A días de iniciar una nueva paritaria de los recolectores de residuos, el intendente Martín Llaryora acaba de cerrar un acuerdo salarial con la conducción del Sindicato Único de Recolección de Residuos y Barrido de Córdoba (SurrbaC) donde se pasan a no remunerativo cuatro cláusulas de los haberes de los trabajadores. Si bien rápidamente Franco Saillén, al frente del sindicato, salió a explicar que la medida “no implica una baja en la remuneración de bolsillo”, lo cierto es que es un paso clave para avanzar en la destrucción del conformado de uno de los mejores salarios de los trabajadores capitalinos y preanuncia un ataque al salario en la próxima paritaria de los recolectores que debe iniciarse en los primeros días de junio.

La medida constituye un importante ahorro para las empresas concesionarias del servicio que, sin embargo, no resignarían ni un peso de los sucesivos reajustes que llevaron el costo de la recolección de basura a 385 millones de pesos mensuales, 80 millones de pesos más que el último reajuste realizado hace un año. Para hacer frente a esta deuda, el ejecutivo municipal echará mano de los bonos emitidos hace un mes destinados al pago de proveedores. Se endeuda así por millones a los vecinos de la ciudad no solo por un servicio caro e ineficiente, sino para financiar las ganancias de empresarios amigos, e incrementar y sostener a una casta política del Estado que vive de la corrupción y la malversación de los fondos municipales.

El intendente procede a un nuevo ataque sobre los trabajadores. Basta recordar que este acuerdo fue precedido por el resistido recorte del 15% al salario municipal, lo que supondría un ahorro para el municipio de alrededor de 160 millones de pesos mensuales. En la misma línea, a principios de la cuarentena se habría fijado el pago en negro del 25% del salario de los trabajadores de la empresa estatal de transporte Tamse, impedidos de trabajar por ser grupos de riesgo. Todo esto previo al estallido de una brutal crisis en el sistema de transporte urbano por el incumplimiento en los pagos salariales. Para más, se prevé una nueva de emisión de bonos a 90 días con una taza del 33,4%, esta vez para pagar sueldos. Toda una declaración de quiebra.

La quiebra municipal: vaciamiento y negociados

A contramano de las afirmaciones oficiales, la crisis municipal es producto de años de vaciamiento y malversación de fondos. Los negociados con la basura son apenas una muestra de ello. A fines de 2019, fueron imputadas una veintena de personas entre las que se encuentran exfuncionarios municipales, miembros de la conducción del gremio de recolectores y directivos de la exconcesionaria Cotreco, investigados por los delitos de asociación ilícita para evadir impuestos, apropiación de recursos de la seguridad social, insolvencia fiscal fraudulenta, quiebra fraudulenta y lavado de activos.

La malversación se extendería durante la última década involucrando operatorias que empezaron en la empresa Guba S.A., siguieron en su sucesora Cotreco S.A. y llega a la última constituida, Urbacor S.A. (actual prestadora del servicio). La investigación alcanza a los entes municipales Crese y Esyop en los que también habrían participado directivos del sindicato. Estamos ante un entramado estatal que involucra al conjunto de las fuerza gobernantes, quienes han convertido uno de los servicios esenciales en una verdadera caja negra de corrupción y negociados, un robo a los vecinos. Sin embargo, al día de hoy la justicia sólo ha avanzado en el encarcelamiento de los sectores obreros, mientras exime a funcionarios políticos y empresario que siguen haciendo negocios.

A pesar del escándalo judicial, Martín Llaryora no solo mantuvo a las concesionarias, sino que está dispuesto a pagar con deuda los reajustes exigidos por estas. Hoy, el costo de tercerizar la recolección implica una de las erogaciones más importantes para el municipio. Para LAM (Logística Ambiental Mediterránea S.A.) la última redeterminación ubicó el contrato en 52,82 millones de pesos. En el caso de LUSA (Logística Urbana S.A.) el contrato alcanza los 131,02 millones de pesos, mientras que para Urbacor S.A. el contrato llegó a 121,57 millones de pesos. En total 305,4 millones de pesos mensuales que con las reactualizaciones sumarían 80 millones más.

Que la crisis la paguen ellos   

Sin duda el recorte salarial a los municipales, al igual que el pago en negro de parte del salario de los recolectores y choferes, no implica un rescate al municipio. Saquean a los trabajadores y vecinos para sostener a las empresas adictas y un aparato de funcionarios que hacen negocios de la mano de las diferentes gestiones a costa del presupuesto municipal.

La intención oficial de fondo es avanzar en un ataque integral de los convenios colectivos de trabajo de municipales, recolectores y trabajadores del transporte, que le permita reventar las históricas conquistas laborales y el salario, como plataforma para avanzar en la precarización laboral que ya se encuentra en curso mediante el “voluntariado”.

La salida a la crisis municipal debe ser financiada por quienes la han generado. Es necesario la inmediata apertura de los libros de las empresas concesionarias y una investigación independiente que condene a todos los responsable materiales y políticos. Rechazamos la reducción y la degradación de los servicios públicos y planteamos la prohibición de despidos y la defensa del salario. Ante el incumplimiento de estas pautas mínimas, defendemos la estatización del servicio de transporte y recolección de residuos bajos control de trabajadores y vecinos.

Vamos por la implementación de un impuesto extraordinario a los especuladores, los centros comerciales de gran superficie y las grandes empresas que operan en la ciudad.