La detención de Massera, la citación como sospechoso de Bignone, el contrabando de armas, el espionaje sobre periodistas y sobre el movimiento de la mujer, han colocado nuevamente la cuestión militar sobre el tapete.

La tantas veces cacareada sumisión al poder civil y el ‘respeto por la ley’ encubren el trabajo sucio que siguen realizando los militares.

 

Massera

La esperada detención de Massera está rodeada de sospechas. En primer lugar, por la autora de la orden, María Servini de Cubría, cuya cercanía con el menemismo es parte del folklore popular. Junto con Bagnasco, manejan causas que involucran a miembros del gobierno, como IBM Banco Nación, el lavado de dinero contra Gaith Pharaon y el BCCI. También a la Servini le cupo la tarea de “poner escollos en las investigaciones que Garzón realizó sobre las valijas de Amira Yoma en la causa del Narcogate…” (Página 12, 20/11).

Es un secreto a voces que el genocida iba a ser citado por alguno de los jueces que manejan el tema del robo de niños en cautiverio. El propio Marquevich tenía prevista su citación para procesarlo en la causa por la cual detuvo a Videla. Si lo detenía, las evidencias de que el robo de niños era parte de un plan sistemático caían de maduras, al involucrar a un comandante de otra fuerza en apropiaciones de idénticas características.

Cuando la jueza se disponía a otorgarle el mismo beneficio de detención domiciliaria que goza Videla, la presión militar aceleró los tiempos. El ex dictador sufrió un oportuno accidente “cardiovascular” que justificara el tratamiento especial. Como para que no queden dudas sobre el espíritu que reina en el ámbito de la Armada, Massera fue atendido en el Hospital Naval aun cuando no es ya militar. Sugestivamente, coincide con la aparición de un denominado Grupo de Almirantes Retirados que reivindica su accionar en la última dictadura y llama a la defensa de los militares augurando a los que osen enfrentarlo, que “nada habrán de hacer que pueda ser considerado como una desviación de los más elevados intereses que constituyen la razón de ser de las Fuerzas Armadas” (Clarín, 27/11).

La concesión del arresto domiciliario es una capitulación ante los genocidas, toda vez que es un beneficio aplicable sólo a los condenados no a los procesados como Videla, o en este caso, Massera. Hoy Videla está en su casa y a Marquevich le iniciaron un juicio por haber resistido esa concesión.

 

Contrabando de armas

Como no podía ser de otra manera, las evidencias de que el contrabando de armas fue monitoreado desde las más altas esferas son cada vez mayores. Balza aparece seriamente comprometido por las declaraciones de Carlos Matalón, quien dijo que frente a 17 testigos le informó de la existencia de armas argentinas en Croacia. Al punto que los jefes de las ‘fuerzas de paz’ recomendaban que no intervinieran militares argentinos en esa zona. Las evidencias de la complicidad de Balza amenazan con desatar una crisis en el Ejército por la resistencia de un grupo de militares a la detención de Antonio Vicario y por el intento de descargar su responsabilidad en mandos inferiores; concretamente Balza le echa el fardo al entonces subjefe. También crece la complicación de Di Tella en el caso. La Nación publicó, con pelos y señales, las evidencias de las reiteradas notificaciones donde se alertó sobre la existencia de armas argentinas en Croacia y las sospechas que despertaba la presencia en las ‘fuerzas de paz’ de muchos militares argentinos de ascendencia croata. Con la citación de Di Tella como sospechoso por el fiscal Stornelli, el juez Urso tiene en sus manos una brasa ardiente: procesar al jefe del Ejército y al ministro de Relaciones Exteriores del gobierno menemista.

Con todo, el tema de las armas excede largamente al menemismo. “Como consecuencia de la presunta venta de armas a Croacia y Bosnia-Herzegovina por parte de Alemania, Austria, la Argentina, Chile, Israel, Irán, Turquía y otros, Yugoslavia presentó denuncias diplomáticas y periodísticas contra esos países”, según reza el informe elaborado por Balza en 1992. El cuño internacional del operativo es el bálsamo para los ‘éticos’ y‘anticorruptos’ aliancistas que guardan un ostensible silencio.

 

Espionaje

Las evidencias de tareas de inteligencia de la Fuerza Aérea sobre 10 periodistas que trataban la privatización de los aeropuertos y sobre el movimiento de mujeres en lucha, revela que los ‘servicios’ gozan de buena salud. Contrastando con las lamentaciones ‘progres’ sobre el no respeto de las disposiciones de la Ley de Defensa Nacional (que inhibe a los militares realizar tareas de inteligencia interna), las evidencias sobre su violación se vuelven contra los‘demócratas’.

Las tareas de inteligencia no son desarrolladas sólo por la Fuerza Aérea. Uno de los periodistas investigados, Carlos Rodríguez, denunció que “sólo el ejército tiene 22 organismos de inteligencia en todo el país. Y no figura en la nómina la Central de Reunión de Inteligencia (CRI), que sigue funcionando en el edificio de Callao y Viamonte que supo ser del mítico Batallón de Inteligencia 601 del Ejército” (Página 12, 24/11). A esto se suma el espionaje que realizó el ex comisario Vicat sobre jueces y políticos en la provincia de Buenos Aires, en torno a las investigaciones de la Amia y Cabezas. En el allanamiento a la casa de Vicat se encontraron evidencias de espionaje sobre HIJOS, Quebracho y organizaciones vecinalistas, todo esto bajo la responsabilidad política de Duhalde y Arslanián. Este último, haciéndose el inocente, dijo que “uno de los aspectos de la investigación es aclarar si, utilizando equipamiento de la policía, se realizó algún tipo de actividad al margen de la institución” (Página 12, 20/11). Para desmentir que la persecución de activistas sea un exabrupto de la ‘reformada’ bonaerense están las violentas represiones a los estudiantes en La Plata y el desalojo a palos y gases de los vecinos que cortaron la ruta en Varela.

El imperio del poder civil con el que se ilusiona la pequeñoburguesía, en una sociedad capitalista, no es más que el imperio de los explotadores. Las fuerzas de represión son sólo gendarmes a su servicio. El imperio de la democracia y el respeto por la ley terminan justificando la intervención a Santiago del Estero, el envío de tanquetas a la Ford (como hizo Alfonsín), la ocupación policial de Atlántida y el procesamiento de centenares de activistas y delegados del movimiento obrero.

Las fuerzas de represión son por definición incorregibles y tienen además por función hacer la tarea sucia que les indican los políticos patronales. La única manera de resolver la cuestión es el desmantelamiento del aparato represivo y el armamento de la población.