A instancias de la presentación del proyecto de ley en defensa de la Caja de Jubilaciones de la Provincia de Córdoba realizada por la legisladora Soledad Díaz García del Partido Obrero en el Frente de Izquierda, se llevó a cabo una importante reunión en la legislatura provincial que preparó una campaña y sentó las bases para la lucha de los trabajadores y la población cordobesa para defender el régimen previsional. En la reunión estuvieron presentes referentes de las agrupaciones de jubilados que intervienen activamente en la provincia, entre ellas Ajupracor (Asociación de Jubilados Provinciales Autoconvocados de Córdoba), la agrupación Norma Pla y el Foro Solidario Córdoba, además del agrupamiento de Jubilados del Partido Obrero. También participaron en la reunión las agrupaciones de la Coordinadora Sindical Clasista, Tribuna Docente, la Fucsia del Suoem (municipales) y Tribuna de Salud, que nuclean a trabajadores aportantes.

Tal como establece el proyecto presentado, la reunión defendió un programa de los trabajadores para defender la Caja, clarificando la responsabilidad total de los sucesivos gobiernos en su vaciamiento, y resolvió un plan de trabajo y acción con recorridas y reuniones en los sindicatos y reparticiones, pronunciamientos de los gremios y organizaciones de jubilados y la convocatoria a una audiencia pública en la legislatura para llevar allí el programa de los trabajadores, jubilados y aportantes.

El déficit es del gobierno, la salida es de los trabajadores

El déficit de la Caja de Jubilaciones y Pensiones de la Provincia de Córdoba ha pasado a ser la coartada predilecta del gobierno y de todo el arco de oposición patronal para un nuevo ajuste jubilatorio y una catarata de verborragia demagógica. La Caja terminó con un rojo de más de 17 mil millones de pesos en 2019 y se prevé para 2020 un déficit cercano a los 30 mil millones. Tanto el gobierno de Mauricio Macri como el de Alberto Fernández incumplieron los pagos que, según los acuerdos del primero con el gobernador Schiaretti, le correspondía a la Nación para cubrir las dos terceras partes del déficit de la Caja provincial. Como resultado de ello, la Nación le debe a la Caja de Jubilaciones 3.307 millones de pesos. Todo apunta a que la condición para saldar esa deuda sería la de un acuerdo entre Fernández y Schiaretti, que encierra un nuevo y considerable ajuste contra las jubilaciones de la provincia. En la Casa de Gobierno en Córdoba se están discutiendo las variantes para una reforma jubilatoria, todas las cuales tienden a recortar sustancialmente el haber jubilatorio. Se habla de bajar al menos 6 puntos porcentuales y llevar la jubilación a 67% del salario, cuando hoy está en un 73% por la vigencia de la 10333, que es un robo que recorta un 11% al monto del cálculo y establece el 82% del 89%. Los trabajadores aportantes a la Caja y los jubilados dependientes de ella son en esto rehenes de un acuerdo que ni disimula ni juzga ni mucho menos suprime el saqueo, sino que lo profundiza y lo descarga sobre sus propias espaldas.

El oficialismo, que tiene mayoría automática en la Unicameral y que además es acompañado en muchas políticas por la oposición, demora este ajuste previsional solo por el rechazo popular que generará y por la reacción que despierta en el interior de los gremios, a pesar de la entrega de la burocracia. Para orientar esa lucha y prepararla con un programa y un plan de acción sirve el proyecto de ley presentado por Soledad Díaz García y en eso ha dado un gran paso esta reunión.

