El próximo 18 de abril en la Plaza San Martín de la ciudad de Córdoba, se realizará la asamblea provincial de trabajadores ocupados y desocupados, asambleas populares, movimiento estudiantil, de mujeres y diversidades, ambientales, culturales, de DDHH y demás organizaciones de lucha. Esta importante jornada de lucha, unidad y politización fue resuelta en el plenario de organizaciones que se desarrolló a fines de febrero y que ahora ha sido ratificada por las organizaciones sindicales y sociales combativas, luego de las masivas jornadas del 8 y 24 de marzo.

La convocatoria tiene importantísimos desafíos. En primer lugar apoyar e impulsar todas las luchas obreras y populares que desarrollan en la provincia, e impulsar la huelga general para derrotar a Milei. Asimismo, coordinar con el encuentro nacional trabajadores que se realizara el 1° de mayo en Plaza de Mayo (Buenos Aires). También será una instancia fundamental para impulsar la movilización popular masiva de cara al 25 de mayo, si es que Javier Milei y Martin Llaryora logran firmar el pacto reaccionario de los diez mandatos capitalistas.

A continuación, reproducimos el documento que resolviera en febrero y que fuera aprobado por las organizaciones UEPC Capital, ATE, CTA Autónoma, Sindicato de Químicos y Petroquímicos de Rio III, SUTNA, SITRAM de Jesús María, Polo Obrero, MTR 12 de abril, entre otras.

POR UN PARO ACTIVO Y PLAN DE LUCHA

Para derrotar el plan motosierra de Milei y el FMI y el protocolo represivo

La movilización independiente en Córdoba y en todo el país fue fundamental para derrotar el intento de aprobación de la reaccionaria Ley Ómnibus por parte del gobierno liber-facho de Milei. Con anterioridad, esa misma movilización y coordinación había jugado un papel también esencial en las grandes movilizaciones populares del 20 y 27 de diciembre, como así también en el paro nacional del 24 de enero. Sin dudas el camino de la unidad, de la lucha y de la organización es el que tenemos profundizar para derrotar los planes del gobierno y sus cómplices.

Pero la caída de la Ley Ómnibus no significa el fin del ajuste. El gobierno en crisis de Milei ha profundizado en los últimos días el ajustazo, defendiendo groseramente la “motosierra” y la “licuadora” que se ensaña contra trabajadores, jubilados, estudiantes y población trabajadora en general. Al 25,5% de inflación de diciembre le siguió el 20.6% en enero. Ello se agrava con los tarifazos impagables que se extienden a todos los servicios públicos. Mientras tanto fueron congelados salarios, jubilaciones y programas sociales.

El gobierno se ufana de haber despedido 50 mil trabajadores estatales, de haber cortado la asistencia a 40 mil comedores populares y dar de baja a 200 mil programas y el programa Potenciar Trabajo. Hace unos días el gobierno y los empresarios hicieron fracasar la reunión del salario mínimo, que se encontraba en la mitad de la línea de la indigencia, para luego decretar un aumento miserable que lleva el salario mínimo a $180 mil. Lo mismo sucede con las jubilaciones que actualmente se encuentra en $105 mil, más un bono miserable de dudosa continuidad. Las pautas salariales y jubilatorias impuestas por el gobierno reaccionario, pretenden ser seguidas por gobernadores y municipios y por las patronales que aprovechan la oportunidad para achicar salarios y engordar ganancias. Se trata de una sideral transferencia de recursos esquilmados al pueblo trabajador en beneficio del FMI, los banqueros y los grandes capitalistas. “No Hay plata” para el pueblo, pero si hay y mucha para el capital. Los acreedores de la deuda pública tendrán “más plata” porque sus bonos están atados al tipo de cambio o la inflación; los monopolios petroleros porque los combustibles duplicaron su precio; las concesionarias de los servicios públicos por los aumentos de tarifas y, más en general, la clase capitalista por la licuación de salarios.

