Ernesto de Aragón a cargo de la fiscalía de instrucción del Distrito IV pidió elevar a juicio a 6 luchadores acusandolxs de “desobediencia a la autoridad e impedimento u obstrucción de transporte o servicios públicos”. Entre los imputadxs se encuentran Soledad Díaz y Emanuel Berardo dirigentes del Partido Obrero, también está implicado el dirigente de CTA Federico Giuliani, Agustín Nazar del MST, Roxana Carezano MTR (Votamos Luchar por el Cambio Social) y Marisa Cariddi de Libres del Sur.

Para la fiscalía “existió un plan, ejecutado por estos referentes, para producir cortes de manera deliberada e ilegal en diversas calles y rutas de acceso a la ciudad de Córdoba”, según publicó La Voz del Interior. Cabe tener en cuenta que mientras la defensa todavía no fue notificada, los medios se enteraron antes que lxs imputadxs, de acuerdo a un modus operandi de la Justicia provincial.

La causa denominada “Berardo y otros” empezó a raíz de una acción de lucha de la Unidad Piquetera, el pasado 5 de abril. Aragón les atribuye el delito de obstrucción de los medios de transporte público, cuando todo el transporte funcionó con normalidad, como viene ocurriendo desde hace muchos años en esta clase de manifestaciones. Se trata de una acción persecutoria de una justicia adicta al gobierno de Schiaretti.

Así las cosas, la posible elevación a juicio de luchadores populares forma parte de una escalada derechista en Córdoba que tiene al gobierno de Juan Schiaretti como eje de una persecución del poder político y judicial contra quienes se organizan para luchar contra el ajuste. En ese sentido, el accionar de Aragón se efectuó luego de que el Juzgado de Control de Faltas número 10, a cargo de Juan Manuel López, emitiera un fallo contra la movilización popular. Esta sentencia es inconstitucional, puesto que desconoce elementales garantías constitucionales.

De esta manera, cabe concluir que detrás de las imputaciones está directamente el gobierno de Schiaretti-Llaryora, que viene desplegando proyectos legislativos y fallos de jueces adictos, con los que pretende criminalizar a quienes ejercen el derecho a la protesta. La orientación represiva no es exclusiva de los Milei y Bulrich, sino que el conjunto de quienes gobiernan impulsan el avasallamiento de libertades democráticas.

Llamamos al pueblo trabajador, a las organizaciones sindicales, de DD.HH. y políticas a rechazar la criminalización de la protesta, es necesario el cierre de la causa Berardo y otros que es un tiro por elevación al conjunto del movimiento obrero y piquetero.  En esa perspectiva el próximo 9 de noviembre realizaremos una movilización a Plaza de Mayo y en las principales ciudades del país. Entre las principales consignas de la movilización se encuentra el pedido de absolución de César “Chino” Arakaki y Daniel Ruiz, a quienes la Justicia confirmó las condenas por supuesta lesiones a un policía en el marco de la rebelión contra la reforma jubilatoria impulsada por el macrismo en el 2017.

En este marco, en Córdoba el próximo jueves se realizará una reunión preliminar para realizar una gran marcha el 9 de noviembre contra la represión, la criminalización de la protesta, y en apoyo a lxs compañeros imputados. Cierre de las causas, luchar no es delito. Sera justicia.

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