David Ernesto Moreno fue asesinado en la tarde del 20 de diciembre de 2001, en Córdoba. Es uno de los 39 caídos por la represión criminal con la que los gobiernos nacional y provinciales intentaron sofocar el Argentinazo.

 

Minutos antes de las 18, la policía provincial disparó con balas de plomo contra una concentración de vecinos, en los alrededores de un supermercado en Villa 9 de Julio. Causaron varios heridos y la pérdida de la vida del más pequeño de los integrantes de la familia Moreno, David, de 13 años de edad.

 

Luego de 15 años, y de innumerables dilaciones judiciales, se realizó el juicio a los autores materiales. El principal imputado es Hugo Ignacio Cánovas Badra por el homicidio y las policías Laura Freyre y Daniela Alejandra Adán por falso testimonio y encubrimiento. El tribunal había anunciado que daría a conocer el veredicto el proximo viernes 7, pero finalmente se postergó para el próximo 25. Nos movilizaremos a los tribunales junto a los familiares de David y otras organizaciones para reclamar justicia y cárcel a todos los responsables.

 

El desarrollo del juicio ha demostrado la responsabilidad de los imputados. El policía Cánovas Badra llegó a juicio en libertad, favorecido por la demora judicial. Cumplió tres años de prisión preventiva; es de prever que, en caso de condena, pida que se le aplique el beneficio del 2x1. El resto de los involucrados no conoció la cárcel.

 

Los policías involucrados en el asesinato de David Moreno les cabe una condena ejemplar por ser la mano de obra de un crimen de Estado. Una condena de este tipo tiene la importancia de reforzar la lucha contra la impunidad del aparato represivo estatal, el cual actuó en defensa de un régimen social y político que hundió en la miseria a millones de trabajadores.

 

El juicio se da en un contexto marcado por un gobierno provincial que quiere seguir un curso represivo evidente: ha creado una división antiterrorista provincial, que lo único que hace es fortalecer el aparato represivo; y sancionó la ley de “servicios esenciales” para atacar el derecho a huelga. Ambas medidas fueron votadas por Cambiemos y UPC.

 

Los responsables políticos de la masacre del 19 y 20 de diciembre del 2001 están impunes hasta hoy. Una parte ínfima de los autores materiales tuvo condena. En Córdoba, el comisario a cargo del operativo que le costó la vida a David, Luis Farías, fue sobreseído de toda responsabilidad tras pagar una multa de $750. En el banquillo de los acusados falta José Manuel De la Sota, el personal político responsable, y los altos oficiales policiales que dieron la orden de tirar a matar.

 

La condena a los responsables materiales del asesinato de David será un paso adelante en la lucha contra la impunidad de hoy y de ayer.