Desde la banca del Frente de Izquierda que ocupa Eduardo Salas en la Legislatura cordobesa, hemos presentado un proyecto para citar al secretario de Previsión Social de la Provincia, quien también oficia como interventor de la Caja de Jubilaciones, para que rinda cuentas acerca de la situación financiera de la entidad. La citación se presenta luego de que el gobierno firmara con los docentes un acuerdo que implica una reducción de los aportes personales que llegará a un 3,5% en noviembre. Esta reducción se suma a la ya establecida para los estatales de un 2% y a la rebaja de las contribuciones patronales fijada por el decreto 1492 del año pasado. El proyecto demanda una explicación fundada acerca de cómo compensará el gobierno estas reducciones y cuál es el estado de las negociaciones con Nación.

 

Desde el gobierno provincial aducen que el déficit por la reducción de los aportes será compensado cuando el estado nacional envíe los fondos, pero este acuerdo fue prorrogado hasta junio y no es seguro que el gobierno reconozca la totalidad de la deuda. Lo que sí es seguro es que el gobierno nacional impone como condición la armonización completa del sistema previsional cordobés. Es decir, enterrar definitivamente el 82% y la movilidad jubilatoria.

 

Para presentar el proyecto hicimos una reunión en la que participaron los referentes de las organizaciones de jubilados más importantes de la provincia. Debatimos la necesidad de impulsar una campaña y un plan de lucha de los estatales, activos y pasivos, para enfrentar el ajuste previsional. El hecho es destacable, puesto que las conducciones sindicales de los gremios estatales han entregado este planteo y se limitan, en algunos casos, sólo a negociar las condiciones de la armonización.

 

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El gobierno de Juan Schiaretti está a todos luces desfinanciando la Caja; ha reducido los aportes y las contribuciones para adecuarlos al régimen nacional; firmó un acuerdo con Macri para llegar a una armonización completa del sistema previsional para 2020, pero a este paso, llegaremos antes. Cuenta para este plan con la venia de las directivas de los gremios estatales. Particularmente, del Sindicato de Empleados Públicos, cuyo secretario general José Pihén oficia también de legislador oficialista, y que acordó sin ninguna discusión el año pasado una rebaja de los aportes personales.

 

Ahora, algo similar ha establecido UEPC, el sindicato de los docentes, que firmó un acuerdo con el gobierno que entrega parte de los aportes personales a la Caja como parte del aumento salarial (llegará a 3,5% en noviembre). Pero la conducción de la UEPC  ha ido más lejos aún, puesto que ha formado una comisión con el gobierno para implementar conjuntamente la armonización previsional. La oficialista lista Celeste argumenta que con la armonización, los docentes sacarán ventaja, puesto que existe un régimen especial que aún sostiene el 82% para el cálculo del haber. Es una excusa que pretende encubrir su responsabilidad en la entrega de nuestros aportes, de nuestra Caja y de nuestra jubilación. La UEPC separa a los docentes del resto de los estatales y negocia con el gobierno un tratamiento diferencial que persigue una futura participación en las listas oficialistas. Además, con todo esto, los sindicatos han archivado el reclamo por la derogación de la ley 10333, ley provincial que roba un 11% del cálculo del haber jubilatorio. Y es lógico, puesto que su intervención sólo ha consistido en allanarle el camino a la armonización.

 

Conscientes de esta situación, resolvimos el lanzamiento inmediato de una campaña, entre activos y pasivos para enfrentar este ajuste previsional. Allí donde cerraron, los acuerdos salariales han impuesto nuevos ataques a la jubilación. Se impone como una necesidad la lucha por la defensa de la Caja y del 82% móvil, garantizado en la provincia por la ley 8024, que fue progresivamente diezmada. Por esto, convocamos a un plenario de trabajadores estatales aportantesa la Caja, activos y pasivos, para el próximo miércoles 17 de mayo, para debatir y resolver un plan de acción y de lucha para frenar la armonización, defender el 82% móvil y la jubilación provincial.