Desde la banca del Concejo Deliberante de la Ciudad de Córdoba, presenté un proyecto de resolución para instar al Departamento Ejecutivo Municipal a brindar información relativa al destino de los subsidios que reciben las empresas concesionarias del Sistema de Transporte Público de Pasajeros (TUP). También exigimos que se proceda al congelamiento del boleto mientras dure la emergencia en transporte.

El inminente paro de UTA pone nuevamente en agenda la profunda crisis por la que atraviesa TUP. Usuarixs y trabajadores del transporte somos presas de una disputa entre empresas, municipio y nación por la distribución de los subsidios. Se trata de una disputa que nada tiene que ver con garantizar un servicio eficiente, ni mucho menos dar cumplimiento de las pautas mínimas previstas en el Pliego de Licitación o el Marco Regulatorio. Se trata de un enfrentamiento patronal que amenaza con dejar en los próximos días a miles de personas sin transporte.

La FETAP exige un aumento del 100% de los subsidios municipales y provinciales, como así también un incremento superior de los subsidios nacionales. Argumentan para ello el quebranto de las empresas ante el alza en los insumos y los salarios de los choferes. El intendente Martín Llaryora se colocó como vocero de este planteo ante el gobierno nacional, respaldado por la iniciativa de la Senadora Alejandra Vigo que reclama un boleto federal.

Ahora bien, ni las empresas ni el municipio han brindado precisiones del destino de esos fondos estatales que vienen en ascenso en los últimos dos años. El punto es grave, porque los incrementos en los subsidios se dieron a la par de una reducción relativa de los salarios de los choferes (quienes hoy cuentan con un básico por debajo de la canasta familiar), una reducción de líneas y frecuencias y un notable deterioro del servicio en general.

Así las cosas, con el discurso del federalismo, el intendente actúa como CEO de Ersa, Coniferal y cía., en lugar de preservar el derecho de trabajadores y usuarios al acceso a un servicio esencial de calidad. Es notable el énfasis con que Llaryora reclama más subsidios, pero guarda silencio de tumba frente a los reiterados incumplimientos de los  mínimos de frecuencias y unidades fijados en el Pliego de Licitación y el Marco regulatorio, sin aplicar sanción alguna por ello.

Es claro que en el fondo de la cuestión se busca preservar los márgenes de ganancia extraordinarios que han tenido las concesionarias del transporte público en los últimos diez años. No se nos escapa que en la última década ERSA S.A. pasó de ser una pequeña concesionaria local a ser una empresa de transporte con alcance internacional. Este crecimiento empresarial tuvo como contra cara un deterioro creciente del servicio de transporte urbano y un ataque permanente a los salarios y condiciones laborales de sus trabajadores.

Queda claro entonces que la exigencia de mayores subsidios no tendrá su correlato en una mejora en la prestación del servicio. Esta presión por los subsidios tiene como telón de fondo preparar las condiciones para un nuevo aumento del boleto. De concretarse estaríamos ante otro golpe al bolsillo de trabajadores y usuarios, en un cuadro económico y social crítico. Vale recordar que en lo que va de la gestión de Hacemos Por Córdoba, el boleto ha concentrado un incremento superior al 100%, mientras las empresas reclaman un nuevo incremento del 57%.

Entendemos que antes de reclamar más fondos estatales lo que corresponde es que se rinda cuentas. En este sentido se inscribe el presente proyecto de resolución presentado por nuestra bancada. El mismo intima al DEM a brindar información relativa a los estados contables de las empresas, según lo previsto en los art. 92, 93 y 95 de la ordenanza N° 12076, como así también prevé el congelamiento del boleto mientras dure la emergencia en transporte.

Se trata de una medida de emergencia para blindar el bolsillo de las y los vecinos, como así también sentar las bases para avanzar en una reconfiguración del sistema de transporte en función de las necesidades sociales.

Para lograr una salida de fondo a una crisis cíclica, es claro que el transporte debe dejar de ser una fuente de lucro capitalista para un puñado de empresario amigos del gobierno de turno y debe empezar a considerarse como lo que es, un servicio esencial. El proyecto de ordenanza presentado por este bloque para la estatización del servicio bajo el control de trabajadores y usuarios es un aporte crucial en esta dirección.

Con estas presentaciones en el Concejo Deliberante llamamos a la máxima unidad de usuarixs y trabajadores del transporte para avanzar en un nuevo diseño del servicio en función de las necesidades de las mayorías trabajadoras, que parta de la base de defender el salarios y las condiciones laborales de sus trabajadores, como así también garantice el acceso al transporte de calidad a todas las barriadas populares de la ciudad.