El pasado martes 16 de julio familiares de lxs bebés fallecidxs en el Hospital Materno Neonatal de Córdoba se manifestaron en las puertas del nosocomio en el que se había montado un fuerte operativo policial. De la iniciativa participaron un centenar de personas, en su mayoría familiares directos de las víctimas, quienes realizaron un abrazo reclamando justicia y exigiéndole explicaciones a las autoridades.

Esta acción se desarrolló luego de la enorme repercusión que tuvo en los últimos días la causa judicial a cargo del fiscal de Instrucción Raúl Garzón, que investiga la muerte de cinco bebés sanxs en el Hospital Materno Neonatal Ramón Carrillo, entre marzo y junio pasado. A los que se le sumarían, a su vez, el fallecimiento de otrxs recién nacidxs que no tuvieron una recuperación favorable.

La mencionada convocatoria de familiares de las víctimas tuvo como eje central la denuncia al Ministerio de Salud de la provincia y el pedido de justicia. Así mismo, se señaló que si las autoridades no hubieran ocultado información se podrían haber evitado fallecimientos. Por otra parte, los presentes repudiaron la intención del gobierno de constituirse como querellantes al plantear que ellos son los primeros responsables y dejaron asentado que seguirán movilizados hasta que se determinen las responsabilidades y se dé a conocer la cadena de responsabilidades en los hechos, empezando por el ministro de Salud, Diego Cardozo.

Tras conocerse el horror de las cinco primeras víctimas, informadas en la causa, otros padres denunciaron casos similares. Además, también se informó que durante el 2021 hubo muertes de bebés en situaciones parecidas, que cabe tener en cuenta que no fueron investigadas. Hasta el momento la Justicia reconoce 12 casos.

El gobierno y el Poder Judicial

La gestión de Juan Schiaretti buscó acomodar los hechos en función de desligarse de las responsabilidades que le caben. En ese sentido, intentó presentarse como querellante en la causa. Sin embargo, el aparato de medios no logró instalar la posición oficial. Sucede que la operación fue cayéndose por su propio peso. Es que desde el ministerio que dirige Cardozo se reconoce que hubo fallecimientos desde marzo, y que los decesos no fueron denunciados. Solo se produjeron desplazamientos de personal e “investigaciones internas”, cuyas premisas se desconocen.

Cabe tener en cuenta que todo funcionario público tiene el deber de denunciar un presunto delito. Sin embargo, la gestión de Schiaretti no lo hizo, aun cuando el Código de Ética de la función publica lo señala expresamente en su artículo 31. Tenemos por lo tanto, en el “mejor de los casos”, funcionarios que desconocen el marco legal en el que tienen que hacerse cargo de cumplir sus tareas. Así las cosas, las sospechas de encubrimiento no tardaron en salir con fuerza. Además, la Justicia tampoco investigó de oficio.

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La fiscalía de Jorgelina Gutiez ya tenía a su cargo la investigación de dos bebés fallecidxs en el mismo hospital, desde hace dos meses, sin resultados a la vista. Una demora que costó más vidas. Ahora, el fiscal a cargo, Raúl Garzón, todavía no abrió una investigación sobre el accionar de los funcionarios del gobierno, ni tampoco produjo ninguna imputación.

Garzón es un fiscal cercano al poder político y judicial. Es necesario tener en cuenta que fue el funcionario que está dejando impune el atentado a la movilización popular contra el FMI, ocurrida el pasado 8 de febrero.

Justicia

La oposición patronal de Cambiemos montó un discurso de ocasión para intentar capitalizar políticamente la muerte de bebés en el Neonatal. Sin embargo, la verdad y la justicia se definirá en el terreno de la movilización popular, la única garantía de que los casos no queden impunes. Y más cuando el ministro Cardozo quedó impune tras el escándalo suscitado por el médico trucho, entre otros atentados a la salud e integridad de la población trabajadora, como por ejemplo la nefasta actuación represiva del COE, en la pandemia.

Desde el Partido Obrero acompañamos la acción y el pedido de justicia de las familias. Nos solidarizamos y comprometemos con la lucha contra el encubrimiento y la impunidad, y denunciamos la impostura del Estado provincial al querer constituirse como querellante cuando es el principal responsable de estos graves hechos. No hay que dejar de tener en cuenta que las muertes en el Neonatal se producen en un cuadro de precarización y desfinanciamiento de la salud pública en general.

Así mismo, rechazamos los ataques que el gobierno está desarrollando contra el personal de salud, que se desempeñan bajo condiciones de precarización y sobrecarga laboral desde hace años. Justicia por todas las víctimas, el Estado es responsable.

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