A partir de este sábado a la medianoche rige un aumento del 29,73% en el transporte urbano de la ciudad de Córdoba. De esta manera, el incremento autorizado por la municipalidad es de $55, con lo cual el boleto pasó de los $185 a $240. La gestión de Martín  Llaryora se va dejando un nuevo golpe al bolsillo de lxs cordobeses.

Cabe recordar que las empresas de transporte habían solicitado un nuevo aumento, que constituye el cuarto en lo que va del año. Así las cosas, lxs cordobeses empezamos el 2023 pagando un boleto de $ 85, y en meses pasamos a abonar $ 155 más. Esto constituye un 182,35% de aumento en beneficio de las empresas, en el mismo periodo de tiempo lxs trabajadores no tuvieron la misma recomposición salarial.

El aumento venía sido pedido por las empresas, y como suele suceder, la municipalidad lo terminó aceptando, marcando una estrecha defensa de los intereses empresariales. Por supuesto que el oficialismo avala los incrementos realizando discursos contra el gobierno nacional por la inequidad en la distribución de los subsidios, puesto que en la zona del Amba se concentra la mayor parte de los mismos.

Cabe tener en cuenta que las empresas, además de recibir sucesivos aumentos de la tarifa, también reciben subsidios del gobierno de Córdoba, y de Nación, una caja que administran discrecionalmente, sin control por parte de trabajadores y usuarios, que son quienes sostienen un servicio cuyo precio no guarda relación con los ingresos populares.

Esta brecha entre el precio de los servicios y los ingresos populares se agiganta al ritmo de la inflación. Y para peor, la suba de combustibles y la devaluación del peso presionan todavía más para nuevas subas del boleto.

Ahora que reconocidos funcionarios del gobierno de la provincia saltaran al gabinete del presidente electo Javier Milei, el discurso tendiente a responsabilizar de los aumentos a Nacion resulta difícil de creer. En ese sentido, la posible designación del schiarettista Franco Mogetta al frente de la Secretaria de Transporte de la Nación deja en evidencia los intereses de clase de los funcionarios del cordobesismo.

La pelea discursiva entre el gobierno nacional y provincial siempre fue ajena a los intereses de lxs trabajadores, una pelea entre capitalistas de las que unos y otros se valen para imponer un sistema de transporte en el que solo se benefician empresarios parásitos  que viven de los subsidios del Estado.

En defensa del derecho al transporte, y en oposición a los planes de ajuste de quienes gobiernan, es necesario una intervención independiente desde el campo de lxs trabajadores.

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