En los últimos días una nueva movilización por el aumento del salario mínimo provocó una reacción antiprotesta. En ese sentido, el concejal por el PJ- Hacemos por Córdoba, Diego Casado, impulsa un proyecto para imponer multas que van desde los $60.000 hasta los 5 millones de pesos a las organizaciones sociales y sindicales. El Concejo Deliberante debe rechazar cualquier medida sancionatoria contra los reclamos sociales.

En declaraciones de prensa, el concejal Casado presentó su proyecto antihuelgas como una ampliación de sanciones por hechos cometidos en la vía pública por organizaciones civiles o sindicales. La posición del mencionado edil, reclamando mano dura contra la protesta social, no hacen más que ratificar la orientación represiva y antipopular del gobierno del PJ en la ciudad y la provincia.

No se trata de un exabrupto del concejal. Casado no ha hecho más que colocarse como portavoz de la posición oficial. Ponen el grito en el cielo por un corte de calle pero no los conmueve en lo más mínimo que seis de cada diez niños en nuestra ciudad no tengan un plato de comida todos los días. Vale señalar que muchas de las protestas realizadas en el último tiempo se deben a que el gobierno provincial del PJ incumplió acuerdos para sostener los comedores populares.

Los únicos responsables de esta situación están en el gobierno. Las crecientes movilizaciones de las organizaciones sociales que protagoniza el Polo Obrero, entre otras, son la consecuencia directa de la política de ajuste de los gobiernos, que hambrea a la población. Si verdaderamente quisieran resolver el problema de las protestas, deberías comenzar por atacar las raíces de las mismas y responder a la demanda de trabajo, salario y vivienda, motores hoy de las grandes movilizaciones piqueteras. En lugar de eso, el concejal reclama la aprobación de un proyecto para aumentar las multas y sanciones, en una línea fascistizante.

La criminalización del derecho a la protesta y el ataque al derecho a huelga son parte integral del gobierno de Martin Llaryora, quién incluso modificó el Estatuto Municipal para habilitar sanciones contra quienes osen reclamar derechos. Su posición se encuentra en plena sintonía con el giro derechista que ha adoptado el Ejecutivo Nacional, tras la asunción de Aníbal Fernández como Ministro de Seguridad, un declarado enemigo del movimiento piquetero, quien fuera responsable político del asesinato de Maximiliano Kosteki, Darío Santillán y de nuestro compañero Mariano Ferreyra.

Desde nuestra bancada rechazamos de plano este tipo de avanzadas que buscan cimentar un Estado represivo para aplicar el ajuste del FMI. Y es por esto que presentamos un proyecto de resolución que rechaza todo tipo de multas, sanciones o cualquier acción punitiva contra las organizaciones sociales, sindicales y populares que ganan las calles contra en defensa de sus condiciones de vida.