Nuevamente las declaraciones en una radio local del secretario de Gobierno de la Municipalidad de Córdoba, Miguel Siciliano, pretenden montar una provocación basada en la mentira para enfrentar a los trabajadores municipales de la ciudad con los vecinos y justificar de ese modo la contratación de abogados monotributistas que reemplacen las tareas y funciones que desempeñan los inspectores de control de la vía pública.

La maniobra de Sicilliano no es nueva. Se inscribe en el ataque que el mismo Llaryora llevó adelante desde que inició esta gestión y que pretende colocar a los trabajadores como responsables de la crisis municipal y del conflicto que llevan adelante en reclamo por la sanción de la ordenanza que afecta su salario y condiciones de trabajo. Plantea por un lado presentar a los municipales incumpliendo sus tareas y por otro al municipio garantizándolas a través de los promotores de convivencia monotributistas.

Resoluciones para entender por dónde viene la mano

En la resolución 241 del 18 de mayo, la Secretaría General de la Municipalidad procedió al recorte de horas y a la modificación de los turnos de trabajo de la Secretaría de Fiscalización y Control, recortando el horario (1 hora) y eliminando un turno (feriante), amparándose en la ordenanza 13.033 (del recorte). En ella se reserva la posibilidad de “establecer modalidades u horarios especiales, teniendo en cuenta la naturaleza de los servicios que en cada caso se prestan”. En plena cuarentena, el municipio no solamente recorta salarios sino que además modifica las condiciones de trabajo de los empleados, violando todas las leyes laborales –no solo el DNU presidencial.

Mientras tanto la Subsecretaría de Fiscalización y Control emitió una resolución el 4 de junio (003) convocando a los inspectores a cumplir tareas a partir del lunes 8 y llevar adelante “los operativos de control de los protocolos dispuestos por el COE”. Hasta este lunes, las reparticiones no esenciales estuvieron afectadas al receso administrativo que establecía la no concurrencia a los lugares de trabajo, pero ante la convocatoria por resolución se presentaron en la repartición y encontraron la imposibilidad de acceder a la marcación para registrar el ingreso, por orden de los funcionarios. No obstante, fueron convocados a una reunión ese mismo día lunes, donde se les informó verbalmente los cambios de horario y de función establecidos por la resolución, sin precisiones que permitieran conocer quiénes harían el trabajo que hasta aquí desarrollaban los inspectores de la vía pública.

Por su parte, y en una mentira evidente, Siciliano declaró ante una emisora local que la tarea fue desarrollada por los promotores de convivencia y algunos inspectores, dado que muchos de los convocados no se presentaron ni en el lugar ni en el horario en que habían sido citados, porque estarían desarrollando medidas de fuerza gremiales. “No vamos a permitir que el Suoem pare el municipio”, declaró.

Los trabajadores recurrieron a un escribano para certificar que se habían presentado en sus horarios y lugares habituales y explicitaron a través de su delegado: “no estamos de paro. No hay medidas de fuerza. Nos solidarizamos con los comerciantes porque sabemos que han pasado por un problema porque no han podido abrir sus puertas; (…) queremos estar con ellos, queremos trabajar y cumplir con nuestra función”.

Una salida de conjunto para todas las reparticiones municipales

La situación planteada por los inspectores de la vía pública expresa claramente que la cuarentena es el contexto del que se vale la gestión para proceder al ataque a las condiciones de trabajo y al salario de los municipales. Para superar este ataque necesitamos no solo llevar adelante medidas judiciales y administrativas, sino un plan de lucha de conjunto de todas las reparticiones para poner un freno al avance del ejecutivo sobre nuestros derechos laborales. Reclamemos a nuestro sindicato esta medida.