En consonancia con el rechazo realizado por la bancada del Frente de Izquierda en el Congreso de la Nación, la legisladora Soledad Díaz García presentó en Córdoba un proyecto que busca el repudio a la ley nacional que habilita la entrada de tropas extranjeras al país y la salida de fuerzas nacionales para participar en las acciones contempladas en el llamado “Programa de Ejercitaciones Combinadas” que lleva adelante Estados Unidos en el continente. 

La ley habilita la intromisión de 5.300 militares norteamericanos en territorio nacional, el mar territorial de la costa atlántica, la zona adyacente a las Islas Malvinas y los sectores antárticos, para desarrollar “ejercicios conjuntos” con 200 pertenecientes a tropas argentinas. Es decir, que las tropas argentinas solo sirven de taparrabos a la intromisión militar descomunal de Estados Unidos en el territorio y litoral marítimo argentino. Pero además, tiene por objetivo que las tropas argentinas  estén en condiciones de participar de misiones con fuerzas multinacionales de Naciones Unidas en el extranjero. Una aberración inadmisible a la luz de la represión, los crímenes masivos y las violaciones de niñas, perpetrados por tales misiones desde Haití hasta los Balcanes.

Al igual que la ley de sostenibilidad de la deuda externa usuraria, este acuerdo de violación a la soberanía nacional, implica un nuevo gesto de sumisión ante el imperialismo, los fondos financieros, el FMI y las potencias extranjeras.  Sin embargo, no se trata de  un giro en las políticas de este nuevo gobierno, por el contrario, es la continuidad de la orientación servil que asumió Cambiemos  durante su gobierno, pero también, la continuidad de una política de acercamiento a las fuerzas armadas que ya desarrolló en el pasado el propio Frente de Todos.

En efecto, Mauricio Macri y su Ministra de Seguridad Patricia Bullrich habilitaron la utilización de los militares en tareas de represión interna, pero anteriormente se había avanzado en la designación de César Milani al frente del Ejército, la sanción de la Ley Antiterrorista, e incluso en 2007 ya se había aprobado en el Congreso la entrada de tropas extranjeras y salida de las propias, para operaciones conjuntas con el imperialismo yanqui bajo el programa de idéntico nombre que el actual.

Por supuesto, al igual que todo el arco político patronal,  los diputados de Hacemos por Córdoba, sin grieta alguna, también contribuyeron con su voto a la aprobación de esta ley como garantía de pago de la deuda. No es extraño, en virtud de que los vencimientos de deuda de las provincias este año ascienden a 4.000 millones de dólares, y Córdoba se encuentra entre las más comprometidas del país, después de Provincia de Buenos Aires y Chubut, con vencimientos impagables en 2021. Solo para tener dimensión de la gravedad, el 95% de la deuda provincial es en dólares y al calor de las últimas devaluaciones la misma tuvo un crecimiento en 40 mil millones de pesos. 

La aprobación de esta ley es también la expresión de la política de represiva que aplica en la provincia el gobierno de Juan Schiaretti para descargar los costos de la crisis sobre los trabajadores,  como quedó demostrado en el reciente intento de desalojo con represión de los trabajadores de Molinos Minetti.   

La lucha por combatir el terrorismo, el narcotráfico y el contrabando como pantalla utilizada para avanzar sobre el  territorio nacional, y saquear recursos naturales no puede  ocultar la necesidad de la clase capitalista de afianzar el aparato represivo como recurso para aplacar las rebeliones que se levantan en nuestro continente, desde Puerto Rico a Chile, enfrentando las consecuencias de crisis capitalista.

Como quedó demostrado en el voto unánime de las fuerzas patronales, a excepción de los diputados del Frente de Izquierda, los gobiernos locales cipayos son los personeros de esas políticas y esos objetivos. Desde Frente de Izquierda nos pronunciamos dentro fuera y dentro del parlamento por la independencia política de los trabajadores para luchar contra el saqueo de nuestros recursos, el no pago de la deuda usuraria, la ruptura con el FMI y por la unidad socialista de Latinoamérica