La lucha de los estatales puso de manifiesto la política de ajuste de ambos gobiernos. El gobierno K, que rasca todas las ollas para pagar la deuda usuraria y sostener su propio régimen de subsidios al capital, quiere que De La Sota pague los costos del ajuste.
La pelea DLS-CFK tiene como telón de fondo la lucha de los estatales, pero las ambiciones ajustadoras de ambos terminaron abriendo una crisis política. En el oficialismo, por la ejecución de las medidas. En el kirchnerismo por la virulencia que ponen los funcionarios nacionales y sus representantes locales contra las conquistas jubilatorias.
Las direcciones sindicales que responden directamente al gobierno nacional, como municipales, luz y fuerza o judiciales, terminaron siendo solidarias con el recurso ante la Corte Suprema y la denuncia por parte de la provincia del Pacto Fiscal del ‘92-‘93, por el cual las provincias resignan el 15% de la coparticipación de impuestos para la Anses.
De la Sota no da tregua
A la par que la burocracia firmaba la suspensión de los planes de lucha, la Legislatura aprobaba un impuestazo a todos los combustibles. El argumento: la necesidad de reparar rutas y la falta de fondos por las deudas de la Nación. El gobierno piensa recaudar 500 millones con esta tasa, que será traslada a precios y tarifas.
El gobierno prepara otra ley que eleva un 500% el valor de las cuotas de las 48.500 viviendas realizadas a través de los institutos provinciales. De la Sota quiere fondos para sostener su propio régimen de subsidios a los capitalistas.
La crisis y los pulpos automotrices, tampoco
Con poco menos de 15 días de diferencia Renault volvió a suspender, a todo su personal argumentando nuevamente problemas en la entrega de suministros por parte de un proveedor de Brasil.
Lo cierto es que la producción automotriz cayó un 13% en los primeros ocho meses, por la retracción del mercado brasileño y también del local. Siguen las suspensiones, los despidos encubiertos y la caída de anunciados planes de incorporación de personal.
Por un congreso de delegados de todos los gremios estatales
La crisis fiscal por la caída de la economía y el alto endeudamiento están atrás de la pelea entre los ajustadores nacionales y provinciales. Con su tregua, la burocracia de los gremios estatales aceptó condicionar la suspensión del ajuste a un improbable acuerdo con el gobierno nacional. Si la Corte no resuelve el entuerto, De la Sota y la burocracia presentarán al ajuste sobre los jubilados como inevitable. La burocracia sindical está abriendo la puerta a la definitiva ‘armonización' de las jubilaciones. La dependencia política de los dirigentes gremiales a la política patronal es una cuenta que los trabajadores no deben pagar.
La victoria de la lucha contra el ajuste requiere de independencia política: derogar las leyes contra los jubilados; exigir el cese la intervención a la Caja y a la Anses; rechazar los impuestos sobre los trabajadores y exigir que se cobren impuestos a los capitalistas (sobre todo, pools sojeros y pulpos industriales); cese del pago de la deuda usuraria que estatizaron Mestre y De la Sota; establecer un salario mínimo igual al costo de la canasta familiar y la prohibición de despidos y suspensiones, por el reparto de las horas de trabajo.
El congreso de delegados de base que reclamamos a los gremios tiene la función de unificar a los trabajadores tras una salida propia y avanzar en un plan de lucha que lleve a la victoria los reclamos.
