En la última sesión legislativa del año, el gobernador, Juan Schiaretti, mandó a última hora un proyecto de ley para cambiar el cálculo del haber jubilatorio por el cual el 82% se calculará sobre el 89% del bruto del promedio de los últimos 48 meses (esto viene de la reforma de 2008, también de Schiaretti). El resultado es que los jubilados empezarán a cobrar el 73% de ese promedio. Perderán el 10% de sus haberes.

 

A cambio de este ataque que afecta a los actuales y futuros jubilados, el gobierno derogó la ley 10078, que difería el pago de los aumentos a seis meses después de habérselos otorgados a los activos. La eliminación de la 10078 era una promesa hecha por todos los candidatos a gobernador en la campaña electoral, Schiaretti había dicho que la iba a cumplir a los 180 días y que dependía de un acuerdo con la Nación.

 

Como había adelantado De la Sota, los más de 5.000 millones, que la provincia recibirá por la resolución de la Corte Suprema que elimina el descuento del 15% de la coparticipación para la Anses, no irán a sostener el régimen previsional.

 

En la sesión del pasado 16, el oficialismo apoyado por los legisladores de los tres bloques de Cambiemos (UCR, juecismo y PRO) se negó a tratar sobre tablas nuestro proyecto de derogación de la 10078. Denunciamos en el recinto y en los medios de comunicación, que estaban preparando un ataque al 82%, en la tendencia a armonizar con el sistema nacional (sólo falta que el cálculo se haga sobre el promedio de los últimos 120 sueldos); la modificación en el cálculo aprobada ahora se basa justamente en el acuerdo de armonización firmado entre la provincia y la Nación en el segundo gobierno de De la Sota.

 

La ley aprobada el miércoles viola principios constitucionales sobre la “irreductibilidad” de los haberes jubilatorios (artículo 57 de la Constitución provincial), por lo cual empezará una catarata de juicios que el gobierno piensa enfrentar con un fallo del Tribunal Superior de Justicia en un juicio contra un decreto similar de Ramón Mestre padre en 1995, que luego la Corte Suprema de la Nación rechazó.

 

Pacto Schiaretti-UCR-Juez-Macri

 

El proyecto se conoció en las dos horas previas a la sesión. Desde nuestro bloque alertamos desde antes que se oficializara la presentación que venía un ataque a las jubilaciones; a los rumores se sumaba un cada vez más fuerte vallado a la Legislatura, señal inequívoca que se iba a votar un ataque al pueblo. Fuimos advirtiendo a los trabajadores y gremios y así se fue armando una movilización frente a la Legislatura en un cuadro de receso entre los docentes y gran parte de la administración pública.

 

La ley no hubiera pasado sin los votos del interbloque de Cambiemos, ya que dos legisladores del PJ votaron en contra y así dejaban en minoría al oficialismo. Pero los tres bloques (UCR-Frente Cívico-PRO) adelantaron su voto positivo.

 

El argumento de oficialistas y “opositores” es que hay que hacer “sustentable” la Caja. El problema central de la Caja es que está manejada por una intervención desde hace veinte años y que está siendo vaciada: cada vez más personal que trabaja por la provincia, los municipios, el banco o los entes autárquicos aporta para la Anses, ya que son monotributistas, precarizados o están en empresas tercerizadas.

 

En el recinto y en la calle

 

Denunciamos fuertemente en el recinto los propósitos de esta modificación y el ataque sin miramientos a los trabajadores, también denunciamos el vallado y luego pedimos que se suspenda la sesión porque la policía estaba enfrentando a los manifestantes en los alrededores de la Legislatura. La ley se aprobó con maniobras y una legislatura militarizada. Sólo así podían sacarla.

 

La responsabilidad de la burocracia sindical en esta situación es total porque dejó correr la 10078 con medidas inocuas y testimoniales limitando su queja a no haber sido tenida en cuenta en la discusión de las modificaciones, ni de ésta ni de las anteriores. Los dirigentes sindícales coinciden con el gobierno y la oposición en que hay que encontrar una “salida” a la situación de la Caja; es decir, que están abiertos a una negociación sobre el régimen jubilatorio, lo que no es otra cosa que la modificación del 82% sobre el bruto del último año como sostenía la 8024 original.

 

En las asambleas en la calle, el activismo reclamó a los sindicatos un plan de lucha urgente y el paro provincial.

 

Al cerrar este informe el gremio de Luz y Fuerza decretó un paro y movilización para el lunes y lo mismo harían el conjunto de los gremios el martes.

El reclamo es la derogación de la nueva ley, de la 10078 y la plena vigencia del 82%.