El negocio de la recolección de residuos en la ciudad de Córdoba ha entrado en una nueva etapa de crisis. El contrato de concesión se encuentra actualmente en manos de la empresa Cliba (grupo Roggio) y está a punto de vencer la enésima prórroga. Roggio embolsa el 10% del presupuesto municipal por este servicio.

El municipio había llamado a una licitación internacional con pliegos armados a la medida de Cliba, pero dividiendo el negocio en dos empresas; la otra que se presentó es Covelia, vinculada con Pablo Moyano. Con un presupuesto oficial de 192 millones de pesos, las empresas cotizaron una cifra cercana a los 300 millones, lo que obligó al gobierno a declarar la licitación desierta.

Ante el vencimiento de la prórroga del contrato y la licitación desierta, Roggio amenazó con abandonar el servicio y despedir a más de mil trabajadores. Los compañeros declararon el paro por tiempo indeterminado e instalaron un “aguante” frente al palacio municipal, acompañados por los camiones recolectores de Cliba.

Mientras la basura se amontonaba en las esquinas de Córdoba, el reclamo de los Roggio era el pago de una deuda usuraria de 80 millones de pesos y el cumplimiento en término del canon mensual.

El intendente Giacomino respondió con el envío al Concejo Deliberante de un proyecto de creación de una empresa municipal de recolección.

Después de tres días de conflicto, el contrato de Cliba tuvo una nueva prórroga. Los trabajadores mantienen su continuidad laboral y Roggio cobrará su deuda (con financiamiento de la nación) y el canon en término.

Una empresa municipal trucha

La creación de la empresa municipal estaba muy lejos de constituir una estatización del servicio; era, más bien, la cobertura de un acuerdo con Cliba. La empresa municipal se haría cargo de la recolección en la zona norte de la ciudad y del enterramiento sanitario, mientras Cliba lo haría en la zona sur y en el centro de la ciudad. Roggio se quedará con el 60% del servicio que hoy presta, pero por la misma plata. Para la prestación del servicio por parte de la empresa municipal, el Grupo Roggio aportará parte de su infraestructura.

Giacomino fue incapaz de enfrentar el chantaje de Roggio, que podría haberse resuelto con la municipalización integral del servicio, la confiscación de toda la infraestructura de Cliba para poner inmediatamente en funcionamiento el servicio, bajo el control de los trabajadores, garantizando de esta manera la totalidad de los puestos de trabajo.

Roggio y el kirchnerismo pusieron a los trabajadores y vecinos en riesgo laboral y ambiental. En medio de una crisis mundial sin precedentes, la única salida puede provenir de los trabajadores y su programa.