Pasado el primer mes del año, los números de la economía familiar son cada vez más preocupantes. Un relevamiento realizado en la provincia por el Centro de Almaceneros Autoservicios y Comerciantes Minoristas de Córdoba durante el pasado mes de enero, afirma que un 71,50% de las familias cordobesas debió recurrir a algún tipo de ayuda estatal para poder acceder a todos los elementos de la Canasta Básica Alimentaria (CBA), la cual delimita el umbral de la indigencia. El otro 28,50% pudo hacerlo con recursos propios y el 68,50% de las jefas y jefes de hogares consultados destinó durante enero de 2022 más del 50% del total de sus ingresos familiares a la compra de alimentos.

En este cuadro, la suba en los servicios públicos continuará afectando los ingresos de las familias trabajadoras. Al reciente tarifazo en el transporte hay que sumarle el agua, la luz y el gas. En tanto, otro estudio, en este caso del Instituto de Investigaciones Económicas (IIE) de la Bolsa de Comercio de Córdoba, advierte que los sueldos “perdieron la carrera” ante la nueva ley de alquileres. De acuerdo al mismo, un alquiler en la ciudad de Córdoba cuesta casi un tercio del salario promedio de un trabajador en blanco. En el caso de quienes se encuentran precarizados, la situación puede ser peor. Desde la entrada en vigencia de la nueva normativa, el precio de los alquileres acumuló una suba del 84,3%, superando así inclusive a la inflación en la provincia, que además también resultó mayor (80,9%) a la del año y medio previo a la ley (74,7%). De esta manera, se señala que “los salarios formales no pudieron seguir el ritmo de aumentos en los alquileres, limitando así el acceso a las viviendas en un contexto económico adverso”.

Lo que se desprende de ambos informes es la necesidad de frenar el ataque a los salarios, ampliamente consumidos por la inflación, así como revertir la falta de generación de puestos de trabajo. Para ello, el punto de partida inamovible de un verdadero programa de transformación social debe ser el repudio al pacto de ajuste del FMI y el pago de la deuda externa, a la que todos los que nos gobernaron y nos gobiernan se comprometieron religiosamente. Ello permitiría destinar el ahorro nacional a la creación de empleo genuino, así como a un plan de obras públicas y de construcción de viviendas y atender las demandas de conjunto de la población laboriosa.

La movilización del próximo 8 de febrero será una instancia clave para rechazar el acuerdo con el Fondo, que trae bajo el brazo más ajuste y licuación salarial. Será una jornada de lucha contra el pago de la ilegitima deuda externa que permite abrir un curso político reivindicativo de los trabajadores en defensa de sus condiciones de vida.