Políticas
1/9/2024
Córdoba: 65% de estatales bajo la línea de la pobreza
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Estatales bajo la línea de pobreza
Un Informe sobre Activos del Sistema Previsional dio cuenta que el 65% de lxs trabajadores estatales (que aportan a la Caja de Jubilaciones de Córdoba) están por debajo de la línea de pobreza. De manera que de un total de 193.757 empleadxs, hay 130.000 cuyos haberes no les alcanzan para cubrir el costo de la canasta familiar.
El estudio citado fue publicado por el diario Comercio y Justicia, que tituló la nota: “casi dos de cada tres agentes públicos cobran sueldos de pobreza”. La información toma en cuenta los valores de abril, y desde esa fecha, la relación entre el poder adquisitivo de los estatales y el costo de la canasta familiar lejos de haber mejorado, por el contrario, empeoró. Es decir, que estamos frente a una verdadera confiscación en los ingresos de lxs trabajadores.
En ese sentido, el gobierno de Martín Llaryora ni bien asumió, desconoció la paritaria firmada con los estatales, para proceder luego a ajustar los salarios en un 50% por debajo de la inflación, además de aumentar los aportes jubilatorios y los descuentos para la obra social Apross. Esto se complementó, además, con un diferimiento en el pago de las actualizaciones correspondientes a las jubilaciones de la provincia, lo que ha golpeado severamente la economía de lxs jubiladxs de la provincia.
Siguiendo con lo informado por Comercio y Justicia, el “sesenta y cinco por ciento de los agentes públicos que aportan a la Caja cobraba en abril pasado tuvo un haber bruto por debajo de la Canasta Básica Total (CBT) que mide el Indec, y que, para una familia de cuatro miembros, era en ese mes de 828,158 pesos.
Se señala también que “hubo 46.303 estatales que tuvieron ingresos por entre $ 750.000 y un millón de pesos. En tanto que unos 55.240 trabajadores cobraron entre $ 500.000 y $ 750.000, y unos 36.524 empleadxs percibieron ingresos imponibles de hasta $ 500.000. En la paritaria pos segundo semestre las cifras no recompusieron el poder adquisitivo perdido.
Frente a este panorama, el gobierno de la provincia se ufana de tener una gestión con superávit fiscal. De acuerdo a información vertida en el informe, “los ingresos totales subieron 166,5% mientras que los gastos totales aumentaron 138%, en ambos casos muy por debajo de la inflación. Hubo un fortísimo ajuste en la ejecución de obras cuya inversión apenas subió 23,9% nominal. Ese dato sumado al particular cuidado de las erogaciones corrientes, resultó en un superávit financiero 508% mayor a 2023”.
Si hay salarios y jubilaciones por debajo de la línea de pobreza, e incluso el gobierno informa un superávit de 596.514,3 millones de pesos en el primer semestre, es claro que se está aplicando licuadora y motosierra sobre los ingresos de los trabajadores.
Esta motosierra de Llaryora sobre los gastos corrientes, entre los que se encuentran los salarios, fue elogiada por el Ministro de Economía de Milei, Luis Caputo, quien destacó que la provincia es superavitaria. En el mismo sentido, el vocero de la Bolsa de Comercio, Manuel Tagle declaró que "Córdoba parece que está en el primer mundo", y también celebró la política provincial de realizar obras y mantener el equilibrio fiscal, política que es sostenida cada vez con más dificultades por Llaryora, mediante el pago de una creciente deuda en dólares y mediante el ajuste de los ingresos populares.
¿A qué se destina el superávit? Fundamentalmente a pagar deuda. La provincia está pagando una deuda en dólares que al 30 de junio alcanzó 1,93 billones de pesos, el 92% nominada en moneda dura, según publicó Comercio y Justicia.
Una confiscación salarial de conjunto
Hay que tener en cuenta que el salario mínimo vital y móvil está en apenas $254.231,91, mientras la suba de precios sigue su marcha. Además, el monto del ex programa Potenciar Trabajo sigue sin actualizarse desde el cambio de gobierno mientras disminuyen drásticamente las changas y los trabajos en el “mercado informal” de la economía.
