El presidente Alberto Fernández se reunió con representantes de las patronales y sindicatos del sector hotelero y gastronómico para firmar un convenio en pos de la “conversión de planes sociales en empleo”. Con el antecedente del convenio con la Uocra y el empalme para el sector rural, el gobierno busca convertir la precaria asistencia social en subsidios directos a las patronales.

Si bien la letra del convenio no se ha dado a difundir, las declaraciones periodísticas aseguran que se trataría de un plan de capacitación para el ingreso de trabajadores desocupados, beneficiarios de programas sociales, al rubro gastronómico. Similar a lo convenido recientemente para la industria de la construcción, el proyecto oficial “Un puente para el empleo” que propone exenciones a las contribuciones patronales y la absorción de los planes por parte de las empresas en la línea de aumentar la asistencia del Estado… a los capitalistas.

¿Falta personal o falta salario?

Entre las razones que esgrime el gobierno, los empresarios gastronómicos y la burocracia sindical de Luis Barrionuevo para impulsar este convenio se destaca la manifestación de dificultades para contratar personal en el rubro. Las razones no están en la falta de personal especializado o preparado para la tarea, que justifiquen un “subsidio para capacitación”. El gremio es uno de los más golpeados por despidos, en parte por el cierre de establecimientos gastronómicos y hoteles durante la pandemia, que agudizó una crisis previa. La realidad que todos esconden es que los salarios que se pagan son de miseria.

Para tener una idea de lo que hablamos, la Categoría 6 del convenio de la actividad hotelera y gastronómica (389/04) –una de las más altas- establece un margen de entre $52.000 y $62.000 de básico para cocineros/as, mozos/as de salón, camareros/as, barman, etc. La categoría más baja (cadete, portería, peones, lavacopas, etc.), que es en la que queda enrolada gran parte de la juventud precarizada y el famoso “primer empleo”, va de $40.000 a $49.000. Mientras que la Categoría 7, la más alta, oscila entre los $62.000 y $80.000, lo que se supone es lo máximo a lo que puede aspirar un trabajador del rubro, luego de años de servicio o con un puesto “privilegiado”.

Estamos hablando de un promedio de salarios por debajo de la canasta básica de pobreza, la cual era de $68.359 en agosto. Con estos ingresos está claro que el problema no es la predisposición al trabajo, sino los bajos salarios que pretenden pagar las patronales.

Se trata de salarios que se pagan por una jornada de 8 horas diarias y 48 semanales, lo que en gran medida es vulnerado por las patronales, que extienden la jornada sin la correcta contraprestación por las horas adicionales. Además, muchos de estos empleos son temporarios y dependen de la estacionalidad, como el caso de la temporada de verano, por lo que tampoco representan una alternativa permanente para los trabajadores.

Cuando el gobierno habla de que el trabajador podrá “retener el plan que cobra” no quiere decir que tendrá un plus a los salarios de miseria del sector, sino que una parte ellos será aportado por el Estado.

En el camino del ajuste y la reforma laboral

Las tratativas de Alberto Fernández para responder al alerta de las patronales respecto a la incidencia de los planes sociales como límite a su política de ajuste es parte del camino a recorrer de cara a una reforma laboral antiobrera.

Quienes primero advirtieron esta situación fueron las patronales del campo, cuando se quejaron de que la mano de obra escaseaba debido a que los trabajadores optaban por conservar el plan social conquistado, ante la alternativa de trabajos temporarios y mal pagos.

Los convenios que va extendiendo el presidente se dan justamente en aquellas industrias donde los salarios están en los niveles más bajos, al punto que la conquista de un plan social implica un piso a la caída más acentuada de estos. La “dificultad” de contratar se solucionaría fácilmente de ofrecerse salarios que cubran una canasta familiar y estabilidad laboral, pero las patronales prefieren perforar hacia abajo y no construir hacia arriba, ya que lo último implica ceder en su rentabilidad y ganancias.

La política oficial busca satisfacer las demandas patronales de una reforma laboral profunda, ofreciendo los planes sociales como prenda de unidad, y transfiriendo el beneficio a los capitalistas, aunque sea circunstancialmente. Aunque está comprobado que allí done se flexibilizan las condiciones para las patronales esto no genera más empleo, sino todo lo contrario.

La generación de empleo no vendrá de la mano de más favores a las patronales, sino por ejemplo con un plan de inversión en obra pública, como vienen planteándolo las organizaciones piqueteras combativas, que presentaron un proyecto para generar un millón de puestos de trabajo en la construcción de 100.000 viviendas.

La conversión de los planes sociales, que reclaman a coro todos los capitalistas, solo es posible con la creación de puestos genuinos de trabajo que cubran la canasta familiar.