El ministro de Desarrollo Social de Córdoba, Juan Carlos Massei, en una exposición que concretó de manera remota ante la Comisión de Derechos Humanos de la Legislatura provincial, actualizó la información ofrecida en su anterior informe en junio. En la ocasión, hizo hincapié en el aporte de la Nación y su trabajo mancomunado para paliar la crisis. “Hemos podido sostener a los sectores más vulnerables de la sociedad”, resaltó el funcionario. Sin embargo, todos los índices económicos marcan que pobreza e indigencia en Córdoba se agravaron.

El ministro actualizó la información ofrecida en su anterior comparecencia en junio, como si fuera un mero trámite administrativo, sin plantear ninguna salida al problema. Aun cuando la pobreza, según los organismos oficiales de la provincia, se ubicó en 42,5%, lo que equivaldría a unas 708.000 personas. Este dato da cuenta de un incremento de 5,5 puntos porcentuales respecto al primer semestre de 2019 y de 4,5 puntos sobre el segundo semestre de ese mismo año. Claramente la política social es insuficiente.

Lo único que el ministro planteó como “salida” son los programas nacionales como el “Potenciar Trabajo” que exigen una contraprestación en tareas como la construcción en la obra pública por $9.450, es decir 52.5 dólares mensuales (al dólar blue, según su cotización al 20/10) cuando la línea de la pobreza está en los $47.216; y por debajo de la línea de la indigencia que se encuentra en $19.430. Es claro que Massei no planteó ninguna salida real, cuando hay una profundización de la miseria social en la provincia.

Claramente, las cifras brindadas por la Dirección de Estadísticas y Censos de Córdoba muestran que la situación de la provincia, al igual que la del resto del país, es muy grave. Puesto que en un proceso inflacionario donde el dólar no para de subir de igual manera continúan subiendo los índices de pobreza e indigencia. A un tipo de cambio libre de un dólar a $180 pesos, el salario mínimo vital y móvil vale apenas 105 dólares, es el más bajo de la región.

Mientras la provincia se encuentra en esta situación, el gobernador Juan Schiaretti continúa pagando deudas en dólares y negociando en el mismo sentido que lo hizo Fernández a nivel nacional. Es decir entregando los recursos al servicio de la usura internacional y a los negociados de los grandes capitales locales, en desmedro del conjunto de la población trabajadora, con salarios de hambre y cada vez más empobrecida.

Es necesario romper la tregua de las burocracias sindicales y piqueteras con los gobiernos ajustadores, y abrir paso a una intervención independiente, sobre la base de un programa con el que se rechace el pago a los especuladores internacionales, se aumenten los salarios, y se dé asistencia inmediata a las familias que lo necesiten. Además, es necesario poner en marcha un plan de obras públicas de construcción de viviendas con salarios de convenio, para responder a la creciente desocupación y al déficit habitacional. No podemos ser los trabajadores los que paguemos esta crisis social y sanitaria.

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