras, que data de 1984, cuando las comunidades aborígenes reclamaron su unificación y la propiedad colectiva. Hay registros de su presencia en las tierras en litigio desde 1628. Pero el gobierno de Salta quiere subdividir esas tierras y también dar títulos de propiedad a los ganaderos criollos radicados en ellas.

La disputa llegó a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Pero la “solución amistosa” nunca llegó. Romero se retiró de las negociaciones y anunció el referéndum, que fue rápidamente aprobado por la Legislatura provincial. El objetivo último del referéndum es permitir la apropiación de esas tierras por los grandes latifundistas, una vez que sean subdivididas.

Romero ya ha procedido en el pasado reciente a la sistemática expulsión de aborígenes, como en el caso de las comunidades de La Loma y de Río Blanco, en beneficio de los grandes pulpos, como El Tabacal.

La política agraria de concentración de la propiedad rural apunta a la explotación maderera y la soja. Por eso Romero, puso en venta una reserva natural y privatizó Salta Forestal. Muchos de los pobladores que habitaban allí fueron expulsados tanto criollos como aborígenes. La extensión de la “frontera sojera”, en particular en el departamento de Anta, ha enriquecido a un puñado de exportadores pero ha dejado a su población en la miseria. Los pesticidas utilizados para el cultivo de la soja han matado a los animales y arruinado los cultivos de los pequeños productores familiares en muchos kilómetros a la redonda.

Los diputados del Partido Obrero, Claudio Del Plá y Pablo López, denunciaron en la Legislatura provincial que el el referéndum es:

* antidemocrático, porque pretende imponer una salida de fuerza contra los intereses de los aborígenes y de las familias criollas;

* inconstitucional, porque pone en cuestión la propiedad de la tierra, cuando tanto la Constitución nacional como la provincial les reconocen a los aborígenes la propiedad de sus tierras históricas; y porque pretende incluir una asignación presupuestaria para “obras de infraestructura”, algo expresamente vedado por la Constitución provincial;

* ilegal, porque pretende subdividir lotes que según los propios decretos del gobierno, como el 3097/95, son indivisibles;

* trucho, porque promete “obras de infraestructura” para las cuales no existe financiamiento.

Está planteada la unificación de la lucha de todos los explotados del campo contra los grandes terratenientes, contra el gobierno que los representa y por una completa reorganización social de la provincia en favor de las mayorías populares.