En la última sesión del año y casi sin debate previo, la Legislatura de Córdoba aprobó una ley que pone en pie en el ámbito de la provincia las apuestas electrónicas. Según el texto aprobado serán diez las empresas privadas licenciatarias, aunque la Lotería de Córdoba puede ampliar ese límite. El plazo de las concesiones será de quince años y las empresas deberán pagar un canon del 10% del total recaudado. Es una ley que replica los términos aprobados por la provincia de Buenos Aires bajo el gobierno de Vidal, y reglamentado bajo el mandato de Kicillof.

Se trata de un negociado supermillonario y de características mafiosas, donde salen ganando gobierno y capitalistas a costa del bolsillo y de la salud del pueblo trabajador, y en especial del sector más pobre. El control estatal es muy precario en las apuestas electrónicas y ello permite no solo pagar un canon inferior al correspondiente, sino que además se transforma en una instancia de lavado de dinero proveniente del narcotráfico y demás negocios ilegales. Para el gobierno es una fuente de ingresos fiscales, y una gran veta de coimas y negociados para los funcionarios.

Rápidamente ya se anotaron en la partida los mismos capitalistas que vienen regenteando el juego “físico” en la provincia y el electrónico en otros distritos. En primer lugar, esta Daniel Angellici, sucesor de Mauricio Macri en Boca Jrs. y operador judicial de Juntos por el Cambio; quien aparece como el impulsor principal de nueva legislación. También están anotados empresarios como Miguel Ángel Caruso, quien fuera investigado hace años por el asesinato del legislador Regino Maders en Córdoba, y por sus relaciones con el “Clan Ale” en Tucumán.

Lo escandaloso de la votación tuvo sus consecuencias políticas, especialmente dentro de Juntos por el Cambio que culminó la sesión con un nuevo fraccionamiento. Resulta que el proyecto original no fue presentado por el oficialismo sino por un grupo de cinco legisladores del bloque que compartían una parte de la UCR con el PRO, liderados por Orlando Arduh. Mauricio Macri en persona salió a respaldar el proyecto y la aprobación, mientras que desde otros sectores de la UCR y Luis Juez salieron a denunciar que los empresarios habían comprado con sobornos la aprobación de la ley. Arduh fue suspendido de la UCR y se espera que en los próximos días se fracture uno de los bloques de JxC en el parlamento provincial.

En la escalada fraccionista dentro de JxC jugó un papel predominante la Iglesia, que se opone históricamente al juego. Luis Juez extremó una posición “anti-juego” que no tuvo cuando Larreta y Vidal aprobaron hace años la misma ley que ahora se aprueba en Córdoba. Hay que recordar que Juez integró la lista de senadores de JxC con Carmen Álvarez Rivero, representante de la Iglesia y de los genocidas, que tiene como objetivo principal armar una nueva mayoría en el Congreso para derogar la ley de aborto legal.

Del mismo modo, los sectores ligados a la Iglesia dentro el oficialismo pegaron el faltazo, en especial el vicegobernador Manuel Calvo que se excusó de presidir, aduciendo que tenía “otras actividades en la agenda”. A su vez, el Viceintendente  de la Capital Daniel Passerini manifestó que en la ciudad el juego está prohibido y que el Concejo nada tiene que tratar.

Con los votos del PJ, de la UCR y del PRO; y con la oposición “moral” de la Iglesia y de sus parlamentarios, terminó aprobándose una nueva ley que traerá un aumento de la ludopatía entre la población trabajadora, como se ha comprobado en todos los casos anteriores, y un nuevo escenario para el lavado de dinero de las mafias. Esta ley es demostración cabal de la descomposición del sistema capitalista.

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