La Legislatura de Córdoba, en un trámite express, aprobó un endeudamiento por casi 2.000 millones de dólares.  Mientras se terminaba de aprobar, el intendente radical Ramón Mestre, en horas de la noche,  enviaba un proyecto al municipio capitalino para endeudar al municipio en 150 millones, también en moneda norteamericana, con la pretensión de tratarlo a la mañana siguiente (logró hacerlo un día después gracias a que quebró el bloque filo-K  del periodista Méndez).

Esta “fiebre endeudadora” fue explicada como resultado de la aprobación en diputados del acuerdo con los buitres.

A nivel provincial el gobierno piensa contraer, siempre en dólares,  una deuda de 800 millones para construir gasoductos troncales en diversos lugares del interior provincial; 500 para “otras” obras públicas y 600 para refinanciar el vencimiento de un bono que en 2017 requiere la friolera de 15.350 millones de pesos para ser cancelado. 

Se trata de una dolarización de la deuda a niveles casi totales. Córdoba, según el gobierno, tiene una deuda de alrededor de los 1.500 millones medida en dólares, que ahora llegaría a casi los 3000.

El debate sobre el financiamiento de los gasoductos y la toma de nueva deuda fueron tratados en forma conjunta, en principio para ocultar que se estaba refinanciando vieja deuda, la cual se arrastra desde la fusión de los bancos Social y Provincia y que permitió licuarles a los deudores más de 1000 millones de pesos –dólares de ese momento (1998).  El endeudamiento es presentado como una salida respaldada por la recaudación;  sin embargo,  ésta se encuentra condicionada por la caída de la actividad económica y la devaluación.

A pesar del operativo de maquillaje,  quedó expuesta una crisis de conjunto y sobre todo en torno a los gasoductos. La provincia se endeuda para pagarle a las empresas que ganaron la licitación, las cuales a su vez serán financiadas por los bancos de China y el ICBC, es  decir, doble financiamiento para una misma obra. Hubiera alcanzado con que el gobierno que toma el crédito desarrolle la obra por administración.

La dolarización para construir el gasoducto no se condice con las necesidades de la obra,  ya que aproximadamente el 70% de los insumos y la mano obra son nacionales y requieren pesos.  Lo mismo sucede con las “otras” obras públicas. Dólares para pagar en pesos  plantea una mayor emisión,  lo cual aceleraría el cuadro inflacionario; la dolarización es una garantía adicional para los bancos chinos que financian a las empresas chinas que ganaron el 65% de la obra junto  -en uno de los tramos- a Electroingeniería. El otro 35% lo ganó la empresa brasileña Odebrecht, cuyos directivos han ido a parar a la cárcel en su país, por sus corruptelas.  

Los gasoductos han servido también para destapar otra lucha intercapitalista. Fuera de la partida ha quedado Techint, ganada por el acero chino, que sobreabunda. El desplazamiento de Techint fue particularmente festejado por el gobierno de Juan Schiaretti, el cual,  en tanto representante de las automotrices,  se ha cobrado las imposiciones que los Rocca les metían como proveedores monopólicos de chapa.  Pero una mayor devaluación, requerida por Ratazzi de la Fiat y los industriales que han visto duplicado el gasto en electricidad, colocaría a Techint en carrera y haría entrar en crisis la obra. El acuerdo del macrismo (aliado a Techint) con Schiaretti podría terminar estallando como resultado de este enfrentamiento.

Es decir que todo podría terminar en una fuerte crisis política y sin gasoductos ni obra pública, pero con un crecimiento del 100% del endeudamiento en dólares, en medio de tendencias fuertemente devaluatorias; es un camino a la bancarrota.

La algarabía por la aprobación de diputados del acuerdo con los holdouts y la desesperación por salir a endeudarse cuando este acuerdo no está firme aún,  y cuando incluso después de firmado pueda provocar nuevos avatares (como por ejemplo quién maneja las comisiones y hace el negocio con los bonos) expresa una falta absoluta de alternativas al mismo. Los capitalistas están poniendo los huevos en una sola canasta,  mientras pretenden imponerle a las masas un ataque descomunal a sus condiciones de vida. El endeudamiento cordobés es la otra cara de la rebaja del 11% a los jubilados, del miserable 15% de aumento para los docentes y empleados públicos, de los despidos en la administración central, del aumento sideral de impuestos y tarifas. A esta pretensión la enfrenta la tenaz resistencia de los docentes y los trabajadores de la salud contra el gobierno y la burocracia sindical,  que pretenden que acepten un acuerdo paritario de miseria.

Nuestra intervención pone de manifiesto esta situación para impulsar la lucha de los trabajadores, su organización, la convocatoria a un congreso de delegados obreros y un programa de salida independiente de la burguesía y sus partidos.