Mestre logró diferir la explosión cordobesa, con la colaboración de la burocracia sindical, por un lado, y con una serie de maniobras, por el otro. Llegó a un acuerdo con la burocracia del SEP, con el que fracturó el frente sindical y logró el levantamiento del paro previsto para el momento en que la legislatura tratara la prorroga de la Ley de Emergencia; el resto de la burocracia condenó a Pihén, pero levantó el paro. Así Mestre hizo aprobar una nueva emergencia, que mantiene los descuentos a los jubilados y congela los salarios, con descuentos para los judiciales y los de la Das.

El acuerdo con Pihén (SEP) establece el básico de los empleados públicos en 348 pesos, reduce el porcentaje por antigüedad y modifica el cálculo para los días de vacaciones; instrumenta dos premios del 15% cada uno, por asistencia y productividad (?), establece la jornada “semanal” en 30 horas y un plus salarial para aquellas categorías que, por este acuerdo, cobrarán menos que en la actualidad para que sigan cobrando lo mismo. El acuerdo de Pihén deja los sueldos tal cual están, dependiendo de los premios un mayor salario para las categorías más bajas. Es esto lo que creó una confusión en la base del gremio en un primer momento. Aunque el acuerdo parece estar lejos de las pretensiones del Banco Mundial (básico de 200 pesos), lo cierto es que congela los sueldos al nivel de la emergencia.

El apuro del gobierno por obtener este acuerdo se encuadra en la necesidad de descomprimir la situación política provincial, que con el “estallido” del 4 amenazaba con salir de curso; por ello adoptó otra serie de medidas, como postergar el tratamiento del marco regulatorio de Epec (en principio para la semana entrante), retroceder con la reforma (anti)-educativa, etc. Según los medios periodísticos, Mestre fue impulsado por el gobierno nacional a adoptar rápidas medidas antes del 20 de diciembre, fecha en que Menem visitará Córdoba para la inauguración de la planta de Fiat en Ferreyra.

En ‘el apuro’, Mestre se autorizó un aumento salarial de 2.000 pesos, y los diputados y senadores se votaron uno igual, a la par que aprobaban la “Emergencia II”. Una verdadera provocación. El hecho generó una crisis de envergadura, que obligó al congreso provincial de la UCR a resolver que ningún legislador de ese partido debía recibir el aumento que ellos mismos se habían votado y que, de hacerlo, debía donarse para educación o salud. La ‘oposición’ justicialista o frepasista se rasgó las vestiduras (un diputado llegó a renunciar a su banca), pero permitió que el aumento se aprobara, cuando tenía todas las posibilidades de impedirlo.

A pesar de las maniobras, la situación está muy caldeada. En varias dependencias públicas comenzó a generarse una reacción contra el acuerdo de Pihén y a pedir directamente la cabeza del burócrata; los trabajadores de la salud están haciendo asambleas en los hospitales, los de la Dirección de Educación han cortado la calle frente a la dependencia; en Casa de Gobierno hay asambleas permanentes. Un plenario de activistas del Sep, convocado por la lista Violeta, resolvió impulsar el paro y la movilización a Ferreyra el próximo 20, cuando Menem venga a Córdoba, con la consigna Fuera Menem de Córdoba, Fuera Mestre. Judiciales y Luz y Fuerza votaron un paro activo también para ese día. Los trabajadores de Fiat están discutiendo tomar la fábrica ante el intento patronal de darles asueto el 20.

Como se ve, la situación cordobesa está muy caldeada. El gobierno debe recurrir a constantes maniobras y a la postergación de sus planes para no provocar una situación de lucha generalizada que, sin embargo, se vuelve a replantear permanentemente, como sucede ahora con la venida de Menem. El plenario de activistas y delegados está a la orden del día, para trazar un plan de los trabajadores e impulsarlo, superando así las maniobras y dilaciones de la burocracia.