Este 2 de agosto, con más de dos meses de atraso, los ocho sindicatos que representan a las trabajadoras del personal doméstico de casas particulares de todo país –incluido el SINPECAF, de Córdoba– cerraron ante el Ministerio de Trabajo la paritaria salarial de este año. En la misma línea de lo que viene ocurriendo con otros gremios, la pauta cerró con una suba del 25%, en cuatro cuotas a pagarse un 12% en julio, 5% en septiembre, 5% en diciembre y 3% finalmente en marzo de 2019. Además se incluyó una cláusula de revisión del acuerdo recién para el mes de marzo del año próximo. Actualmente una empleada doméstica percibe $8.837 mensuales por 48 horas semanales para un mismo empleador, y en caso de no superar las 20 horas semanales, apenas $71,50 por hora. A todas luces el aumento, además de dilatado en el tiempo, resulta irrisorio.

Días antes de la paritaria surgió en Córdoba un reagrupamiento de empleadas domésticas auto convocadas, que sostuvo marchas para denunciar el trabajo en negro y la explotación laboral que enfrentan, así como la denuncia al sindicato y al gobierno por sus responsabilidades en perpetuar esta situación.

En efecto, a cuatro años de aprobada la Ley 26.844 de “Régimen Especial de Contrato de Trabajo para Trabajadoras de Casas Particulares”, que el kirchnerismo vendió como una ampliación de derechos, las condiciones de trabajo no han variado en absoluto. En un informe divulgado en marzo de este año, el Ministerio de Trabajo de la Nación reconoció que sólo 475.000 trabajadoras se encuentran registradas sobre un total de 1.200.000 (39%). En Córdoba la situación es aún peor: según el ministro de Trabajo de la provincia, Omar Sereno, de 110 mil trabajadoras, apenas el 22% se encuentra registrado, es decir sin obra social, aportes jubilatorios, garantías laborales y protección a la maternidad, ni ART.

Las cifras no sólo reflejan la extendida informalidad en el sector, sino también el fracaso de los mecanismos propuestos para incentivar la registración, entre ellos, la deducción del salario y las contribuciones de seguridad social del impuesto a las Ganancias, y la presunción de contratación en hogares de activos e ingresos elevados. Del mismo modo la “Constancia Única de Personal de Casas de Familia” implementada en Córdoba en julio del año pasado, consistente en obligar a los empleadores a realizar mes a mes una declaración jurada por internet de los alcances de la relación laboral bajo apercibimiento de aplicar intimaciones y multas, en nada incidió en la real situación laboral que afrontan las trabajadoras.

Lo cierto es que una de cada dos trabajadoras del mercado informal se emplea en el servicio doméstico, constituyendo un rubro donde el 98% son mujeres, en muchos casos jefas de hogar, cuyos salarios de miseria obligan a la propia trabajadora a optar por no ser regularizada, ya que si percibe una Asignación Universal por Hijo o cualquier otro plan social, el beneficio social se cae automáticamente con la registración. La realidad no deja otra opción que el trabajo en negro.

En el mejor de los casos, aun existiendo registración, no se respetan las categorías laborales, siendo la más extendida la 5ta categoría con el salario más bajo correspondiente únicamente a tareas de limpieza y actividades típicas del hogar. Tampoco perciben el ítem viáticos y han sido excluidas de sistema de fondo de desempleo, pese a la alta rotación existente en la rama. En definitiva, junto con el del peón rural, las empleadas domésticas ocupan el lugar más postergado en los derechos laborales y sociales.

En medio de una rebelión de mujeres que recorre el país con alcance internacional, la movilización de las empleadas domésticas se inscribe en ese escenario, colocando la lucha por los derechos de las mujeres trabajadoras en un lugar central e inobjetable.

Desde el Plenario de Trabajadoras apoyamos la lucha de las empleadas domésticas de la provincia por el 40% del aumento salarial, la plena registración, el fondo de desempleo, el cumplimiento de las garantías laborales, y cada una de sus reivindicaciones. Asimismo señalamos la necesidad de nutrir su lucha con la fuerza de todo el movimiento de mujeres, a partir de un programa que ponga sobre el tapete la exigencia al Estado de guarderías públicas en los lugares de trabajo y estudio, la extensión de licencias maternales y paternales, los beneficios por nacimiento y enfermedad y de la cobertura de cuidados de personas mayores, y el establecimiento de lavanderías y comedores comunitarios, orientadas a la socialización de las tareas domésticas.

El pronunciamiento de la asamblea Ni Una Menos y la ovación que recibieron las compañeras en el festival del 1 de agosto por el aborto legal, por parte de una multitud constatan que se abre paso la hora de la mujer trabajadora.