El gato como guardián de las sardinas

El conjunto de la oposición patronal se ha lanzado a agarrarse del déficit de la Caja para posicionarse y delimitarse del gobierno provincial. Pero su cháchara no sólo está lejos de atender los reclamos y los derechos previsionales de los trabajadores y jubilados, sino que además cada palabra los condena. El radicalismo es responsable de robos de larga data a las jubilaciones de los cordobeses, como la propia intervención en el año 95 y el inconstitucional decreto 1777 que ahora le baja línea a Schiaretti para un nuevo recorte. Juez, por su parte, sumó su palabra para exculpar a Macri y acusar que el problema de la Caja es la política. Ninguno atiende a que los verdaderos dueños de la Caja son los trabajadores aportantes y jubilados, porque de hacerlo les correspondería a todos hacerse a un lado y rendir cuentas por los 25 años de intervención de la Caja. Por su parte, el vecinalista García Elorrio suma una nueva línea de ajuste con la propuesta de suspender por tres años toda nueva jubilación. Es decir, en los hechos, un incremento de la edad jubilatoria. El planteo es tomado por el propio oficialismo puesto que se condice con sus planes y coloca la responsabilidad del déficit en los propios jubilados. Pero la responsabilidad del vaciamiento les cabe por entero a los sucesivos gobiernos que han mantenido la Caja intervenida bajo la órbita de las finanzas de la provincia y han especulado con sus fondos. Ahí es adonde hay que apuntar para atender el déficit y defender sin condiciones los derechos jubilatorios de los trabajadores de la provincia.

La burocracia sindical, por su parte, está completamente ausente del reclamo por defender la Caja y el régimen previsional. Su dependencia total con la política del gobierno le impide desarrollar cualquier planteo no ya de lucha sino al menos de defensa de la jubilación en la provincia. El SEP y la UEPC, de los gremios más numerosos y que cuentan con veedores sindicales en la Caja, han acompañado sin chistar la reducción de las contribuciones patronales (decreto 1492), a sabiendas de lo que ello significaba para el desfinanciamiento de la Caja. Han aceptado además recortes de los aportes personales como parte de sucesivos acuerdos salariales. O sea, el gobierno incrementó los salarios con plata de los propios trabajadores, desfinanciando la Caja de Jubilaciones y esto fue aceptado y votado por la burocracia sindical. Ni qué decir que el conjunto de las conducciones gremiales ha dejado pasar la ley 10333 y permiten que avance a largas zancadas el proceso de armonización previsional. Es necesaria una política independiente del gobierno, algo de lo que el conjunto de la burocracia carece, para derrotar ese ajuste jubilatorio.

La única salida es de los trabajadores

Para resolver el problema del déficit de la Caja y defender el 82% móvil y el régimen previsional de la provincia es necesario un programa de los trabajadores. Hay que ser claros en que al déficit lo inventaron los sucesivos gobiernos capitalistas que mantuvieron intervenida la Caja, violando su estatuto, y usaron sus fondos, los fondos que son de los trabajadores, para sus propias finanzas. Por eso al déficit lo tienen que pagar sus responsables, no los jubilados y trabajadores.

Los gobiernos han desfinanciado la Caja además reduciendo las contribuciones patronales (en algunos casos son hasta menores que los aportes personales de cada trabajador), incorporando sumas en negro no remunerativas a los salarios y promoviendo una gran cantidad de trabajo precarizado en la órbita provincial, como tercerizados, contratados o monotributistas. Con este fraude laboral, el gobierno evade entre otras cosas los aportes a la Caja y promueve su desfinanciamiento. A esto hay que sumar la vigencia de jubilaciones de privilegio que corresponden exclusivamente a funcionarios del estado, entre ellos gobernadores, jueces, legisladores y comisarios. Pretenden ahora que a esa sangría la paguen los trabajadores con un nuevo ajuste jubilatorio.

Un programa de los trabajadores para defender la Caja y las jubilaciones debe partir de clarificar las responsabilidades y proteger a los jubilados y aportantes a la Caja. Así, hay que restablecer las contribuciones patronales a no menos del 25% de la remuneración bruta del trabajador, incluyendo allí todo lo que corresponda a sumas en negro o no remunerativas del salario. Es necesario establecer contribuciones patronales y derechos jubilatorios irrenunciables también para el conjunto de los trabajadores que la propia provincia o entidades del Estado precarizan, como monotributistas, contratados, etc. Se deben eliminar las jubilaciones de privilegio de los jueces y funcionarios del Estado. Y como garantía de todo esto y del 82% móvil, hay que terminar con la intervención de la Caja y normalizarla con un directorio electo por los propios trabajadores.

Este programa está plasmado en el proyecto de ley presentado por la legisladora Soledad Díaz García del Frente de Izquierda y los Trabajadores, que tiene la virtud de marcar un norte y armar a los trabajadores para salir a la lucha por la defensa de sus aportes, del 82% móvil y de todos y cada uno de sus derechos previsionales. Franco Bockwoski