Hace una semana, el secretario de seguridad de la provincia renunció luego de denunciar en la justicia a su padre (un histórico puntero del PJ del cual fue socio toda su vida) por un video que lo ligaría al narcotráfico y la prostitución. 

Lejos de cerrarse con esta renuncia, la crisis abierta por este hecho ha adquirido un alcance mayor. Y supera por lejos a la lucha entre mafias por el control de los negocios que aporta la droga y la trata, para convertirse en una crisis política que involucra no solo al PJ sino también a Cambiemos.

Por empezar, aparecieron nuevas denuncias. En estas horas el último jefe de la policía del ex gobernador José Manuel De la Sota –Suárez, un hombre con gran peso en la policía- fue detenido por haber huido luego de matar a una persona en un accidente de tránsito. La cúpula actual de la policía también aparece golpeada por otras denuncias (faltantes de armas) lo que parece apuntar a un descabezamiento de la fuerza y a un golpe al propio Schiaretti.

La Unión Cívica Radical apareció rápidamente jugando un papel activo, sobre todo el mestrismo, lo que fue visto como una respuesta a la propaganda del gobierno de la provincia por las obras que hizo en la ciudad que gobierna el propio Ramón Mestre. Incluso la UCR sacó un comunicado denunciando la “descomposición” imperante por el narcotráfico, lo que adjudica a los 19 años de gobierno del PJ. A su vez, éste respondió con un comunicado similar, denunciando la “descomposición” en la ciudad como resultado del “abandono” del gobierno municipal y describiendo una realidad por todos conocida.

Carrió entra en escena

Lo que parecía un adelantamiento de la puja electoral por la gobernación (Mestre pretende ser el candidato de Cambiemos con resistencia de sus propios socios e incluso de otros sectores de su partido, como el presidente del bloque de Cambiemos en diputados, Mario Negri) y el presagio de una campaña “sucia”, cobró dimensión con una gira de Carrió por Córdoba. 

No solo se metió en la interna de la UCR, en apoyo a Negri. Además, amenazó a Schiaretti, señalando que si no apoyaba el ajuste del gobierno nacional acordado con el FMI y su expresión en el presupuesto 2019, no habría plata para obras públicas en Córdoba. Ello obligó al gobierno provincial, a través de la diputada y esposa del gobernador, Alejandra Vigo, a acusarla de que había venido a Córdoba “chantajear”. Carrió redobló la apuesta y terminó incluso denunciando al intendente de La Calera (un hombre de Schiaretti) en la justicia por “enriquecimiento ilícito”, incluyendo a otros funcionarios y ex funcionarios del PJ. Todo esto, combinado con reuniones con sectores empresarios tanto del campo como de la industria. De ese modo, buscó “trabajarle” la base social al PJ, justo cuando el schiarettismo ha empezado a marcar distancia del gobierno nacional -del cual era un aliado de primer orden. Schiaretti se puso a la cabeza de las principales medidas de Macri, como el acuerdo con los buitres, el Consenso Fiscal con el consiguiente robo a los jubilados y el apoyo a la reforma laboral negrera. En compensación, Cambiemos le votó el presupuesto provincial 2018 y acompañó todas las medidas fundamentales de Schiaretti como la rebaja a las jubilaciones provinciales y el endeudamiento enorme en dólares, entre otras. 

Ahora la crisis que sacude al gobierno nacional ha provocado un alejamiento. Schiaretti condiciona la negociación del presupuesto y el apoyo al plan de ajuste a que éste recaiga también sobre la Ciudad y la Provincia de Buenos Aires. Plantea que la Nación se desligue de Aysa, Edenor y Edesur, así como de servicios de Justicia y que recaigan sobre los distritos dirigidos por la “mesa chica” del macrismo: Larreta y Vidal. 

La virulencia de las acusaciones indica que la “negociación con los gobernadores” por el presupuesto no tiene una salida clara. Por eso Carrió especula en gobernar con el “presupuesto 2018” y torpedea un acuerdo más general con el PJ. En definitiva, la crisis en Córdoba es la confirmación de la crisis de conjunto. 

Independencia política para derrotar el ajuste

Estamos ante una pelea entre ajustadores que pretende arrastrar a los trabajadores y la población golpeada por el ajuste tras una de las dos variantes. 

Por empezar el kirchnerismo (cristinismo) que decía que no había posibilidades de un acuerdo con Schiaretti en la última sesión de la Unicameral votó el proyecto del PJ reclamando que el “ajuste” sea equitativo, es decir, que haya ajuste pero que los trabajadores de CABA y Buenos Aires paguen más. 

Esta política se trasmite en la acción cotidiana. A pesar de las declamaciones a favor de los trabajadores de Luz y Fuerza por el conflicto que tienen como resultado de las pretendidas modificaciones al convenio, en el marco de vaciar y privatizar la Epec (ver artículo), los gremios más ligados al kirchnerismo no sacan los pies del plato: bajo la batuta del delasotista José Pihén (secretario general de la CGT oficial) han dejado a Luz y Fuerza aislada, además de mantener a sus gremios paralizados frente a la ofensiva general contra los trabajadores. 

Nuestra política es denunciar que la pelea entre el PJ y Cambiemos es parte del plan de guerra que sostienen ambos (Macri y los gobernadores) al cual llamamos a derrotar con la acción directa de los trabajadores. 

Esta crisis entre los ajustadores y del régimen de conjunto es una oportunidad para una intervención de los trabajadores con un programa propio, por el salario y las jubilaciones, por la reapertura de las paritarias, contra los despidos y la reforma laboral, etc.) y una salida -el no pago de la deuda externa, la nacionalización de los recursos naturales, de la banca y del comercio exterior. Es también una oportunidad para quebrar el ataque a los trabajadores de la Epec, defender su convenio e impedir el vaciamiento de la empresa. Sobre esta base estamos impulsando la lucha, la convocatoria a un gran plenario obrero y ponemos en marcha las resoluciones del Plenario de Lanús. Así lo hicimos el pasado 12.