El gobierno de Schiaretti ha asumido desde su inicio una política abiertamente ajustadora. Alineado por entero al gobierno de Mauricio Macri, promueve los despidos en el estado, oculta los despidos y las suspensiones en la industria, acepta los tarifazos y descarga sobre los trabajadores el peso del ajuste. Schiaretti inauguró su gobierno con una reforma jubilatoria criminal contra los estatales, la ley 10333, recortando en 11% el haber jubilatorio. Y esto fue sólo el comienzo. Ahora se prepara para terminar el plan de armonización previsional que había empezado en su mandato anterior y que significa que el haber jubilatorio inicial será el promedio de los últimos 10 años, llevándolo al 54% del salario percibido en actividad y desenganchados de los aumentos de los trabajadores activos.

El plan de ajuste es sistemático y se da en todos los aspectos. En lo salarial, ha puesto en marcha una política de topes a las paritarias imponiendo aumentos que apenas cubren la mitad de la inflación y en lo laboral, sostiene una parte importante de la planta funcional con trabajo precario cuando no es directamente en negro.

Pese a esto, la respuesta de los sindicatos no está a la altura de la ofensiva del gobierno. Las conducciones gremiales han sacado a relucir nuevamente la Coordinadora de los gremios estatales, no para llevar adelante un plan de lucha sostenido y unificado contra la armonización jubilatoria, sino para integrar a burocracias sindicales que se han colocado como garantes e incluso ejecutoras de los planes de ajuste. Es el caso del SEP (empleados públicos), de José Pihén, quien ha aceptado recientemente la quita del 2% del aporte personal a la Caja, abriéndole la puerta de par en par a la armonización jubilatoria; o la UEPC (docentes) que directamente se pronunció a favor de la armonización y pidió ser incluida, mediante un petitorio presentado ante gobierno, en un régimen especial de armonización. Éste la separa del resto de los gremios aportantes a la caja y facilita, gracias a la división que genera, mejores condiciones al gobierno para pasar la armonización

Esta “Coordinadora” votó una jornada” para el próximo 24 de agosto que tiene grandes limitaciones: NO es contra la armonización y NO es un paro provincial. La razón es simple: la burocracia sindical que está metida en esta coordinadora prepara un enorme fraude contra los trabajadores para bloquear las iniciativas de la Asamblea de Jubilados y los sectores que han salido a enfrentar el ajuste, y no un plan de lucha.

Preparemos la reapertura salarial y la defensa de nuestra jubilación

Los que están vedados de esta “Coordinadora” son los miles de trabajadores y activistas de salud que organizaron la multitudinaria “Marcha Blanca” por el salario y contra el vaciamiento en los hospitales, donde el único gran ausente fue Pihén. También están vedados los nuevos delegados docentes que acaban de imponer asambleas horarias en las escuelas que votaron masivamente contra la armonización y contra el planteo de la conducción de UEPC. O la Asamblea de Jubilados que llenó el Teatro Córdoba, votó movilizarse el 24 y sumó una movilización para el miércoles 17 a la Caja.

La jornada del 24 de agosto tiene que ser un gran paro activo provincial, que sirva para potenciar y extender la lucha en curso y no una medida que la contenga.

Para esto, la coordinación no puede ser con sectores que desarrollan la política de Macri y Schiaretti al interior de los sindicatos, sino con los delegados de base, los gremios y los agrupamientos que hoy están lucha en lucha. Un Plenario con mandato de todos estos sectores le pondría fin al ajuste jubilatorio, aceleraría la reapertura de las paritarias e impondría el reclamo que recorre todas las dependencias, hospitales, reparticiones y escuelas de toda la provincia.

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  Reapertura de las negociaciones salariales y aumento no menor al 20% al básico.

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  No a la Armonización. Derogación de la 10333, defensa del 82%. Plena vigencia de la Ley 8024

24 de agosto Paro Provincial Activo. Por un plan de lucha contundente y sostenido. Plenario provincial de delegados de base.