La Unicameral de la Legislatura de Córdoba aprobó el apartamiento del ahora expresidente provisorio, Oscar González, a raíz de protagonizar un choque que le costó la vida a la docente Alejandra Bengoa, y graves heridas a menores de edad. La suspensión será sin goce de sueldo y contó con los votos de legisladores del PJ, la UCR y Encuentro Vecinal. Familiares de las víctimas del siniestro ocurrido en el camino de las Altas Cumbres pidieron la expulsión.

Según la resolución la medida rige “hasta tanto haya pronunciamiento de sentencia firme en las causas judiciales”. El PJ, en plena campaña electoral, tomó la medida para aminorar el costo político de un siniestro que impactó con dureza a una gestión provincial. Familiares de las víctimas denunciaron que la resolución tomada con González es “un acto de impunidad y de blindaje”.

Diferentes fuentes de comunicación afirman que la “suspensión” fue pactada por González y el gobierno provincial, una vez que el dirigente peronista de Traslasierra dejó en claro que no renunciaría y que “dejó entrever que si le soltaban la mano por completo se cargaba unos cuantos”, según publicó Perfil.

En ese cuadro, en la Comisión de Asuntos Constitucionales, dirigida por el legislador Juan Manuel Cid, que responde a Martín Llaryora, se terminó de dar forma a lo resuelto, bajo el argumento de que los legisladores no son jueces. La obviedad fue usada para intentar dar por cerrado otro capítulo de un funcionario judicializado.

Al mencionado suceso de gravedad hay que sumar la imputación del exministro de Salud, Diego Cardozo, en la causa que investiga la muerte de bebés en el Hospital Neonatal. También hay que tener en cuenta la renuncia de Nora Bedano al frente del área provincial de Cultura, acusada de corrupción. Además, el exministro de Seguridad, Alfonso Mosquera, fue eyectado del cargo al no poder seguir sosteniéndolo. Su actuación en el caso Blas Correa fue determinante. Así las cosas, Juan Schiaretti “limpió el gabinete”, lo que fue presentado como una restructuración para oxigenar la gestión provincial.

Sin embargo, al poco de andar sucedió el choque protagonizado por Oscar González. Hay que destacar que los cambios en el gabinete fueron precedidos por severas crisis que exponen un elevado grado de descomposición política.

El siniestro protagonizado por Oscar González destapó un régimen de privilegios, en el que legisladores del PJ, la UCR y el PRO manejaban autos de alta gama judicializados, y tanque lleno de combustible. El expresidente provisional de la legislatura manejaba un vehículo que tenía una patente clonada, no tenía los requisitos para obtener el carnet de conducir provincial y, según las pericias de parte, fue quien cruzó de carril en doble línea amarilla.

En este cuadro, lxs trabajadorxs de la salud protagonizan una rebelión por aumento salarial y mejores condiciones de trabajo. El gobierno, con el concurso de la burocracia sindical, fracasó una y otra vez en cerrar los reclamos. Es claro que asistimos a un gobierno que se va quedando sin recursos para imponer el ajuste en el salario, porque es un gobierno que se va fraccionando.

Para responder a los reclamos populares es necesario la unidad de lxs trabajadorxs ocupadxs, precarizadxs y desocupadxs. Sin dudas una acción de lucha independiente del conjunto de esas características sería un paso adelante en la ruta del paro provincial, y un plan de lucha, para derrotar el ajuste y abrir paso a un curso político y reivindicativo desde el campo de lxs trabajadorxs. Fuera los políticos capitalistas, abajo en régimen de privilegios.

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