Así las cosas, las patronales están pagando en la actualidad uno de los salarios más bajos de la historia, lo que permite explicar, en parte, el apoyo de la casta empresarial a quienes gobiernan.
El margen de rentabilidad de los empresarios se explica por la mega devaluación de diciembre, la liberación de precios y la existencia en la práctica de un “cepo” a los salarios y jubilaciones.
Hay que subrayar que lxs trabajadores del sector privado tampoco quedaron exentos de la poda salarial. Vladimir Werning, vicepresidente del Banco Central de la República Argentina (BCRA), informó en Wall Street que, con el tipo de cambio, la Argentina tiene un salario en dólares muy bajo, porque lxs trabajadores argentinos son uno de los peores pagos de la región.
Las declaraciones en torno a una supuesta “recomposición de salarios en relación a la suba de precios”, toman cifras de intervalos parciales y dejan de lado la consideración de la pérdida previa de poder adquisitivo de los salarios y jubilaciones pos devaluación. Además, las suspensiones y despidos van en ascenso, lo que por supuesto es usado por los capitalistas para seguir abaratando salarios.
A esto hay que sumarle la reforma laboral que persigue disminuir todavía más los costos de “la mano de obra”, tema en el que coinciden todos los capitalistas que dominan la provincia, y de ahí su apoyo a las distintas variantes de los políticos patronales que defienden esta agenda. Bien vale recordar que entre las empresas que más ganaron con Milei en el poder, se encuentra Arcor, una de las empresas líderes del círculo rojo cordobés, a quien sirve el PJ provincial.
En materia de jubilaciones, antes Schiaretti y ahora Llaryora fueron adelantados de primera línea a la hora de meter mano al bolsillo de lxs jubiladxs. Mantienen desde hace más de veinte años la intervención de la Caja de jubilaciones, y desde el 2020 con la sanción de la Ley 10.694 desengancharon la actualización anterior de los haberes entre trabajadores en actividad y quienes no lo están.
Por una nueva dirección en los sindicatos
El retroceso salarial y jubilatorio y el empobrecimiento generalizado de la población trabajadora año tras año, ha sido posible por el papel entregador de las conducciones sindicales que, entrelazadas con quienes gobiernan, están dejando pasar la confiscación de los ingresos populares.
Las conducciones de la CGT y de las CTAs, luego de dejar pasar sin lucha la política de ajuste del gobierno anterior de los Fernández y Massa, repiten esa misma conducta ante el gobierno de Milei dejando pasar la Ley de Bases, y el Pacto de Mayo mientras se reúne con la embajada norteamericana y los funcionarios del gobierno para dialogar acerca de cómo implementar la reforma laboral, que ya viene aplicando en distintos gremios, a cambio de mantener sus privilegios. En el terreno político, siguen a pies juntillas la estategia del PJ de dejar que Milei haga el trabajo sucio arrebatando derechos y conquistas, especulando con volver como “salvadores” en las próximas elecciones.
Frente a esta situación, nada podemos esperar de los hambreadores de ayer ni los de hoy y de sus cómplices.
Los trabajadores necesitamos organizarnos en forma independiente de todos ellos y reagrupar fuerzas para impulsar un curso de acción que nos permita recomponer salarios y jubilaciones y terminar con el retroceso de las condiciones de vida de nuestras familias. Necesitamos preparar desde abajo la huelga general para luchar y derrotar la motosierra de Milei y Llaryora, y en ese proceso seguir avanzando en la construcción de una nueva dirección en los sindicatos independiente de los gobiernos y las patronales, que expulse a la burocracia enquistada hace años y recupere a los sindicatos como una herramienta de los trabajadores independiente de los gobiernos y las patronales.
Al servicio de esta perspectiva el próximo 14 de septiembre la Coordinadora Sindical Clasista realizará una conferencia nacional, para reagrupar fuerzas en función de discutir y avanzar en preparar la huelga general y una intervención independiente desde el campo de lxs trabajadores. Será un paso adelante en la construcción de una alternativa política propia de los trabajadores.
