Cuando apenas se empiezan a conocer algunos detalles sobre el acuerdo del gobierno con el Fondo Monetario Internacional queda expuesta la intención de avanzar en una nueva reforma jubilatoria, bajo el eufemismo de aportar a la “sustentabilidad” del sistema. Más allá de la verborragia que lo niega, lo cierto es que se apunta a aumentar la edad jubilatoria y a atacar los regímenes especiales, dos objetivos que los gobiernos han tenido presentes hace tiempo y que se acelerarían con este acuerdo.

En Córdoba, el déficit de la Caja, que ha servido en oportunidades anteriores como el argumento para sucesivos ajustes contra los jubilados, se potencia en el marco del compromiso del Estado nacional con el organismo financiero de reducir el déficit fiscal, lo que restringe sus giros a la provincia. El teatro de disputas políticas entre los gobiernos de Juan Schiaretti y de Alberto Fernández no hace más que exponer una coincidencia profunda: ambos precisan y por lo tanto promueven una nueva reforma previsional que ataque aún más los derechos de trabajadores activos y jubilados.

El gobierno nacional se ampara en la ausencia del Presupuesto 2022 (que los representantes de Schiaretti en el Congreso no votaron) para congelar el envío de fondos a la provincia destinados a cubrir el déficit de la Caja de Jubilaciones. El propio Schiaretti acordó en su momento con el gobierno de Macri esta cobertura a cambio de avanzar en la “adecuación” del sistema con el régimen nacional, lo que significó la reducción de las contribuciones patronales, la desaparición lisa y llana del aporte extraordinario realizado por los trabajadores al fondo complementario y el recorte en los haberes previsionales, efectuado por vía de la modificación de la forma de cálculo (promedio de los últimos 10 años) y la postergación en el cobro de los aumentos. Esta reforma quedó establecida en la ley 10.694 que Schiaretti aprobó en 2020 en plena pandemia ya bajo la presidencia de Fernández.

En los números de este año 2022, el gobierno de Córdoba prevé para la Caja un déficit de $33.888 millones, de los cuales la Nación solo cubrirá $12.865 millones, es decir, el mismo monto del año pasado, sin actualización; alrededor de un 58% menos de lo presupuestado por la provincia. Lo que falta será cubierto por un nuevo ajuste contra el régimen jubilatorio por vía de acoplar el sistema provincial a la reforma que a nivel nacional exige el FMI. En términos concretos, por un lado el aumento de la edad, que la jubilación provincial ya tiene armonizada con el régimen nacional y por lo tanto su modificación repercutirá en el ámbito de Córdoba y afectará a los trabajadores en actividad que postergarán su horizonte de retiro y multiplicarán sus años de aportes. Y por otro lado, la virtual liquidación de los regímenes especiales, que afectará fuertemente a los docentes, cuya jubilación en la provincia se viene armonizando en algunos puntos (por ejemplo, otra vez, la edad) con el régimen docente de la ley 24.016.

La Caja de Jubilaciones, Pensiones y Retiros de la Provincia de Córdoba se encuentra intervenida desde hace años, sin participación de los trabajadores. El propio gobierno de Schiaretti la ha desfinanciado reduciendo contribuciones patronales (decreto 1492/16) y robando de un plumazo los aportes extraordinarios de los trabajadores. A su vez, el propio gobierno promueve el déficit con la proliferación en las dependencias tanto de la provincia como de municipios de trabajo precarizado, en negro y a través de monotributo, que no aporta a la Caja provincial. Con este vaciamiento promovido por el propio gobierno no hay “sustentabilidad” posible.

El reclamo por la derogación de la 10.694 y la exigencia del 82% móvil para los jubilados provinciales están más que vigentes en la agenda de reivindicaciones de los trabajadores. Pero se deben completar con la denuncia del nuevo ajuste que preparan y en el que objetivamente coinciden tanto el gobierno nacional como el provincial, bajo la venia y el mando del FMI. La burocracia sindical de la provincia dice rechazar en los papeles la ley 10.694, pero lo cierto es que el titular de la CGT Regional, siendo legislador oficialista en el momento de su sanción, se apuró a jubilarse antes de que salga la ley, en vez de preparar con anticipación a los trabajadores para enfrentarla.

Por su parte, el sindicato docente Uepc afirma que los docentes cordobeses tienen la peor jubilación del país porque la 10.694 les birla el 82% y difiere el pago de los aumentos. Pero promueven por su parte la armonización con el régimen docente nacional, cuestionado por los acuerdos con el Fondo Monetario. La política de la Uepc y de toda la burocracia deja presa a la docencia de una nueva reforma que tanto a nivel nacional como provincial afectará a la edad jubilatoria y al régimen previsional. Para enfrentar estos ataques, no se puede optar por apoyar a un gobierno u otro en sus bicicletas y sus mutuos ajustes de cuentas. Ninguna burocracia integrada políticamente a los intereses del gobierno es capaz de enfrentar la 10.694 y defender realmente el 82% móvil como un derecho sin condicionamientos de los trabajadores.

La derogación de la 10.694 y el rechazo a una nueva reforma antijubilatoria no vienen de la mano del apoyo al gobierno kirchnerista ni de una burocracia sindical integrada y sometida al estado, sino del frente de lucha independiente de trabajadores activos y jubilados. En ese sentido, el pasado jueves 24 se realizó un plenario de la Coordinadora de Jubilados que resolvió un curso de acción para enfrentar esta avanzada; una sentada en Colón y General Paz el 16 de marzo a las 18 horas, y, durante todo el 2022, realizar una ronda por mes en la Plaza San Martín.

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