Córdoba sigue total­mente paralizada. La pro­vincia está, de hecho, en una virtual cesación de pa­gos y también en un parate de su actividad pública y privada. La educación no funciona desde hace 2 me­ses, los hospitales sólo atienden las urgencias, la Justicia está trabajando al 20% de su capacidad. La si­tuación de los organismos estatales es la combinación de los paros de empleados públicos, docentes y equi­pos de salud ante las deu­das salariales del gobierno i todavía no han cobrado abril), y las quitas presu­puestarias que han llevado a un total estado de indi­gencia a los hospitales y es­cuelas, que han cortado la ayuda social (comedores es­colares, para jubilados, etc.). La obra social oficial (la más importante de la provincia, IPAM) está cor­tada como resultado de la falta de fondos, porque el gobierno no efectuó los aportes descontados a los trabajadores, algo similar ocurre con la Caja de Jubi­laciones provincial.

Pero a la situación esta­tal debe agregarse la activi­dad privada e industrial. Las industrias automotri­ces y autopartistas están suspendiendo personal (CLADEA por 11 días, IVE- CO por 15), en la industria del calzado se han presen­tado pedidos de quiebras por decenas, con los consiguientes despidos, el resto suspende. El parate tam­bién llegó a la construcción; la cavallista UOCRA de­nunció 2.0QG despidos en los últimos meses como re­sultado del desinfle del boom inmobiliario y del pa­rate de las obras públicas. El comercio minorista está en la lona. Este panorama se agrava en el interior pro­vincial: los municipios reci­bieron en estos días la pri­mera cuota de coparticipa­ción de marzo; esto repre­senta un golpe mortal para la actividad de innumera­bles pueblos, sobre todo los más pobres donde la activi­dad oficial representa el 80%.

A esta situación el go­bierno responde echando más leña al fuego. Ha inti­mado a los docentes (con amenazas de despidos y descuentos) a volver a cla­ses (con la complicidad de la burocracia), pretende au­mentar aún más los aportes obreros a la Caja de Jubila­ción y está por resolver un impuestazo sobre la pobla­ción trabajadora (impuesto inmobiliario, que ya repre­senta un mes más de alqui­ler al año). Mientras todos los recursos siguen desti­nándose al pago de los com­promisos internacionales de los bancos provinciales (recientemente 15 millones a un banco japonés), el gobierno está buscando crédi­tos caros y cortos para se­guir en esa línea.

La lucha popular, que es muy grande, se encuentra en una impasse por ausen­cia de una acción unitaria y común de todos los trabaja­dores (la tarea principal de la burocracia es justamente impedir esto); la formación de coordinadoras de pa­dres, alumnos y docentes, o la interhospitalaria, son una clara demostración de hacia dónde marchar: Paro general, coordinadora de base de delegados y activis­tas para resolver un plan de acción común.