Para llevar adelante este verdadero plan de guerra contra el pueblo, el gobierno insiste con una política fascistizante que tuvo una salvaje represión en el Congreso cuando se debatía la Ley Ómnibus, que dejó como saldo 31 detenido/as ilegalmente, y más de 300 heridos, entre los que se destacan 35 periodistas que cubrían los hechos para distintos medios de comunicación. Esa política tiene como principal punto el protocolo represivo de Bullrich que es violatorio de garantías constitucionales e internacionales; y que ha sido cuestionado por la justicia, por las denuncias presentadas por luchadores/as, e incluso por la propia ONU. La represión y la persecución sobre luchadores se extiende a todos los ámbitos, como por ejemplo se quiere hacer con la docencia tratando de imponer la denominada “esencialidad educativa” que busca restringir el derecho de huelga, o la tentativa (incluida en la fracasada ley ómnibus) de sancionar con cárcel efectiva a manifestantes y huelguistas.

El plan reaccionario de Milei incluye un fuerte ajuste sobre la educación en general y la universidad pública en particular. Se trata del mayor ataque a la educación en los últimos 40 años, que incluye reducción presupuestaria de más de 15%, el intento de imponer la esencialidad educativa ya mencionada, ataque a la Educación Sexual Integral, eliminación de partidas nacionales como el Fonid y el Fondo Compensador Salarial, o el corte de las partidas destinadas a los comedores escolares, entre otras. Ese ajuste de Milei está desenvuelto también por todos los gobernadores de todos los signos que, en los dos meses de este año han desfinanciado la educación en sus provincias. Toda la universidad pública arrancó el año con el mismo presupuesto de enero de 2023, pero no se trata de solo de un ajuste más; ese desfinanciamiento es el inicio de una tentativa más general de la clase capitalista de desmantelar la universidad pública, desmembrarla por completo y abrir paso a una privatización general y a una penetración completa del capital, subordinando a fondo el desarrollo científico y tecnológico al mercado capitalista.

Asimismo, se pretende avanzar sobre conquistas históricas del movimiento de mujeres y disidencias, como es el aborto legal. Parlamentarios oficialistas ya presentaron un proyecto en ese sentido, que agrava nuevamente la criminalización de las mujeres y recupera un poderoso instrumento de adoctrinamiento y control social de la mano del Código Penal y la tutela del Estado. Pero ese proyecto no fue incluido ni en la Ley Ómnibus ni en el DNU. Le tienen miedo al movimiento de mujeres y disidencias, porque saben que la IVE no sólo fue una conquista en defensa de la vida y la salud, sino sobre todo un golpe a un andamiaje jurídico capitalista y clerical que educa a la población en la subordinación y discriminación de las mujeres. Sin embargo, el ajuste avanza a nivel nacional y provincial. En Córdoba los despidos de LLaryora se ensañan especialmente en áreas sensibles a mujeres, niñeces y adolescencias en situación de vulnerabilidad; en ese sentido, la degradación del rango del Ministerio de Mujer provincial a secretaría, el cierre de programas y la reducción de su plantel es una afrenta directa a las trabajadoras que denunciaron incansablemente la precarización imperante en el Polo de la mujer.

El negacionismo del cambio climático que profesa el liberfacho, promueve a fondo el programa de depredación ambiental para cumplir con el FMI, entregarle al imperialismo y los grandes capitalistas nuestros bienes comunes. En la ley ómnibus se presentó todo un capitulo en ese sentido que incluía la modificación de la Ley de Fuegos para posibilitar automáticamente los incendios forestales, la modificación de la Ley de Glaciares para permitir la explotación minera en áreas prohibidas que comprometen los hielos continentales, entre otras medidas. Es la exaltación de una política que venimos enfrentando desde hace años, como sucede en Córdoba, con las autovías que impulsan el agronegocio contaminante y la especulación inmobiliaria.

