El gobierno de Juan Schiaretti arremete fuertemente contra el conjunto de los estatales. Inauguró su gestión recortando las jubilaciones provinciales, con la aprobación de la ley 10.333 que calcula el 82% sobre la remuneración una vez deducidos los descuentos de jubilación. En la misma sintonía que el gobierno nacional, comenzó el año recortando y resintiendo áreas centrales, como es el caso de 15 despidos en la Secretaría de Trata y 75 en el Ministerio de Desarrollo Social, entre muchos otros.

 

Frente a todos estos ataques, el sindicato mayoritario de estatales (SEP) no movió un dedo. Para desviar la presión que comenzaba a ejercerse desde las bases, el secretario general, José Pihen, decidió marchar contra los supermercados por la inflación. Legislador oficialista, Pihen rechazó y ninguneó todas las iniciativas promovidas por el Frente de Izquierda en la Legislatura para defender a los trabajadores. Pihen esperaba que la paritaria de la Unión de Educadores (UEPC) con la provincia impusiera un acuerdo miserable a los docentes del 25% en dos cuotas, para poder justificar un acuerdo similar entre los estatales, pero la maniobra no le salió: los docentes rechazaron en todas sus asambleas la propuesta de la burocracia y se lanzaron a la lucha.

 

Mientras el gobierno se “autodictaba” la conciliación obligatoria para los docentes, Pihen se apresuró y decidió arreglar un acuerdo ruinoso de un aumento de 2.000 pesos a partir de febrero y 700 pesos a partir del sueldo de julio. Esas sumas llevan a un achatamiento salarial y representan entre un 26 y 28% anualizado, que es aún menor porque se paga en dos cuotas. El anuncio del 42% en algunos casos es una impostura, se trata de los contratados que pasarán a cobrar un sueldo bruto de 8.367 pesos, una verdadera vergüenza. Del acuerdo se excluyó a los otros sindicatos que intervienen en el ámbito público, ATE y UTS (Salud) y nunca jamás fue tratado en ninguna asamblea de base.

 

Con el acuerdo, la burocracia de estatales pretendió evitar lo que sucede en docentes y trató de cortar la enorme tendencia a luchar de los trabajadores; pero consiguió lo contrario. De inmediato los hospitales se pronunciaron en contra, realizaron asambleas y se declararon en lucha por el aumento salarial. UTS rechazó el acuerdo, exige un 45% de aumento y definió un plan de acción que ya comenzó con asambleas y cortes en toda la provincia. ATE también rechazó. El martes 15 de marzo se desarrollaba una movilización provincial. La lucha por el salario empalma con la lucha contra los despidos que los trabajadores vienen desarrollando contra el gobierno y la burocracia sindical. Las trabajadoras de la Secretaría de Violencia ya lograron la reincorporación de la totalidad de las compañeras despedidas.

 

El viernes 11 de marzo, el gobierno envió la policía a reprimir al Ministerio de Desarrollo Social cuando los trabajadores se encontraban realizando una asamblea y algunos compañeros pretendían encadenarse. Hasta ahora, Schiaretti ha pasado el ajuste con la complicidad de la burocracia sindical que se niega a convocar las asambleas de base y emprender un plan de lucha. Frente a la superación de esa burocracia, prepara la represión.

 

La situación no da para más. Para obtener el 40% de aumento, derogar la ley 10.333, reincorporar los cientos de despedidos, y pasar a planta a todos los contratados, es necesario un plan de lucha, con asambleas en todas las reparticiones que voten un programa que unifique a todos los estatales y que marche a la asamblea general y la movilización provincial. La crítica y la superación de la burocracia sindical que se alinea con el ajuste de Schiaretti es central para garantizar el triunfo. Tribuna Estatal-Tribuna de Salud está empeñada en esta perspectiva.