El intendente de la capital cordobesa y candidato a gobernador por el PJ, Martín Llaryora, defendió al efectivo de la Bonaerense, Lucas Mallea, que disparó varias veces por la espalda y sin dar previamente la voz de alto a una persona en situación de robo, el pasado 21 de mayo en Las Rejas, provincia de Buenos Aires. En relación al caso, se posicionó a favor del acusado de homicidio y afirmó que “necesitamos recomponer la autoridad policial y por eso acompaño el accionar de este policía”.

Con sus declaraciones, convalidó una ejecución a sangre fría, que fue falsamente presentada como un acto de defensa propia. De esta manera, el candidato del PJ se coloca por fuera de las garantías legales más básicas. Esto es así, esencialmente, porque deja de lado que no existe la pena de muerte.

Además, los uniformados se han convertido en parte del problema de la inseguridad. En ese sentido, se pueden citar las dolorosas pruebas de los sucesivos casos de gatillo fácil en la provincia: Blas Correa, Joaquín Paredes, que dan cuenta de un aparato represivo descompuesto.
El candidato del PJ afirmó a diferentes medios de comunicación, además, que hay que “avanzar con policías municipales”. E incluso aseguró: “también considero necesario que la fuerza policial empiece a usar armas no letales”. Llaryora propone el uso de las pistolas eléctricas Taser, al igual que el funcionario kirchnerista Sergio Berni. Pero empoderar a la policía con armas de tortura tampoco es salida.

El funcionario deja de lado que la policía es parte de una cadena delictiva que hunde sus raíces en la descomposición social, entrelazada con las usinas delictivas del narcotráfico, la trata, las bandas de poliladrones, y los desarmaderos de autos.
Propone empoderar a la Policía en una gestión que lleva más de 20 años en funciones, con una orientación política que no resuelve el problema de la inseguridad.

Cabe recordar que el gobernador Juan Schiaretti limpió del gabinete al ex ministro de Seguridad, Alfonso Mosquera, por su vinculación con el caso de Blas Correa. El suceso fue parte de una sucesión de crisis políticas que tienen ex funcionarios judicializados, como el ex ministro de Salud, Diego Cardozo.

Al mencionar el problema de la inseguridad ciudadana, en plena campaña electoral, Llaryora apunta a quitarle un eje de campaña a la oposición patronal de Luis Juez, que también viene haciendo campaña con la cuestión de la inseguridad. Cabe tener en cuenta que el PJ incorporó a fracciones de la UCR y el PRO a su armado electoral. Ahora también apunta a sacarle totalmente la propuesta electoral en favor del aparato represivo.

Con todo, la incorporación de más policías, el incremento de cada vez más presupuesto para el aparato represivo no resuelve el problema. Cada vez las fuerzas de (in)seguridad cuentan con más fondos, pero el delito organizado crece.

Criminalización

Las declaraciones de Llaryora se dan en el marco de una escalada represiva en Córdoba. La imputación de luchadores populares contra el ajuste, entre ellxs Soledad Díaz y Emanuel Berardo, es una expresión del panorama mencionado.

El gobierno de Schiaretti persigue al movimiento piquetero con su justicia adicta. En ese sentido debe leerse el fallo fascistoide emitido por el magistrado Juan Manuel López, que considera el derecho a la protesta como una tiranía.

Una salida

La inseguridad es responsabilidad de todos quienes gobernaron. Con sus declaraciones, el candidato del PJ cordobés cerró filas del lado de la política derechista, lo que da cuenta que también en materia de seguridad tienen el mismo programa.

Lo que corresponde es desmantelar el aparato represivo, y poner en su lugar una fuerza de seguridad ciudadana de nuevo tipo, no represiva, bajo control de organizaciones de Derechos Humanos. Esto junto a la elección popular de jueces y fiscales, forma parte de un programa integral para dar un principio de salida al problema de la inseguridad.

Así las cosas, cabe concluir que para enfrentar el delito organizado, como el narcotráfico, también hay que encarar medidas de fondo como la nacionalización del sistema bancario, para evitar el lavado de activos. Medidas como esta solo las plantea el Frente de Izquierda, el resto de los políticos capitalistas siguen repitiendo un discurso que fracasó en los hechos a la hora de terminar con usinas generadoras de delitos.

La policía no es la víctima del delito sino la victimaria. El delito organizado crece y tiene a las fuerzas de (in)seguridad como un engranaje clave. Vamos por el desmantelamiento del aparato represivo, basta de gatillo fácil, fuera los políticos capitalistas.