Cada día que pasa se hace más largo enumerar todo el daño al ambiente y a la salud que traerá  la construcción de la autovía Punilla. La obra se realiza al este de la ruta nacional 38 e implica la destrucción de 11 kilómetros de bosque nativo en zonas rojas de máxima protección, la degradación de una reserva natural y la remoción de tierra en un yacimiento de uranio (Rodolfo, una de las minas con mayor concentración de uranio del país), con la consecuente emanación de gases radioactivos. A esto hay que agregar el impacto en la biodiversidad y sobre el río Cosquín y el lago San Roque, lo que pone en riesgo aún más la salud del 70% de los habitantes de la ciudad de Córdoba que se proveen de agua del río y del lago.

Además, ya se ha denunciado que la obra estaría sobrevaluada un 900% por encima de los precios internacionales, algo a lo que el gobierno nos tiene acostumbrado (camino del Cuadrado, hotel de Ansenuza, etc). Es decir, un negociado a favor de la patria contratista.

El gobierno, al servicio de los especuladores inmobiliarios

Con la excusa de la necesaria ampliación de la ruta 38 el gobierno ha ampliado de manera significativa las tierras para la especulación y el negocio inmobiliario y para llevar adelante esta posición no ha titubeado en violar leyes ambientales y provocar un desastre ambiental y sanitario.

En lo social el resultado será un extraordinario incremento en el valor del suelo y alquileres en todas las localidades. Esto alejará aún más la posibilidad de alquilar o de adquirir un terreno o una casa a las familias trabajadoras de la zona.

No a la destrucción del bosque nativo.

No a la extracción de áridos en la Reserva Bamba.

Participación y control por los vecinos y las asambleas ambientales de cualquier obra de infraestructura para evitar los sobreprecios y la destrucción del ambiente.