El Defensor del Pueblo de la provincia de Córdoba, Mario Decara, presentó en la Unicameral dos proyectos de reforma al Código Procesal Penal. La propuesta pretende reformar del artículo 302 para regular el cese de los efectos del delito de usurpación, e incorporar como facultad expresa conferida legislativamente a los fiscales de instrucción la restitución preventiva y provisoria del inmueble, es decir que los faculta a proceder a desalojar sin que se llegue a una instancia de juicio y sentencia firme.

Cabe tener en cuenta que el artículo 302 del Código menciona que la investigación penal preparatoria deberá impedir que el delito cometido produzca consecuencias ulteriores y reunir las pruebas útiles para dar base a la acusación (355) o determinar el sobreseimiento (350).

Según las declaraciones que realizó en los medios de comunicación locales, Mario Decara entiende que “el déficit habitacional en la Argentina es un problema innegable que actualmente afecta a, aproximadamente, un tercio de la población”, y que “hay un conflicto de intereses entre el derecho a la vivienda y el derecho a la propiedad privada, ambos derechos humanos básicos”.

Como se ve, el defensor del Pueblo pone en el mismo plano a una familia trabajadora sin vivienda y a un especulador inmobiliario que mantiene cientos de hectáreas ociosas hasta tanto suban su valor. Decara deja muy en claro qué intereses defiende, el de un sector minoritario contra el conjunto del pueblo trabajador.

Con este tipo de proyectos el “Defensor del Pueblo” queda totalmente expuesto. No debe continuar en el cargo, que detenta por tercer mandato consecutivo -con lo que cumpliría 15 años al frente del organismo. A lo largo de más de una década, el dirigente radical y empresario hotelero ha dejado pasar ataques contra el pueblo trabajador, entre ellos la represión a quienes se organizan por la tierra y la vivienda.

Además, Decara nada dice al respecto de que quienes se apropian de cientos de hectáreas en las ciudades-dormitorio del gran Córdoba para construir countries, sin ningún tipo de penalidad por parte del Estado, son por el contrario premiados con cambios de uso del suelo y habilitaciones de sus emprendimientos, con los servicios que salen de los impuestos que el conjunto del pueblo paga.

A los capitalistas inmobiliarios los premian con rutas y obras que colaboran a la puesta en valor de sus terrenos, para las cuales la provincia toma deuda en dólares que los trabajadores cordobeses pagamos con ajuste a la educación y la salud, sin ver ningún beneficio.

Es fundamental resolver el problema de la tierra y la vivienda en favor de las familias trabajadoras, creando un banco de tierras, que cuente con todas las tierras disponibles para construcción de viviendas, y un plan de obra pública que genere puestos de trabajo genuino y de solución a la desocupación.

Se trata de un planteo elemental para solucionar los miles de puestos de trabajo que se han perdido en la construcción, y a la vez responder a la falta de vivienda. En esa perspectiva, el Polo Obrero desarrolla una labor de organización bajo la estratégica consigna “tierra para los trabajadores, no para los especuladores”.