13/06/2002 | 758

Corchuelo Blasco y Ginés González García deben ser procesados

El nuevo Plan Médico Obligatorio de Emergencia (PMOE) promulgado por el Ministerio de Salud, es un atentado a la salud y la vida de los 11 millones de argentinos afiliados a las obras sociales, las prepagas y el Pami. Consiste básicamente en el recorte de la prestación de salud mínima obligatoria en estas instituciones en tres rubros: 1) un recorte sustancial de prestaciones médicas, odontológicas y oftalmológicas, tanto en materia de estudios y tratamientos como de provisión de elementos terapéuticos (prótesis, audífonos, lentes, etc.). Esto en el campo de prestaciones curativas, preventivas y de rehabilitación. 2) La autorización para elevar el cobro de coseguros (pago de plus por consultas, visita a domicilios y prácticas y estudios). 3) Reducción de los reintegros en compra de medicamentos, eliminando medicamentos de los listados y reduciendo el porcentaje de descuento.


En el caso del Pami la situación es más grave, porque siendo una población de alto riesgo, «la adaptación que elaboró la intervención del Pami redujo aún más el PMOE» (Clarín, 5/6). Se refiere a actas modificatorias de los contratos vigentes, que se firmaron con los prestadores. El listado de sólo 9 especialidades obligatorias, en este caso, excluye, por ejemplo, gastroenterología, endocrinología, infectología, dermatología, oftalmología, reumatología, cirugía cardiovascular y otorrinolaringología. Se desprende que una hepatitis grave, un sidótico complicado, un diabético severo, un pénfigo (enfermedad grave y eventualmente mortal de la piel), tendrán que ser estudiados y tratados por el médico de cabecera del barrio.


Además, se fija como «criterios de atención en la emergencia»: a) la patología aguda (PO: de reciente comienzo); b) la patología oncológica (PO: cáncer); c) las afecciones que cursan con dolor o afectación grave de la calidad de vida. «Respecto de la patología crónica (PO: de comienzo no reciente) de tratamiento quirúrgico, se programará con criterios de priorización, según situación de riesgo, edad, afectación de la calidad de vida y riesgo social», «listados que serán evaluados y verificados en su evolución por el Instituto».


¿Significa acaso que José Manuel Corchuelo Blasco, interventor de Pami, decidirá qué cirugías son «prioritarias», sobre la base de tan generales e imprecisos criterios? ¡Sí! Según los listados difundidos, una operación de mama, un cambio de marcapasos o un by-pass coronario pueden postergarse 45 días. Un reemplazo de válvula cardíaca o una operación de próstata, 90 días.


Como bien opina el Dr. Moyano, de la Comisión pro Cátedra de Derechos humanos y Salud de la Facultad de Medicina (Clarín, ídem), la postergación de una operación de vesícula, aunque no tenga una patología aguda, significa operar tardíamente a un paciente más deteriorado, posiblemente complicado, con mayor riesgo operatorio y peor resultado.


Y eso no es todo: el Pami acaba de anunciar a toda orquesta la reanudación de los descuentos en medicamentos, suspendidos desde el pasado diciembre. Pero, como informa Oscar Spinelli (Clarín, ídem), de un listado de 1.268 medicamentos, 800 tienen sólo el 30% de descuento; el descuento promedio no supera el 35% (supo ser de 50% más un 20% que agregaban las farmacias). Esto en medicamentos que han aumentado entre dos y cuatro veces su precio, y para jubilados que, en gran parte, han visto reducidos sus haberes en 13%.


Todo este operativo se llama mantener las ganancias de los prestadores privados de medicina y de los laboratorios, sobre la base de reducir sus costos a expensas de la salud y la vida de los jubilados y los afiliados a las obras sociales. Se entiende entonces por qué Corchuelo Blasco y Ginés González García deben ser procesados y todas sus disposiciones menguelianas inmediatamente derogadas. Es importante que las Asambleas Populares y sus Comisiones de Salud encaren una campaña de denuncia de esta atrocidad, vinculándose con las sedes de Pami, sus trabajadores y jubilados.

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