La tregua “episcopal” tramada por la burocracia de los gremios estatales (obras sanitarias, docentes, empleados públicos) con Menem y Angeloz, ha hecho agua en pocos días como consecuencia de la feroz presión de las bases de esos gremios y, en particular, del plenario de delegados del sindicato de empleados públicos (SEP). La feroz tentativa de la burocracia por estrangular el movimiento de lucha quedó demostrada, cuando levantó un paro activo democráticamente votado para el jueves 29 pasado, y cuando hizo lo mismo con el que se había votado para el martes 4. La política de los burócratas consistía en darle al gobierno todo el tiempo necesario para conseguir un crédito internacional y, a partir de ahí, establecer un “cronograma de pagos” que, al estilo de Massaccesi y la burocracia sindical de Río Negro, autorizara atrasos de más de un mes en los pagos y postergara indefinidamente el abono del medio aguinaldo. Dentro de la “tregua” estaba prevista la promulgación de la ley de emergencia, que permite al gobierno cancelar los salarios con bonos.

Repudio a la burocracia

El 30 de junio, un plenario abierto de activistas de los diferentes gremios estatales había votado impulsar un paro activo para el martes 4 y “rechazar (la) nueva maniobra del gobierno nacional, provincial y la Iglesia intentando desmovilizar a los trabajadores para aplicar la política de privatizaciones, no pagar los sueldos, despedir y encubrir la corrupción” y “repudiar al Secretariado de la Coordinadora de Estatales por el levantamiento inconsulto del paro… claudicación que los convirtió en garantes y voceros de este nuevo intento de estafa”. Es indudable que esta clara delimitación con la política y los dirigentes de la burocracia sindical, jugó un papel importante cuando esa burocracia pretendió prolongar la “tregua” a toda la semana que está en curso.

De acuerdo a lo que informan los compañeros de Córdoba, la resolución del plenario abierto tuvo una considerable influencia en el plenario de delegados del SEP que se reunió el lunes 3. En la burocracia “había una actitud inclinada a la prudencia”, informaba La Nación del domingo 2, cuando ya se sabía que el famoso préstamo internacional era, hasta ese momento, un “verso”. Sin embargo, aclaraba el burócrata al periodista, “hay margen (para esperar), pero no mucho”. Que ese margen era más estrecho todavía lo pudo experimentar el burócrata en el plenario de empleados públicos, cuando los delegados mocionaron un repudio a la “tregua” de la burocracia y la ratificación del paro para el martes.

La burocracia llama a la policía

Esta situación obligó a la burocracia de los gremios estatales a alterar su política y aceptar la realización de un paro general, pero rodeado de normas de control político y policial. En relación a lo primero, la burocracia de la UEPC (docentes) decidió, por su cuenta, sin convocar a los delegados, que el paro fuera de 24 horas para que las movilizaciones no arrancaran de las escuelas. Bazán, de Obras Sanitarias, por su lado, “armó” un plenario que le ratificara su política de “tregua”. En lo relativo a lo policial, Grahovac (UEPC) y Sánchez (SEP) declararon que la marcha “estará férreamente custodiada por cuerpos de seguridad de los sindicatos que actuarán en acuerdo con la policía” y que “no se permitirá el volanteo de los partidos de izquierda”. La burocracia sindical se atreve a tomar una medida proscriptiva que ni el gobierno nacional ha osado a sugerir siquiera en ningún momento. Lo que estos burócratas no dicen es cómo esperan que la regimentación y el control burocrático-policial impidan la promulgación de la ley de emergencia que, constitucionalmente, entrará en vigencia el próximo viernes.

Crisis política

Lo que, de todos modos, la burocracia no puede evitar, es que el paro tenga lugar en el momento de mayor crisis política en la provincia, donde a la falta de plata y de pagos, se suma ahora la prisión del principal “operador” de Angeloz, Jaime Pompas, presidente del Banco Social durante 11 años, y el procesamiento de un diputado electo, de la Juventud Radical, por manejo fraudulento de fondos. La división de la UCR se ha acentuado, como lo pone de manifiesto la declaración del intendente electo, Martí, que pertenece a la fracción del gobernador electo, Mestre, según la cual “el contrato Angeloz-Córdoba se fracturó”. Todos los diarios del país han recogido, el martes 4, la especie de que Corach, el ministro del Interior, ya habría arreglado una asunción anticipada del mando por parte de Mestre.

Lo que agudiza todavía más la crisis política es la creciente crisis industrial, ya que hay miles de mecánicos suspendidos y son inminentes miles de despidos en el Area Material Córdoba. La privatización del AMC responde a una compra de aviones a los Estados Unidos, que deberán ser reparados en Argentina, luego que Estados Unidos rechazó la posibilidad de comprar aviones Pucará, fabricados en Argentina. Es decir que los despidos responden a una política de des-industrialización y de incremento del gasto más parasitario —el gasto en armamento. Víctor De Gennaro, responsable del total inmovilismo sindical en el AMC, declaró que si la “reconversión” que va a ejecutar la concesionaria Lockheed “es racional, no debería haber despidos”. Con una frase, el burócrata “combativo” da por superado el problema y, por sobre todo, su responsabilidad.

Estudiantes

En lo que se refiere al movimiento estudiantil, ha comenzado otra fractura de Franja Morada, a partir del reclamo del Centro de Química para que la FUC se incorpore a las movilizaciones contra el proyecto de ley de enseñanza superior. Si ese Centro une a sus palabras los hechos, una parte del estudiantado