El gobierno acaba de decretar la “normalización” del PAMI. De esta manera el nuevo directorio estará integrado por seis representantes del Estado (incluido su presidente), por cuatro de las organizaciones de jubilados y por dos de la CGT. Esto quiere decir que, a pesar de los cambios, el PAMI seguirá firmemente en manos del gobierno. Los representantes de los jubilados y la CGT serán rehenes políticos de la mayoría oficialista, con la que deberán obligadamente colaborar. El dinero del PAMI es de los trabajadores, pero su manejo continuará siendo orientado por el Estado capitalista.

La “normalización” llega después de doce arios de intervención, en los cuales el PAMI fue llevado a una situación de completa bancarrota. La “solución” que encontró el gobierno para paliar la crisis fue un aumento de los aportes de los trabajadores, activos y pasivos, superior a los 200 millones de dólares al año.

La integración minoritaria de los representantes de los jubilados y de la burocracia sindical a la dirección del PAMI significa la renuncia a que éste sea dirigido por sus verdaderos dueños —los trabajadores y jubilados—y también el completo blanqueo de los robos y estafas que se produjeron hasta hoy. Es también la aprobación a la exacción reciente al bolsillo de los trabaja-dores y jubilados.

Hipocresía presidencial

La “normalización” fue celebrada como un “festival”, donde Alfonsín ocupó el centro del escenario.

“Era necesario —dijo Alfonsín— revolucionar el sistema provisional. Se logró una ley que hace esa revolución, que busca cambios absolutos, diferentes en la financiación del sistema jubilatorio". En un hombre que se ha destacado por atacar todo tipo de propuesta revolucionaria y por mofarse de los cambios “absolutos”, estas palabras tienen su magia. En realidad, la "revolución" de Alfonsín es contrarrevolución, pues significa financiar al PAMI con el exclusivo aporte de los trabajadores y de los consumidores. Las ganancias capitalistas tienen un destino menos "solidario”.

A Alfonsín no se le movió una pestaña cuando recordó “los esfuerzos realizados desde el gobierno para mejorar la situación de los jubilados”. Ciertamente, pasar a una jubilación mínima de ₳ 1.175 que no cubre una cuarta parte de la canasta familiar, debe haberle costado la gota gorda.

La traición de la Mesa Coordinadora

A cambio del “puestito” en el PAMI, los dirigentes de la Mesa Coordinadora apoyaron enteramente y sin reservas la enorme patraña gubernamental.

Cuando Estrella Monteverde —presidente de la Mesa—se abrazó con Alfonsín, estaba metiéndose en el bolsillo el reclamo de la Mesa de un haber mínimo y único de ₳ 3.175 para setiembre. Aceptaba además el desconocimiento por el Estado de las deudas por la “emergencia provisional”.

“No tenemos que permitir que la obra social salga de nuestras manos” declaró Monteverde, perdiendo la noción de sus propias extremidades superiores. “Nuestras manos” en este caso son las del gobierno, y “no perderlas" significa respaldarlo en las elecciones nacionales.

Entusiasmada con su nuevo puesto, Monteverde se esperanzó con la “vigencia de la democracia para siempre". Esta expresión netamente oficialista, olvida que “democracia” es el sinónimo del reconocimiento general de las deudas con la banca extranjera y la “patria financiera".

Los dirigentes de la Mesa Coordinadora se han portado más dócilmente con el gobierno del FMI que la Sociedad Rural y la Unión Industrial.