Llaryora y los gobernadores no enfrentan este programa antipopular. Por el contrario, el gobierno de Córdoba desarrolla su propio ajustazo imponiendo miles de despidos, impuestazos y tarifazos, como en el transporte en la Capital que llega a la suma de impagable de $700 el boleto, y con un ataque en regla contra trabajadores estatales y docentes recortando salarios, planteando “aumentos” salariales a la mitad de la inflación mensual y persiguiendo a quienes reclaman. La imposición unilateral del ítem salarial “presencialidad” contra docentes es el punto de partida para golpear los paros y huelgas que se vienen. El gobierno de Córdoba es un adelantado en perseguir y criminalizar la lucha social; como sucedió el año pasado con la imputación de parte de la justicia adicta al poder político, contra dirigentes sindicales, sociales y políticos, por haber participado de una manifestación callejera.

El choque de ajustadores que protagonizan Milei y Llaryora, al cual se suman otros gobernadores, no tiene para la clase trabajadora ningún rincón progresista. Estos políticos capitalistas habían conformado una coalición de gobierno que rápidamente se quebró por el choque de intereses burgueses. Todos los análisis ubican en la cuestión de las retenciones al campo y la coparticipación del impuesto país el inicio del divorcio. Milei pretende destinar la mayor parte de los fondos al pago de la deuda usuraria y favorecer al capital financiero. Llaryora, como siempre, se levanta en defensa de los intereses de los grandes capitalistas que depredan el “campo”. Pero todos ellos coinciden en el ajustazo, la reforma laboral, el robo a los jubilados, los despidos y demás medidas que integran un plan general contra las y los trabajadores.

Frente a toda esta política rabiosamente antiobrera, entreguista y reaccionaria, consideramos que es fundamental avanzar en un nuevo paro nacional y un plan de lucha que derrote el ajustazo de Milei y los gobernadores. Pero la burocracia sindical se niega a convocar. Es la misma burocracia que se mantuvo al margen de la lucha contra la Ley Ómnibus mientras los sindicatos combativos, las asambleas populares, el movimiento piquetero, las asambleas de la cultura se reunían, deliberaban y se organizaban para garantizar la protesta. Tenemos que reclamar e impulsar el paro general y el plan de lucha de las centrales sindicales.

Es fundamental continuar y profundizar la coordinación que se dio durante las importantes jornadas del 20 y 27 de diciembre, el paro nacional del 24 de enero y contra la ley ómnibus; para defender las grandes luchas que se vienen y para pelear por una salida de las y los trabajadores a la crisis capitalista. En ese sentido impulsamos el más amplio frente único de lucha convocando a todas las organizaciones sindicales, sociales, de género, de DDHH y políticas, y a todas las asambleas y colectivos de lucha, planteando la necesidad de realizar una gran asamblea provincial de lucha para el mes de abril que pueda coordinar con la asamblea nacional que también se prepara para ese mes. Nos ponemos como tarea inmediata el apoyo para que triunfe la lucha de UEPC, ATE y demás sindicatos que reclaman, para convocar una masiva movilización independiente de los gobiernos nacional y provincial el próximo 8 de marzo, con la asamblea NiUnaMenos, como así también el 24 de marzo cuando se cumpla el 48° aniversario del golpe genocida.

1. Abajo el DNU y el plan motosierra y licuadora de Milei y los gobernadores.

2. Basta de inflación y tarifazos. Por un salario mínimo de $600 mil y actualización mensual de salarios, jubilaciones y programas sociales.

3. Prohibición de despidos. Reincorporación inmediata de trabajadores cesanteado/as. Pase a planta permanente de precarizado/as.

4. Creación de puestos de trabajo genuino y universalización de los programas sociales. Inmediata asistencia integral estatal a todos los comedores populares.

5. Abajo el protocolo represivo de Bullrich. No a la intervención de la Fuerzas Armadas. No a la criminalización de la protesta social. Por el desprocesamiento de Berardo, Giuliani, Díaz, Nazar y demás luchadores en la provincia y en el país.

6. Ruptura con el FMI y desconocimiento de la deuda usuraria.

https://prensaobrera.com/politicas/cordoba-apuntes-de-las-asambleas-convocadas-por-el-partido-obrero

https://prensaobrera.com/salud/prepagas-el-gobierno-lidera-la-guerra-contra-la-clase-media-y-los-trabajadores