El ejecutivo municipal cordobés, junto a concejales de la oposición como el radical Juan Negri, vienen realizando declaraciones para atacar el derecho a peticionar ante las autoridades. Así las cosas, en lugar de dar respuesta a los reclamos sociales, que crecen al calor de la crisis, apuntan a cercenar un derecho constitucional, y llegado el caso, reprimir la protesta social. Desde la banca del Frente de Izquierda en el Concejo Deliberante presentamos recientemente un proyecto de defensa de las libertades democráticas, a la vez que impulsamos a fondo los reclamos elementales de la población trabajadora, que viene pagando la crisis mediante ajustes y tarifazos.

En oposición a estos planteos reaccionarios, el mencionado proyecto establece que se debe garantizar “las libertades democráticas, tales como el derecho a peticionar ante las autoridades, de luchar, de huelga, de asociarse con fines útiles, de organización sindical, de defensa, a la no discriminación y toda otra libertad y/o derecho que haga que al más pleno desarrollo político, social y económico del pueblo trabajador”.

Además, entre los artículos del citado texto, también se prohíbe “toda resolución, disposición, normativa o reglamentación que busque sancionar, multar o restringir de cualquier manera el ejercicio del derecho legítimo a la protesta social”. Se prohíbe “toda medida, disposición, normativa o reglamentación que suprima y/o restrinja el acceso a la asistencia alimentaria, social y laboral a personas en situación de vulnerabilidad social, no pudiendo aplicarse ninguna multa y/o sanción que afecte planes socio-laborales, programas asistenciales, o programas sociales de cualquier tipo”.

Finalmente planteamos “la derogación del art. 154 del Código de Convivencia Ciudadana de la Ciudad de Córdoba, Ordenanza Nº 12.468, y toda reglamentación, disposición o resolución de orden municipal que atentara o contradiga el derecho a la protesta”.

El articulado establece una posición de conjunto en defensa del derecho a luchar. Esto es clave para rechazar el ajuste en función de cumplir con las metas del pacto con el FMI. De esta manera, en el Concejo de la Ciudad salimos al cruce de toda una orientación antiderechos. En ese sentido, el Concejo Deliberante, con el rechazo de la bancada del FIT, modificó el estatuto municipal para habilitar las sanciones contra las y los municipales que ejerzan su legítimo derecho a la protesta.

El “caos” lo promueve la @MuniCba y el @gobdecordoba con más precarización y ajuste sobre una población con el 60% de pobreza. Lo que vos reclamas es “mano dura” para los q’ luchan. Un ataque a las libertades democráticas y un acto de discriminación q’ desconoce la Constitución https://t.co/NNMIeWmEjT

— Cintia Frencia (@CintiaFrencia) March 29, 2022

Las presiones para avanzar en una línea reaccionaria y de avasallamiento de derechos se encuentran en plena sintonía con el giro derechista que ha emprendido el ejecutivo nacional tras las elecciones legislativas del año pasado, que se materializó con hechos políticos como la asunción de Aníbal Fernández en la cartera de Seguridad, un declarado enemigo del movimiento piquetero y quien fuera responsable político del asesinato de Kosteki y Santillán así como el encubridor de la policía que liberó la zona en el asesinato de nuestro compañero Mariano Ferreyra.

La política desarrollada por el concejal Negri, con el cual coincide el oficialismo, resulta a todas luces arbitraria, discriminatoria y promotora del odio a los sectores más empobrecidos de la sociedad. Asimismo, se desconocen abiertamente las libertades democráticas, tales como el derecho a peticionar ante las autoridades, de luchar, de huelga, de asociarse con fines útiles, de organización sindical, de defensa, a la no discriminación, que han sido garantizadas por la Constitución Nacional, por la Constitución Provincial y por Pactos y Tratados Internacionales. Es muy grave lo que está sucediendo, porque de esa forma se impulsa enormemente la represión estatal justo en momentos donde se acaba de cumplir un nuevo aniversario del golpe genocida de 1976.

Llamamos a la población trabajadora a rechazar toda orientación represiva, y apoyar las luchas en curso por el conjunto de reclamos elementales, como el aumento salarial o la creación de puestos de trabajo. Solo lxs trabajadores podemos darle una salida a esta crisis.

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